ESTRUCTURA TERRITORIAL DEL ESTADO

El día 28 de este mes se va a celebrar un debate sobre la Estructura territorial de España, organizado por la Fundación Caja de Extremadura y por esta misma Fundación (FUNDCERI). Participarán el Profesor Santiago Muñoz Machado (como ponente) y Felipe González (Expresidente del Gobierno), Mª Dolores de Cospedal (Presidenta de Castilla-La Mancha y Secretaria General del PP), Miguel Roca (Exdiputado de CiU y ponente de la Constitución) y Miguel Herrero Rodríguez de Miñón (Consejero de Estado, Exdiputado de UCD y ponente de la Constitución). Se trata de intentar producir un documento final que pudiera servir de base para el debate que sobre el Estado tienen la obligación de realizar las fuerzas políticas parlamentarias y la llamada sociedad civil.

Trato en este escrito de dar mi opinión al respecto:

1.- Las autonomías españolas no son un instrumento para la corrupción, como tampoco lo es la abogacía, la judicatura, el periodismo, la empresa o la medicina. En todas partes pueden surgir miembros de esas actividades que se corrompan, pero a nadie se le ocurre pedir la disolución de cada una de ellas porque algunos de sus componentes prostituyan el ejercicio de su profesión. De igual forma, no hay que terminar con las Autonomías sino con los corruptos. Y eso sólo está en manos de los ciudadanos, en su condición de electores, en los partidos políticos, en los medios de comunicación y en la judicatura.

2.- El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Extremadura supone un gasto total de 4.790,9 millones de euros; para realizar ese gasto, y la correspondiente política de ingresos, se utilizan 12, 6 millones de euros, es decir, el 0,26% del presupuesto en Altos Cargos y personal eventual de confianza. ¿Dónde está el despilfarro en los cargos públicos?

3.- La Constitución Española de 1978 nos ha posibilitado la convivencia en común durante 35 años. Esa convivencia fue la consecuencia del Pacto que se articuló entre las fuerzas políticas de entonces (derecha procedente de la dictadura o en los aledaños de la misma; izquierda clandestina y nacionalistas vascos y catalanes).

Se trató de un acuerdo doble: apuesta por el pluralismo democrático y apuesta por la descentralización y el reconocimiento de la diversidad.

El camino al pluralismo fue una apuesta segura. Se trataba de pasar de la condición de súbditos a la de ciudadanos. Las Elecciones Generales de 1977 situaron a cada cual en el lugar que quisieron los ciudadanos.

El camino hacia la descentralización y el reconocimiento de la diversidad fue una apuesta arriesgada. ¿Fue una novedad o un levantamiento del freno de mano que el nacionalismo español había puesto sistemáticamente a los hechos diferenciales de determinados territorios periféricos? La historia nos aclara que esos hechos singulares llevan siglos presentes en nuestro país, por lo que la Constitución lo que hizo no fue un invento sino un reconocimiento de algo que ya existía.

Y hoy, España, con ese reconocimiento, es más uniforme y menos diferente que la que existía cuando vivíamos en una España “Una, Grande y Libre”. Cuando la Constitución reconoce y ampara los hechos diferenciales y la diversidad, es cuando más se ha producido un fenómeno de igualación entre españoles y entre territorios. Nunca antes habíamos sido tan iguales desde el punto de vista económico, cultural, social y político como ahora. Basta con ponerse en la puerta de cualquier escuela de cualquier parte de España para comprobarlo. Hoy, un pueblo es igual que una ciudad pero con menos atascos, menos sucursales bancarias, menos notarios y menos miseria.

El Pacto que posibilitó la pluralidad, la diversidad y la descentralización se basó en renuncias mutuas en post de conseguir un común denominador que nos permitiera vivir juntos en paz y libremente. La derecha de entonces renunció a seguir manteniendo un sistema autoritario y apostó por la democracia. La izquierda renunció al radicalismo, a la república, al marxismo y a la ruptura, apostando por la reforma y por la democracia de corte occidental. Los nacionalistas periféricos renunciaron a la independencia a cambio del reconocimiento del autogobierno, de sus diversidades y hechos diferenciales.

Las recientes reformas de algunos Estatutos de Autonomía y el anuncio del gobierno catalán de iniciar un proceso que les conduzca a la independencia, indican que hasta aquí hemos llegado. La respuesta no puede ser otra que volver a sentarse para articular un nuevo Pacto que nos posibilite seguir conviviendo, otros treinta y cinco años, con el objetivo de volver a construir un gran país, que es la mejor herencia que los españoles pueden dejar a sus hijos.

¿Cuál fue el éxito del anterior Pacto? El poder central cedía competencias a los territorios y la suma no se neutralizaba, sino que fortaleciendo a los territorios se fortalecía ese poder central, interna y externamente. Las partes se fortalecían y el conjunto también.

Ahora, por el contrario hemos entrado en una fase donde, como consecuencia de la aprobación de las reformas estatutarias, las partes adquirían nuevas competencias, fortaleciéndose aparentemente, pero debilitando la capacidad del poder central. Debilitando al conjunto, las partes no son más fuertes, sino más débiles.

El Poder central no puede ni debe ceder competencias a las partes que debiliten la Representación, la Cohesión y la Coordinación que deben permanecer en manos y bajo la responsabilidad del Gobierno central, que no puede dejar de responsabilizarse de la suerte de cualquier ciudadano español, viva donde viva.

Por el conocimiento que tienen algunos de los intervinientes en este debate y por las responsabilidades que tienen atribuidas otros, creo que merece la pena haber dedicado un tiempo a sentar en una misma mesa a los intervinientes para que conozcamos de primera mano sus pensamientos, sus propuestas y sus límites en la configuración del Estado.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra.