¿Qué buscan?

La secesión no se sostiene en la simple voluntad de separarse, sino en ausencia de democracia o injusticia. Si hay democracia, no cabe la secesión. Más exactamente, la secesión hace imposible la democracia: si yo me marcho porque no me gusta lo que todos hemos decidido entre todos, no hay decisión verdaderamente democrática. Levantar una frontera entre conciudadanos, hacerlos extranjeros, reducir la comunidad de derechos, de justicia y democracia, supone una vuelta a los tiempos oscuros.

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La mentira del plurinacionalismo

La mentira del plurinacionalismoNadie puede obligarme a creer en lo que no creo. Y mucho menos a defender aquello que me parece contrario a mis principios. Soy militante socialista y, por lo tanto, defensor de un proyecto político que se ampara en la libertad, la democracia y la igualdad. En consecuencia, no se puede ser nacionalista y de izquierdas. Son muchos los que sacan a pasear su orgullo por sentirse ciudadanos de tal o cual territorio. Nadie elige el sitio para nacer; nadie, en consecuencia, puede sentirse orgulloso de aquello en lo que no colaboró mínimamente para conseguirlo. Sí es cierto que si se nace en España, en Alemania, en Suecia o en Francia, se tienen posibilidades en el plano familiar, educacional, sanitario, religioso, etc., que no se tienen si ese nacimiento se lleva a cabo en Etiopía o en cualquiera de los países donde la libertad brilla por su ausencia y la miseria acompaña a la mayoría de los habitantes de esos territorios para el resto de sus vidas. Si la izquierda defiende que todos los seres humanos, por el mero hecho de serlo, tienen que tener las mismas oportunidades independientemente de la familia en la que te tocó nacer, no se entiende que algunos, que se autocalifican de izquierdas, defiendan las fronteras para establecer diferencias entre unos ciudadanos y otros. Un nacionalista entiende que si has nacido en un territorio determinado, tienes derechos que les están vetados a otros que no nacieron en el mismo sitio. Un nacionalista catalán piensa que un andaluz o un extremeño poseen menos recursos que los catalanes porque son menos inteligentes, más vagos o menos preparados para el trabajo. Un militante de izquierdas sabe que las diferencias entre ciudadanos no vienen marcadas por su tipología sino por las fronteras que arbitrariamente se han establecido a lo largo de la historia. Sigue leyendo

Los trileros

Mientras la oposición y los medios de comunicación preguntan y discuten sobre qué hacer con la secesión, ellos pueden ir capeando el temporal que se les ha venido encima

 

Suceso imprevistoCualquier sistema político que se califique como democrático mantiene la separación entre los diferentes poderes del Estado. Cuando uno de ellos trata de interferir en los otros, la democracia se resiente y los ciudadanos parecen mostrarse inermes ante esa invasión. En España no siempre se cumple ese dogma de separación de poderes. En ocasiones, tenemos la sensación de que el Ejecutivo abarca más competencias de las que tiene atribuidas constitucionalmente inmiscuyéndose descarada o subrepticiamente en el Poder Legislativo o en el Judicial. Por ejemplo, los andaluces recuerdan muy bien cómo algunos miembros del Poder Judicial andaluz se hacían visibles cuando la Junta de Andalucía o el Gobierno de España convocaban elecciones autonómicas, generales o locales. Sigue leyendo

¡Que hablen los mudos!

Foto: EFE
En las páginas 68 y ss. del documento que Podemos envió al PSOE para su debate y aprobación, y que lleva por título UN PAÍS PARA LA GENTE. Bases políticas para un Gobierno estable y con garantías, puede leerse lo siguiente: “El Gobierno del cambio debe empezar por el reconocimiento previo y especifico de las diversas realidades nacionales, para poder abordar después el modelo territorial”. “Se debe entender España como país de países”. “La Constitución vigente solo reconoce a una nación – la española- y mantiene en una posición subalterna a otras naciones que conviven en el Estado”. Para ese menester, los redactores del documento piden la “modificación del artículo 2 de la Constitución española, para que se comprometa a reconocer y respetar la realidad plurinacional y de comunidades políticas que conforman España”.
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Ahora, todo está claro

El Parlamento catalán eligió a un presidente golpista el pasado 10 de enero. Su elección es la consecuencia de lo establecido en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por mucho que la CUP pretenda justificar su voto argumentando que ellos no han votado por un presidente autonómico, sino por un presidente de la República provisional catalana, las palabras de la presidenta del Parlamento catalán al proclamar presidente al Sr. Puigdemont diciendo que “mañana se dará cuenta de esa elección al Rey Felipe VI”, revelan claramente que lo que se eligió fue un presidente autonómico y no otra cosa. En consecuencia, hay algo que el presidente y su gobierno no pueden dejar de hacer, que es cumplir y hacer cumplir las leyes, que es una de las exigencias para gobernar en un Estado de Derecho.

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Salvar la cara o… ¡vaya cara!

Cuarto. El Parlamento de Cataluña insta al futuro gobierno a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas estas declaraciones.

Quinto. El Parlamento de Cataluña considera pertinente iniciar, en el plazo de treinta días, la tramitación de las leyes de proceso constituyente, de Seguridad Social y de Hacienda Pública.

Octavo. El Parlamento de Cataluña insta al futuro gobierno a cumplir exclusivamente las normas o los mandatos emanados de esta Cámara.

Lo de arriba es parte de la resolución aprobada el pasado lunes 9 de noviembre por el Parlamento catalán, firmada por Junts pel Sí y por la CUP.

Nadie debería estar más dispuesto a constituir un nuevo gobierno en Cataluña que los firmantes de esa resolución, para que los mandatos contenidos en la misma no sean papel mojado.

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