Bárcenas, elegido; Urdangarín, impuesto (elconfidencial.com)

Quienes afirman que la Monarquía es un sistema obsoleto y que el Rey no pinta nada en la vida española deberían explicar las siguientes paradojas:

¿Qué razones justifican que el yerno del Rey, persona que él no ha elegido sino que le ha sido impuesto por una de sus hijas, tenga que responder por un correo que envió a la infanta Cristina tratando de condicionarla para que hablara con su padre al objeto de que influyera en determinadas empresas para sus negocios privados, en tanto que Rajoy, presidente del Gobierno, no tenga que responder por los SMS que envió (y recibió) de un tesorero de su partido, puesto por él, elegido por él, mantenido por él, -hasta el punto de declarar que “nadie sería capaz de demostrar la culpabilidad de Bárcenas”- y actualmente en prisión acusado de varios delitos que implican al jefe del Ejecutivo?

¿Qué argumentos explican que la primera autoridad del Estado tenga que pedir perdón públicamente por no haber informado a los ciudadanos españoles de que, mientras la crisis azotaba de lleno a nuestro país, él se encontraba en una cacería en un país africano, mientras que la quinta autoridad del mismo Estado, presidente del Tribunal Constitucional, no se dé por enterado de que se le “olvidó” informar a los senadores españoles de que él militaba en un partido político y estaba al corriente del pago de sus cuotas cuando pasó el examen de la Cámara Alta?

Si fuera cierto que estamos ante una figura puramente decorativa, los que tanto ruido hacen con su actuación o con el comportamiento de quienes se adhirieron a él no concederían tanta importancia a la primera autoridad del Estado y se centrarían más en la segunda

¿Cómo entender que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas españolas y Jefe del Estado se vea salpicado por un informe erróneo de la Agencia Tributaria sobre el patrimonio de su hija, la Infanta Cristina, y el que fue su Ministro de Defensa, Federico Trillo, no tenga nada que decir sobre la acusación del golfo extesorero del partido de Rajoy de que pagó con dinero negro la defensa de los militares implicados en el caso del accidente Yak-42, la mayor catástrofe del Ejército español en tiempo de paz?

 

“Si fuera cierto que estamos ante una figura puramente decorativa, los que tanto ruido hacen con su actuación o con el comportamiento de quienes se adhirieron a él no concederían tanta importancia a la primera autoridad del Estado y se centrarían más en la segunda.”

 

¿Qué pensar de los que han exigido al Rey que explique si tiene cuentas en bancos suizos como consecuencia de la herencia que le dejó su padre, D. Juan de Borbón –lo que constituiría un escándalo monumental- y no tienen el más mínimo interés en saber si todo el dinero que hasta ahora se ha descubierto en Suiza y en otros paraísos fiscales propiedad de un extesorero del PP, ganado ilegal e inexplicablemente, es sólo propiedad de Bárcenas o, de la misma forma que dice que entregaba sobres marrones con billetes de 500 euros, también se encargaba de transferirlos a esa escandalosa cuenta Suiza?

Sin duda, la explicación a todas estas paradojas no puede más que entenderse por la importancia que, los que lo niegan, conceden al Rey de España. Si fuera cierto que estamos ante una figura puramente decorativa, que no pinta nada y que España puede perfectamente prescindir de él y de lo que representa, los que tanto ruido hacen con su actuación o con el comportamiento de quienes se adhirieron a él no concederían tanta importancia a la primera autoridad del Estado y se centrarían más en la segunda, tercera, cuarta o quinta. Si, de verdad, el uno está más cerca del cero, el dos adquiriría una mayor relevancia y sus actos serían juzgados con mayor dureza por la opinión pública y por la publicada.

Observen esta noticia y comparen: el viernes pasado, día 12, dimitió el ministro de Exteriores japonés tras recibir una donación de 435 euros. El ministro Maehara admitió que recibió una contribución de 50.000 yenes (435 euros) de una coreana cuando la legislación nipona prohíbe donaciones de ciudadanos extranjeros a los políticos.

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