La denuncia de CiU: lo de siempre (El Correo de Andalucía)

He leído que CiU me ha denunciado ante la Unión Europea por un artículo que publiqué en prensa. Espero que en esta ocasión no ocurra como en otras anteriores, cuando esa misma coalición electoral amenazó con una querella criminal que al final no se presentó, con la excusa de que no querían darme protagonismo. Y no es que yo ande buscando pleitos porque como dice el refrán, pleitos tengas y los ganes. Sencillamente estoy deseando que alguien con autoridad para sentenciar, pueda decir en su sentencia cómo se llama a quienes deciden saltarse la Constitución española

No sé si existe un comisario europeo encargado de defender la libertad de expresión en Europa; si así fuera, sería a él al que le tocaría llamarme para que aclarara el sentido y significado de mis palabras. Si resultara que dicho comisario fuera alemán o italiano no creo que la conversación conmigo durase más de cinco minutos; ellos saben muy bien de qué forma la Alemania y la Italia de los años treinta llegaron adonde llegaron sin necesidad de alterar el sistema democrático vigente en aquellos países mediante el recurso a las armas o al golpe de Estado. La Ley Habilitante de 1933 concedió plenos poderes al canciller Hitler para que aprobara leyes sin la participación del Parlamento; previamente, el Partido Nazi había ganado las elecciones de ese año con un 44% de los votos alemanes. En la Italia de 1924 se celebraron elecciones generales en un ambiente de tensión y violencia. De siete millones de votos algo más de cuatro fueron para los fascistas, mientras que tres recayeron sobre la oposición, ocupando la presidencia del Gobierno Mussolini, que ya había sido nombrado presidente dos años antes por el rey Víctor Manuel III.

No creo que el futuro de los españoles, catalanes o no, pase por el enfrentamiento o por la fractura.

Desde el sistema democrático, uno y otro, mediante el miedo y la violencia, acabaron con el sistema. Las consecuencias ya las sabemos y esos países están vacunados contra esa forma de acabar con la democracia. Ya sé que no se pueden comparar los resultados de lo que ocurrió en esos países con lo que puede ocurrir en España cuando un presidente constitucional, en este caso el de Cataluña, pide poderes al Parlamento autónomo para proceder a una consulta ciudadana con o sin el respaldo de la Constitución, para separarse unilateralmente del Estado que se construyó siempre con Cataluña. Se supone que la sensatez acabará imponiéndose aunque la percepción de que no vamos por buen camino también pudimos apreciarla en el acto que Felipe González protagonizó, el lunes pasado, en la presentación del conferenciante Juan Luis Cebrián y en las palabras que el expresidente pronunció referidas al intento de Cataluña de optar por la independencia. ¿Qué quiso decir Felipe González cuando dijo: “La independencia de Cataluña es imposible y galopar hacia un imposible puede provocar una fractura política y social que cueste 30 o 40 años solucionar”? Quienes conocemos a quien ocupó la Presidencia del Gobierno de España durante catorce años, sabemos que no es amigo de escandalizar con declaraciones subidas de tono, que mide mucho lo que dice pero que dice mucho cuando habla. ¿Qué significa entonces “una fractura política y social” que cueste tanto años solucionar?
No creo que el futuro de los españoles, catalanes o no, pase por el enfrentamiento o por la fractura. En la situación en la que está nuestro país, lo que menos necesitamos es poner palos en las ruedas con acciones que signifiquen una vuelta atrás en la convivencia y en el respeto a las reglas que nos dimos en 1978.

No podemos seguir con este asunto pendiente ni un día más, por lo que urge que el Parlamento español traduzca en un debate los límites de nuestras leyes y las consecuencias de la transgresión de las mismas.

El presidente del Gobierno está ahí para solucionar problemas y no para verlas venir. Aquí no estamos en el caso Bárcenas, donde el presidente se esconde, disimula e ignora la realidad de la corrupción. Este es un tema de mucho mayor calado, que pone a prueba la solvencia de la sociedad española y de sus dirigentes políticos, económicos, sindicales y culturales para poner orden donde ahora reina la inquietud.
Quien quiera irse, que se atenga a las reglas para hacerlo, pero que ni cuente cuentos ni se apodere de la voluntad de todo un pueblo que, distraído como está, no acierta a comprender el origen de sus males.

Resultan grotescos aquellos que, para llevar el agua a su molino, cogen la parte por el todo acusando a quienes no compartimos sus tesis de odiar al pueblo que ellos representan. ¿Cuál es la razón por la que yo tengo que odiar a un trabajador en paro, catalán, que come en comedores sociales porque se le acabó el subsidio de desempleo?

¿Qué extraña teoría es aquella que piensa que yo puedo odiar a una mujer catalana, acosada y maltratada por su marido? ¿Qué me ha hecho a mí un joven catalán que quiere trabajar después de haber hecho una carrera universitaria, un máster y dos contratos precarios y no encuentra salida laboral alguna?

Estoy mucho más cerca de ellos que de un terrateniente absentista extremeño.