Oferta y contraoferta

Para los nacionalistas, y también para algunos que no se definen así, la solidaridad que, por ejemplo, se ejerce a través del impuesto sobre la renta, o en general a través del sistema fiscal, es vista no como una solidaridad que se ejerce entre unos ciudadanos con otros, sino entre unos territorios y otros. No habría, en esa visión, un nexo directo entre los españoles.
La adscripción del ciudadano, así como el ejercicio de la solidaridad como expresión de esa adscripción, sería la región o la nacionalidad. Y sería ésta, en bloque, la que destinaría, de grado o por imposición del poder superior, una parte de sus recursos globales a la solidaridad con otras regiones, igual que en los Presupuestos Generales del Estado se destina una partida a la ayuda a los países subdesarrollados.

Yo no estoy de acuerdo con esa visión. El Estado español, en mi opinión, mantiene vínculos directos con los ciudadanos españoles en cualquier lugar que estos residan. Y esos ciudadanos, por el hecho de pertenecer a una misma comunidad política, se responsabilizan, tanto del mantenimiento de sus instituciones, como de contribuir a remediar las desigualdades de fortuna, desde el supuesto de que una sociedad más igualitaria es una sociedad más justa y próspera.

Los estados de tipo federal funcionan gracias a la existencia de grandes partidos estatales que aseguran, en cierto modo, la vertebración del entramado de poderes en que aquél se estructura, y refuerzan el consenso básico sobre los intereses comunes, por encima de las diferencias regionales o locales. Sin embargo, el mapa de partidos de un país no es un producto caprichoso ni algo que pueda moldearse al dictado de esquemas preconcebidos, sino que es el resultado de los conflictos políticos y sociales de la historia.

Tal vez sería adecuado que Rajoy respondiera con otra oferta en la que se negociara con los nacionalistas catalanes su entrada en el gobierno de España

Las fuerzas nacionalistas en España son un producto de nuestra historia, y como tales, protagonistas de pleno derecho del juego institucional. Si queremos un funcionamiento estable y fluido de esas instituciones es preciso que nuestros nacionalismos eliminen cualquier ambigüedad respecto al Estado y se alejen de sus desvaríos independentistas que solo conducen al conflicto y a la pérdida de energías y de oportunidades para los ciudadanos que, atrapados en los caprichos y en las estrategias de los dirigentes políticos, sienten que no se otea en el horizonte la manera pacífica y civilizada de salir de la ratonera. Y una manera inequívoca de despejar ambigüedades y tactismos peligrosos consistiría en aceptar, como algo natural, siempre que se den las necesarias coincidencias programáticas, la responsabilidad en la gobernación de España.

Para decirlo brevemente: si de verdad, en el ánimo de muchos catalanes ha calado la idea de que el gobierno de España está siendo cicatero con una comunidad tan importante como la catalana, ¿por qué no coger el toro por los cuernos y dejarnos de aventuras que nada bueno traerán para Cataluña y para el Estado? Según diferentes medios, Puigdemont viajará el 22 de este mes a Madrid para hacer una última oferta de negociación a Rajoy para que se siente a negociar un referéndum sobre la independencia de Cataluña.

Tal vez, ese sería el escenario adecuado para que Rajoy respondiera con otra oferta en la que se negociara con los nacionalistas catalanes su entrada en el gobierno de España para ocupar ministerios y presencia en el Consejo de ministros y, así, asegurar que los intereses catalanes estarán bien defendidos y bien atadas las inversiones públicas presupuestadas. No hablo de un gobierno con apoyos negociados en cada ocasión y en beneficio de Cataluña, puesto que en ese caso no estaríamos más que alimentando esa ambigüedad respecto al Estado, sino a una coalición de gobierno entre PP y nacionalistas catalanes… y vascos.

En el periodo democrático, tanto UCD, como PSOE, como PP han gobernado en ocasiones con apoyos puntuales del nacionalismo periférico. La fórmula que propongo no ha sido ensayada por lo que no podemos saber qué daría de sí para España y para los nacionalismos que figuran dentro del esquema constitucional español. La situación que se puede decantar si se consigue el acuerdo PP, C’s, CC y PNV sobre los Presupuestos del Estado, debe considerarse transitoria y probablemente así la contemplan también los nacionalistas. Si esa coalición no se produjera, el PP debería decir al país cuál es su resto en el envite semanal independentista.

A los españoles nos repatean los cinco mil millones de ayer regalados a los nacionalistas vascos y los cuatro mil doscientos de anteayer para los independentistas catalanes. Pero, además, nos saca de quicio que los regalos de Rajoy sean a cambio de nada serio para el futuro y la unidad de España. Es una vergüenza ver como se compran los votos para mantenerse en el gobierno. Si compran, por favor, compren la lealtad a la Constitución y a la integridad territorial de España. Si no, estarán vendiendo la dignidad del resto de los españoles. ¿Dónde están y qué dicen los presidentes autonómicos ante semejante afrenta? Si ante esta humillación no reaccionan con toda la contundencia posible, será mejor que dimitan. No sería la primera vez que un buen diseño de la convivencia democrática española se estrellase por la irresponsabilidad de sus conductores.

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