Varias cadenas de televisión estadounidenses, incluyendo tres de las más importantes, NBC, ABC y CBS, decidieron el pasado jueves por la noche, en horario de máxima audiencia, interrumpir la retransmisión de la comparecencia del Presidente, Donald Trump, desde la Casa Blanca, cuando el mandatario denunció, sin aportar pruebas, que se estaba produciendo un «robo» en las elecciones, y que el sistema electoral de EE UU es «corrupto» y «hace que la gente se corrompa», al tiempo que cuestionaba de nuevo la legalidad de los votos por correo. «Tenemos que interrumpir a Trump porque el Presidente ha hecho una serie de afirmaciones falsas», decía en directo el periodista Lester Holt, presentador de NBC Nightly News, uno de los tres informativos más seguidos de la televisión americana.
Simultáneamente, el gobierno español ha dictado una orden ministerial que consagra el Procedimiento de actuación contra la desinformación, para esclarecer la verdad o la mentira que se publican, según Margarita Robles, Ministra de Defensa, no solo en las redes sociales, sino en medios de comunicación como la radio, la televisión y prensa escrita.
Como se puede apreciar, sin necesidad de leyes, órdenes ministeriales o decretos gubernamentales, varios medios de comunicación estadounidenses cortaron por lo sano las mentiras que pretendía colar el presidente de ese país. Si se pueden cortar las falsedades del hombre más poderoso de la tierra por parte de periodistas comprometidos con la información verdadera y contrastada, sobran leyes y decretos y faltan periodistas y editores de medios de comunicación dispuestos a impedir la mentira en sus medios. Si todos los profesionales de la prensa seria se comprometieran a no hacerse eco de nada de lo que bajo el anonimato aparezca en las redes sociales, sea verdad o mentira, se obligaría a no esconderse bajo la cobardía de la clandestinidad y a que los políticos supieran que las redes sociales no son el instrumento de comunicación con el gran público, salvo que sean utilizadas para dialogar sobre propuestas o iniciativas concretas provenientes de la política o del ciudadano. Un político debería autoprohibirse hacer saber a la ciudadanía decisiones que no exigen una gran inmediatez por medios como Twitter o Facebook.
Y hablando de la orden ministerial que regula el Procedimiento de actuación contra la desinformación, me llama la atención que ahora se nos cuente que Iván Redondo no es la persona adecuada para dirigir ese gabinete por sus antecedentes extremeños en tiempos del Presidente Monago. Lo que ahora nos descubren quienes dirigían o escribían en medios aquí en Extremadura sobre los bulos que fabricaba Redondo ¿lo han aprendido en estos tiempos o ya lo sabían cuando Redondo creaba mecanismos para falsear la realidad? Si ya lo sabían, ¿por qué no lo contaron entonces? ¿Qué pesó tanto para que prevaleciera el silencio? ¿Por qué no se atrevieron a decir -como ha hecho Lester Holt con Trump- “tenemos que interrumpir a Redondo porque ha utilizado robots disfrazados de ciudadanos que emite informaciones falsas«?
Como hay que ser propositivo, los medios de comunicación deberían comenzar por ser trasnparentes en su financiación. Cuando se sobrevive de las limosnas del poder se carece de la mínima independencia para informar en libertad.
Por otro lado el intento de ministerio de la verdad choca con la manía persecutiva que el gobierno y sus aliados frankestein tienen frente a las noticias que no les gustan