CONCERTADA PÚBLICA

Otro gobierno y otra ley de educación. En esta ocasión, la llamada ley Celaá. Y, como siempre, la polémica y las quejas de la ciudadanía que no acierta a comprender por qué en un asunto tan transcendental para el futuro de los nuevos españoles y del país, no son capaces de llegar a acuerdos las distintas fuerzas políticas para que, definitivamente, quede cerrada y sellada la eterna querella educativa.

La nueva ley distrae la atención con el asunto del castellano como lengua vehicular o como una lengua más en las comunidades bilingües españolas. No entraré en ese asunto porque me interesa más llamar la atención sobre la queja de algunas asociaciones y centros de enseñanza sobre el futuro que la ley reserva a la enseñanza concertada. El manido argumento del derecho a elegir la educación de nuestros hijos choca con otros derechos que deberían asistir a todos aquellos estudiantes que, habiéndose preparado para el ejercicio de la profesión docente, ven como quienes son contratados a dedo por los propietarios de los centros concertados no han necesitado demostrar más que están en posesión del título que les acredita como graduados en determinados niveles educativos, mientras que quienes aspiran a ocupar una plaza en un centro público deben pasar por un proceso de selección en competencia con otros muchos que aspiran a ocupar las plazas que salen a concurso público. Y de esa manera, se da la paradoja de que un brillante graduado, que sacó una excelente nota en las oposiciones, se quedó sin plaza en la enseñanza pública, mientras que otros menos brillantes en sus currículos están trabajando en la concertada por el hecho de inspirar confianza al dedo del contratante. Expedientes mediocres, trabajando, y expedientes brillantes, en paro.

No estoy radicalmente en contra de mantener el sistema de conciertos, pero me defino por aplicar el mismo sistema de acceso por la misma oposición pública a los aspirantes a ocupar plaza de profesor en cualquiera de esas dos modalidades. No creo que los padres de los hijos que van a las escuelas concertadas desconfíen de los profesionales que hayan superado el proceso de selección que supone una oposición donde se valora la capacidad y el mérito en un proceso de igualdad. Quienes desconfíen de ese sistema siempre podrán elegir centros puramente privados, pero no subvencionado con el dinero de todos los españoles.