Primero fue el impuesto bancario y ahora ha sido el impuesto sobre iniciativas industriales contra el medio ambiente. En ambos casos, los que tienen una idea equivocada del Estado que diseñó la Constitución se llevaron las manos a la cabeza utilizando el manido discurso de los riesgos que para la región extremeña y para sus habitantes significaban ambos tributos. Desde el “de aquí se irán todas las sucursales bancarias” hasta el “al final lo acabarán pagando los ciudadanos” lo que se trataba de evitar era perjudicar en lo que el difunto Forges consideraba un porcentaje pequeñísimo de las ganancias de las eléctricas y la banca. “Ibarra arruina a las eléctricas cobrándole un 0,00000000000001% de sus beneficios” decía un chiste del malogrado humorista publicado en El País en 2006. En ambos casos, tuvo que ser el Tribunal Constitucional el que dio la razón a la Junta de Extremadura una vez que tuvo que resolver los recursos presentados por quienes tenían que pagar esos impuestos y no querían pagarlo (lo cual entra dentro de la lógica del pagador) y por quienes desde posiciones partidarias defendían que no los pagaran (lo cual entra dentro de la torpeza política y de la falta de ambición por la igualdad).
No me interesa tanto destacar los éxitos obtenidos con esas sentencias y, ni siquiera, recordar los exabruptos que algunos dijeron contra quienes tuvimos la osadía de abrir caminos que otros consideraban vetados. Me interesa mucho más aprovechar esas sentencias, que vuelven a poner de manifiesto que las CCAA tienen capacidad para arbitrar tributos propios, para volver a defender que la fiscalidad en España tiene que recobrar la unidad en aquellos tributos que se consideran básicos para que el Estado pueda garantizar la igualdad en determinados derechos de todos los españoles, vivamos donde vivamos, y para que contribuyamos con determinados impuestos de la misma manera por nuestra condición de ciudadanos españoles. No debe ser más costoso para una familia heredar en Madrid que heredar en Extremadura; ni debe pagar más la nómina de un trabajador con los mismos emolumentos en Cataluña que en Andalucía.
Las CCAA tienen la posibilidad de buscar nichos de donde extraer recursos para financiar otras actividades o programas que consideren de interés para sus ciudadanos o para la Comunidad. Esos son Impuestos propios y en eso consiste la corresponsabilidad fiscal, en buscar recursos para financiar medidas extraordinarias que no desigualan en derechos a los españoles.
Hay opciones políticas que minoran la tributación de los que más tienen para beneficiarlos y perjudicar a los que menos tienen. Existen otras opciones que buscan los recursos allí donde se generan a costa del conjunto de la ciudadanía. Allí, en las compañías eléctricas y en la banca fue a buscarlos la Junta de Extremadura gobernada por los socialistas, y allí los encontró. Me alegro por quienes pueden disfrutarlos y lo siento por los que siempre buscan el Estado del Malestar.
