Han pasado seis meses desde que el Congreso de los Diputados aprobó una ley orgánica por la que se limitaba a los actos propios de la Jefatura del Estado la inviolabilidad del Rey de España. Cualquier delito cometido por el titular de la Corona española fuera de su responsabilidad institucional será juzgado de acuerdo con las leyes comunes que rigen para el conjunto de los ciudadanos.
Por circunstancias que no necesitan recordarse, el Rey ha sido condenado a 5 años de cárcel que está cumpliendo en Soto del Real.
A los legisladores se les ha planteado un grave problema. La ley no obligaba, porque no podía hacerlo, a abdicar la Corona en caso de delito que se cometiera fuera de las funciones propias del Jefe de Estado. La hijas del Rey no pueden heredar la corona ni ejercer la Jefatura del Estado por ser menores de edad y porque el Rey no ha abdicado. Y la Reina se resiste a ejercer la Regencia porque no puede haber una Regenta, un Rey y una heredera. Y, mientras tanto, los españoles siguen sin Jefe de Estado.
Es posible que nadie hubiera pensado que aplicar leyes republicanas en una Monarquía es como mezclar churras con merinas. En una Monarquía no es posible hacer leyes que limíten la inviolabilidad del Monarca como si la Monarquía fuera una República. Pretender una República coronada está bien como eslogan, pero no casa una cosa con otra. Como decía el del chiste, “¡O estamos a setas o estamos a Rolex!”
