Bruselas ha emitido un informe en el que las Administraciones catalanas salen muy mal paradas en cuanto a calidad y transparencia. Cataluña presenta la peor nota de España en esta materia y una de las peores a nivel europeo, según el último estudio de la Comisión Europea sobre la corrupción política e institucional en los países de la UE-27 y un total de 172 regiones europeas. Ahí está, por ejemplo, el caso Palau y la presunta la trama de financiación irregular en torno a CiU, donde CDC adjudicó millonarios contratos de obra pública a Ferrovial a cambio, presuntamente, de comisiones en cuyo pago intermedió Fèlix Millet; el caso Pallerols, un asunto de corrupción ligado a la financiación ilegal de Unión Democrática de Cataluña (UDC) que se remonta a 1994; o la trama de las ITV, que afecta de lleno a Oriol Pujol, Secretario General de Convergencia Democrática de Cataluña, por posible tráfico de influencias. La Agencia Tributaria considera que el hombre de confianza de Artur Mas participó en una trama empresarial para amañar concursos de estaciones de ITV. Otro caso es el que afecta al hospital de Sant Pau, una sucesión de pagos irregulares, favores políticos y adjudicaciones sin concurso en la construcción del nuevo edificio del centro. Este caso está siendo investigado por el juzgado de instrucción 22 de Barcelona, que mantiene imputados a dos exresponsables del centro sanitario”. Casos, todos ellos, de primer orden a nivel mediático, político y judicial.
De eso será difícil que se hable en Cataluña y en el resto de España porque la bandera independentista lo está borrando todo. Ante el desafío y el nivel de corrupción, ¿por qué no prueba el gobierno de España a ceder a la Generalitat las competencias exclusivas en Justicia? Tal vez con eso se den más que por satisfechos.
