Españolista

En ningún caso puede afirmarse en serio que España haya sido o sea un Estado multi o plurinacional; otra cosa es que algunos lo pretendan

Manifestación constitucionalista en Barcelona. Europa Press

Manifestación constitucionalista en Barcelona. Europa Press

Me siento ciudadano español porque una Constitución, la española, me devolvió, y nos devolvió a todos, los derechos de ciudadanía que nos habían sido arrebatados violentamente. Y en base a esa Constitución que me da derechos de ciudadanía quiero decir lo que pienso sobre la cuestión nacional que tanto me ocupa y preocupa como español y demócrata.

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La vida te da sorpresas

Me sentí engañado por los que durante un par de años nos han estado exigiendo amnistía para los políticos en prisión

Pere Aragonès y Jordi Sánchez.

Pere Aragonès y Jordi Sánchez.

Una de las acepciones que nos proporciona el diccionario de la palabra sorpresa es la de “engañar a alguien aprovechando su buena fe”. Lo digo porque la última semana ha transcurrido de sorpresa en sorpresa, no sé si por mi buena fe o por haber descubierto lo que alguien ocultaba o disimulaba, que es otra de las acepciones del morfema sorpresa.

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El aplauso de las ocho

El aplauso de las ocho / Rosell

El aplauso de las ocho / Rosell

Vivimos en un Estado descentralizado. Así lo define nuestra Constitución. Así se decidió al ingresar como nación, el 1 de enero de 1986, en la entonces Comunidad Económica Europea. Dos circunstancias que exigen de la concertación entre el Gobierno de España y los gobiernos de las diecisiete comunidades autónomas ante las exigencias de los retos y desafíos del mundo globalizado. Hoy, como desde 1979, nada se puede hacer de importancia en España si no confluyen las dos legitimidades: las CCAA necesitan del concurso del Gobierno central y este Gobierno necesita de la cooperación de los gobiernos autonómicos.

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Tener dos lenguas, mentir doblemente

Tener dos lenguas, mentir doblemente / Rosell

Tener dos lenguas, mentir doblemente / Rosell

Muy débiles deben ser las razones que animan a algunos independentistas a considerar como nación a Cataluña si se ven obligados a mentir y a calumniar para justificar esa creencia. Y políticamente deben ser poca cosa aquellos que para llamar la atención en su territorio se agarran a la injuria, al agravio y al insulto a los ciudadanos andaluces y extremeños. En multitud de ocasiones ambas regiones han tenido que escuchar y soportar declaraciones de políticos nacionalistas catalanes que rayaban siempre el ultraje y el desprecio. Por estas tierras se tiene la sensación de que los independentistas sólo se sienten importantes si de cuando en cuando, y sin que venga a cuento, se descuelgan con palabras torticeras sobre la supuesta vagancia, indolencia e incultura de andaluces y extremeños. Unos cuantos ejemplos ilustran perfectamente esa actitud que destila supremacismo y odio adobados con el cacareado cuento de que los vagos del sur vivimos a costa del esfuerzo fiscal y laboral de los esforzados contribuyentes catalanes.

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Dos escenarios, cinco preguntas

Como estaba previsto y cantado, el Congreso Federal del PSOE eligió secretario general a Pedro Sánchez y a la Comisión Ejecutiva que le acompañará en esta travesía. El nuevo secretario general había comprometido su interés en elaborar una dirección federal corta y que pudiera visualizarse como el gobierno socialista en la sombra. Si para gobernar España son suficientes catorce o quince ministerios, no parece descabellado afirmar que para gobernar un partido bastaría con un número de secretarías equivalente. Pero no ha sido así. El número de miembros de la Comisión Ejecutiva Federal ha vuelto a dispararse hasta alcanzar la cifra de treinta y nueve. La primera pregunta que se me ocurre formular ante este escenario es: ¿Cuáles fueron las razones que impidieron cumplir la palabra y el deseo de Pedro Sánchez a la hora de proponer una dirección corta y solvente?
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La llave la tengo yo (elconfidencial.com)

El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho que el Gobierno estudia traspasar el impuesto sobre los depósitos bancarios a las comunidades autónomas con unos límites, dentro de la reforma tributaria integral que el Ejecutivo ha anunciado para el próximo año.

Este es el tercer intento del gobierno del PP para tratar de desvirtuar, cuando no anular, un derecho que asiste a las regiones.

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