El pasado día 25 de junio el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó un decreto anticrisis que o me parece raro que cada día sean menos las personas que con un cierto nivel de preparación profesional y un coeficiente de inteligencia normal decidan dar la espalda a la política. El ejercicio institucional se ha convertido en un oficio de alto riesgo como lo ponen de manifiesto las condenas, ratificadas por el Tribunal Supremo, a los ex presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Uno, Chaves, condenado a la inhabilitación por nueve años para cargo público y otro, Griñán, condenado a pena de prisión de seis años y un día. No voy a ir por la línea ya marcada por quienes se sorprenden de que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no tuviera el más mínimo conocimiento de la corrupción en la que estaban incurriendo sus más allegados colaboradores, mientras que Chaves y Griñán deberían haber estado al tanto de las triquiñuelas que se cometieron con el subsidio por despido de algunos trabajadores de empresas en crisis. Los magistrados sabrán por qué la Justicia es a veces tan injusta, tan diferente y tan de colores.