Como no podemos vivir en paz, de nuevo, la bronca y la judicialización de la política.
Sumario del juez de Instrucción sobre José Luis Rodríguez Zapatero y se intensificó la pelea entre los partidos políticos. No discuten para ejercer sus responsabilidades; lo hacen para ver quién gana votos y quién los pierde.
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En algunos sectores de la izquierda española se oye decir que estamos viviendo el ataque más despiadado de la brigada judicial contra el gobierno progresista. No lo tengo claro. Yo viví el acoso de una parte de la carrera judicial, aliada con algunos políticos de la oposición de entonces y algunos medios de comunicación, contra el gobierno socialista de Felipe González. Fue tan evidente que uno de sus protagonistas, Anson, director entonces de ABC, declaró tiempo después que habían llegado a poner en peligro la estabilidad del Estado con tal de acabar con Felipe González.
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El juez es la figura encargada por la Constitución de impartir Justicia cuando el conflicto le obliga a actuar. Como en botica, hay opiniones para todos los gustos sobre las sentencias o autos que emite. Y por ellos debe ser examinado.
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Y parece que, de nuevo, a media España le sobra la otra media.
Ahora se hace política porque la hacen los políticos, pero ese tipo de política, basada en insultos, descalificaciones y donde la duda brilla por su ausencia, no es política.
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Los partidos no podrían politizar la Justicia si no contaran con cómplices dispuestos a hacer el trabajo sucio y a traicionar a sus compañeros de profesión. Ningún partido podría decir el nombre del presidente del CGPJ y del TS si no hubiera magistrados que estuvieran dispuestos a seguir las instrucciones de quienes han propuesto o van a proponer sus nombres. Cualquiera puede suponer -y supondrá acertando- que al magistrado al que se dirija el PP o el PSOE proponiéndole una vocalía del Consejo, le estará también exigiendo que vote para presidente, no a quien considere el mejor, sino al que hayan pactado los dos partidos. Si ya se sabe quién presidirá es porque se conoce que los vocales aceptarán que, a cambio de su nombramiento, perderán su independencia y acudirán como borregos a votar lo que les digan.
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