La Sala de lo Penal ha acordado por unanimidad abrir una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra un particular.
Como consecuencia de la declaración de independencia de Cataluña, el Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional habrían salido del territorio declarado independiente. En el supuesto de que al año siguiente de la declaración y obtención de la independencia una dana de las características de las sufridas en Valencia hubiera hecho su aparición en la nueva nación, Cataluña no habría podido recurrir al Ejército, a la Guardia Civil o a la Policía Nacional para achicar agua, eliminar barro, reponer las infraestructuras dañadas o destruidas. Lo que es seguro es que muchos españoles hubiéramos acudido en su ayuda.
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La prensa privada y pública editada en Cataluña creó la famosa frase del “oasis catalán”. Por lo visto, mientras que en el resto de España la corrupción, la desvergüenza y la bronca constituían el santo y seña de la política española, en Cataluña reinaba la austeridad, la decencia y el entendimiento, el “oasis catalán”.
Ha habido mucha torpeza y, sobre todo, muchos sobrentendidos. Se suponía que después de cuarenta y cinco años de funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución de 1978, todo el mundo se identificaba con ellas, las reconocía, las diferenciaba y sabía en qué consiste el papel de cada uno de los integrantes de las mismas. La televisión pública comenzó ofreciendo los sábados a media mañana un programa por su segunda cadena llamado Parlamento, en el que se explicaba la actividad que nuestros diputados y senadores realizaban a lo largo de una legislatura. Pero siendo en La 2 y en la matinal de los sábados, se podría suponer que el 99% de los adolescentes españoles de aquel tiempo no vieron nunca ese programa.
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Los partidos no podrían politizar la Justicia si no contaran con cómplices dispuestos a hacer el trabajo sucio y a traicionar a sus compañeros de profesión. Ningún partido podría decir el nombre del presidente del CGPJ y del TS si no hubiera magistrados que estuvieran dispuestos a seguir las instrucciones de quienes han propuesto o van a proponer sus nombres. Cualquiera puede suponer -y supondrá acertando- que al magistrado al que se dirija el PP o el PSOE proponiéndole una vocalía del Consejo, le estará también exigiendo que vote para presidente, no a quien considere el mejor, sino al que hayan pactado los dos partidos. Si ya se sabe quién presidirá es porque se conoce que los vocales aceptarán que, a cambio de su nombramiento, perderán su independencia y acudirán como borregos a votar lo que les digan.
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