Mi tocayo Juan Carlos Serrano era senador del Partido Popular en 2022. En ese mismo año, Alberto Núñez Feijóo dejó la presidencia de la Xunta de Galicia para configurarse como el líder de ese partido a nivel estatal. Entendieron los dirigentes populares que Feijóo necesitaba estar en el Congreso o en el Senado para así poder contrastar sus proyectos con los del PSOE.
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Leí con atención la entrevista que Javier Lambán, Secretario General de los socialistas aragoneses, concedió al diario digital The Objective, el pasado día 16 de noviembre.
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Mucho se especula sobre si son muchos o pocos los que se sienten desacoplados en un PSOE que para ellos ha supuesto la entrega de buena parte de sus vidas. Seguramente, como es mi caso, algunos habrá que añoren el PSOE de antes de la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero y de Pedro Sánchez. Ambos son la consecuencia de una decisión adoptada en el Congreso Federal celebrado en Sevilla que alteró significativamente la forma de elección de los dirigentes orgánicos e institucionales en el centenario partido socialista.
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Cualquier sondeo de los publicados últimamente sitúan a la política y a los políticos como uno de los primeros problemas que agobian a los españoles. La política no debería constituir problema alguno; si no existiera la política nadie es capaz de adivinar como se articularía la convivencia, cómo sería el sistema educativo o el sanitario, quién regularía los diferentes regímenes laborales, cómo se pagarían las pensiones, de cuánto sería el salario mínimo interprofesional si es que dicho salario existiera, quiénes serían los dueños de las vías de comunicación y de las diferentes redes telemáticas, etc., etc. La política siempre existirá, será buena o mala, pero será. Sin ella, la civilización hubiera acabado hace milenios.
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Cual rio Guadiana, el debate sobre el Estado autonómico y el reparto competencial asoma o se esconde al paso de los años. En este de 2022, el presidente de la Junta de Andalucía lo ha sacado a la luz con su decisión de subvencionar al 100% el impuesto de patrimonio. Su argumento no ha podido ser más peregrino y más antipatriota. ¿Qué clase de patriotismo es aquel que bajo el señuelo de pagar menos, perjudicar a los trabajadores y al desarrollo de un territorio español? El presidente andaluz no tendrá nada que decir si un puñado de empresarios instalados en Andalucía decide levantar sus inversiones en esa Comunidad para marcharse a un paraíso fiscal donde no pagará nada o casi nada por sus bienes y patrimonio.
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