Otro gobierno y otra ley de educación. En esta ocasión, la llamada ley Celaá. Y, como siempre, la polémica y las quejas de la ciudadanía que no acierta a comprender por qué en un asunto tan transcendental para el futuro de los nuevos españoles y del país, no son capaces de llegar a acuerdos las distintas fuerzas políticas para que, definitivamente, quede cerrada y sellada la eterna querella educativa.
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Hace dos semanas, el Consejo de Ministros aprobó un decreto que permitirá a las Universidades reducir la duración de los grados para adaptar las titulaciones al modelo 3+2, tres años de grado y dos de máster. Los dos únicos argumentos esgrimidos por el ministerio es que eso es lo que se hace en la mayor parte de los países que firmaron el Plan Bolonia y que a las familias les saldrá más barato una graduación de tres años que otra de cuatro. El primer argumento es cierto. Sólo España, junto con países de dimensiones muy inferiores de las españolas, tales como Kazajistán, Turquía o Chipre, mantiene el plan de cuatro años de graduación más uno de máster, sin que nunca se explicaran las razones por las que no se siguió el rumbo de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Holanda…, que lo redujeron a tres. Ahora el Ministerio cambia de opinión y, tal vez, hayamos mirado al dedo en lugar de a la luna.
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Es comprensible, y hasta se puede entender, que personas que no tienen la menor relación con las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento piensen, a la manera tradicional, antigua y analógica, que lo que no se acredite con un título oficial no existe o, lo que es lo mismo, que quienes no cuelguen de la pared de su domicilio o despacho un título escolar o universitario ni saben nada ni valen para nada, tal y como sentenció la semana pasada la Sra. De Oriol, Presidenta del Círculo de Empresarios, quien en un arranque de elitismo dijo aquello de que “hay un millón de personas con cero cualificación y un salario mínimo, y te obligan a pagarles aunque no valgan para nada”.
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