Había accedido a la condición de diputado sin la preparación ni la convicción necesaria para abordar el desafío que los españoles nos habíamos propuesto acometer a la muerte del dictador Franco. Mi militancia en el PSOE no era para obtener un cargo, sino para contribuir a derrotar a la dictadura. Mi tercer puesto en la lista del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Badajoz no dejaba de ser más que un nombre para rellenar los huecos que quedaban libres para completar los siete que se necesitaban. Según Alfonso Guerra, el PSOE en Badajoz solo obtendría un diputado. Nunca supe si se equivocó o me engañó; el caso es que me vi legitimado para participar en la elaboración de una Constitución sin la que no habría democracia en España.
Desde el primer momento en que puse el pie en el hemiciclo supe que los que estábamos allí, estábamos para hacer algo transcendente. Ver bajar por las escalerillas del hemiciclo a Dolores Ibárruri, cogida del brazo del poeta Rafael Alberti, para ocupar la mesa de edad, junto con quienes habían servido al franquismo me trasladó a un escenario inimaginable un año antes, pero que se abría para que los diputados representáramos la mejor obra democrática que jamás se puso en escena en España: la Constitución de 1978
Cuando el 31 de octubre, el pleno del Congreso aprobó por amplísima mayoría el texto constitucional y su disposición derogatoria que decía: “Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, así como, en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada Ley, la de Principios del Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958; el Fuero de los Españoles, de 17 de julio de 1945; el del Trabajo, de 9 de marzo de 1938; la Ley Constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942; la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947, todas ellas modificadas por la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, y en los mismos términos esta última y la de Referéndum Nacional de 22 de octubre de 1945”, consideré que se acabó la dictadura, había muerto el régimen franquista y nació una esperada, deseada y añorada democracia. En ese instante di por buenos los malos momentos que habíamos vivido los españoles durante tantos años, recordé a los combatientes de uno y otro bando que murieron defendiendo sus ideales, di gracias por pertenecer a una generación que fue capaz de exigir y enunciar para llegar al acuerdo que hizo posible ese texto constitucional que nos devolvía la condición de ciudadanos y consideré que, a partir de ese momento, podría ocuparme de mis clases y continuar una incipiente carrera profesional en la Universidad que era para lo que me había preparado y a lo que quería dedicarme en la vida. El referéndum del 6 de diciembre del 78, que se saldó con casi el 90% de votos a favor de la Constitución, daba por bueno el trabajo que un grupo de hombres y mujeres, con procedencias, trayectorias, pensamientos e ideologías diferentes habíamos conseguido realizar.
Algunos parecen haber olvidado lo que era España antes de la Constitución y no recuerdan que estaban prohibidos los partidos políticos y los sindicatos a excepción de los que había creado el régimen franquista; no había libertad de asociación, ni de reunión, ni de manifestación, ni de prensa; todo lo que se publicaba tenía que pasar por la censura del régimen; hasta la muerte del Dictador se mantuvo la prohibición del matrimonio civil, del divorcio y la venta de anticonceptivos, así como la penalización del adulterio y del amancebamiento, mientras que el Código Penal, a la par que sancionaba la interrupción del embarazo, restablecía la pena de muerte. Unos meses antes de la muerte del general Franco, la pena de muerte vigente en esa España había ejecutado a militantes de ETA y del FRAP; el divorcio y el aborto estaban prohibidos; los derechos de las mujeres eran mínimos en comparación con los de los hombres; las mujeres habían obtenido en el año 70 el derecho a la educación, pero seguían despojadas de otros derechos como poder abrir una cuenta bancaria.
La tasa de analfabetismo, que era alta entre los hombres, se duplicaba en el caso de las mujeres. Los homosexuales, sencillamente, no existían de cara a la sociedad. La homosexualidad se vivía de tapado, era una inmoralidad. La sanidad pública no era universal. Había tres tipos de asistencia: la privada, muy cara, la seguridad social de los que tenían un puesto de trabajo estable y la beneficencia, con hospitales de las diputaciones donde los médicos aplicaban curas a los que no tenían derechos de protección. La educación estaba reservada en sus niveles medios y superiores a una parte reducida de la juventud.
La Constitución necesita dos reformas, una la de convertir el Senado en cámara real de representación territorial y la otra para que contemple la sociedad digital
No fue fácil convertir un estado autoritario en el que todos los poderes estaban en una misma mano, en un estado con división de poderes al estilo de las democracias de corte occidental. Tampoco lo fue pasar de una economía controlada por el Estado a otra economía en la que el protagonismo estaba en manos del mercado libre.
Ninguna otra Constitución reconoció con mayor amplitud que la de 1978 los derechos de los españoles, tanto los civiles, como los políticos y los sociales, ni articuló un más completo sistema de garantías. Se trata de uno de los textos constitucionales más avanzados del mundo en esta materia, cuyo Preámbulo (en el que se condensa la filosofía política que inspiró al constituyente) proclama la voluntad de la nación española de «proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones».
Estos cuatro decenios han constituido la etapa democrática más profunda y duradera de toda nuestra historia reciente. De una economía atrasada y pobre, hemos pasado a una economía moderna y próspera. La cohesión social y territorial propias de un Estado del bienestar, aunque con vaivenes y reveses, se ha afianzado. La igualdad de género y la libertad sexual ha recorrido pasos de gigante, entre los países pioneros. Y los focos de la violencia terrorista han sido, tras mucho esfuerzo y sacrificio, domeñados. Ante el deseo de autogobierno de vascos y catalanes, exteriorizado de forma espectacular el 11 de septiembre cuando millón y medio de catalanes se manifestaron por la autonomía en Barcelona, el gobierno de Suárez inició el proceso preautonómico antes de la aprobación de la Carta Magna española.
La Constitución concilió las tres visiones que se tenían del Estado: la visión unitaria y centralista del nacionalismo español; el nacionalismo periférico y la tradición federalista de la izquierda española. El resultado fue ambiguo: ni Estado unitario puro ni Estado Federal puro. Y la Constitución se hizo eco de esas tres visiones, por un lado, reconocimiento a las singularidades históricas; por el otro, descentralización política que entroncaba con el federalismo, y por último, reconociendo la Nación española como patria común e indivisible de los españoles.
La economía se ha modernizado de forma significativa hacia una postindustrial en la que dos tercios de la población activa se emplea en el sector terciario. También se internacionalizó, apareciendo empresas de ámbito mundial. En un proceso interrumpido por las crisis, el país avanzó hacia la convergencia con los países de la Unión Europea. España ha sido, y sigue siendo, uno de los países más “europeístas” de la Unión. A diferencia de otros, en nuestro país no han surgido movimientos políticos significativos contrarios al proceso de integración europeo. El ingreso en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986 ha sido en su conjunto muy positivo para nuestro país. La adhesión a un grupo selecto de países desarrollados y democráticos ha ayudado a asentar nuestra democracia y a desarrollar nuestra economía.
Todo ha cambiado y incluida la forma de hacer política en cualquier parte del mundo democrático y, también en España y, consecuentemente, en Extremadura. Hoy no hay que conquistar la democracia, que era el gran objetivo de la generación que elaboró la Constitución. Ya se conoce la cancha y las reglas del juego democrático. Parece lógico que los actores políticos actuales mantengan discrepancias en todos aquellos aspectos donde las visiones no convergen sino que se diferencian y divergen. Los constituyentes fuimos a la política para ganar la libertad; los políticos actuales acuden a la confrontación para, desde la libertad, ganar elecciones y gobernar. Los constituyentes sabíamos qué sociedad queríamos; los políticos actuales no tienen la menor idea de cómo será la sociedad dentro de diez años como consecuencia de la entrada en escena de la infotecnología, la biotecnología y la Inteligencia Artificial. Hoy, el político gestiona pero no gobierna porque no puede articular un proyecto político basado en una sociedad que desconoce cómo será. Son dos situaciones radicalmente diferentes y, por tanto, incomparables. Las revoluciones tecnológicas llevan un ritmo tan vertiginoso que ni votantes ni políticos son capaces de controlar el proceso.
Antes de que la política pueda llegar a pensar en los avances de la biotecnología, aparece un científico chino, He Jiankui, y muta el gen a dos gemelas haciéndolas resistentes
al sida. La política no sabe qué decir porque se le escapa el fenómeno.
La Constitución necesita dos reformas: una la de convertir el Senado en una auténtica cámara de representación territorial y, otra, la de introducir un capítulo que contemple la sociedad virtual. Hoy, que Internet y sus consecuencias han alterado todo, resulta incomprensible y perjudicial para los intereses generales que la digitalización no esté presente en la Constitución.
No creo necesarios más cambios. La democracia es el único sistema político en el que la culpa de todo lo que pasa, o pase, la tienen los ciudadanos. En los demás regímenes, se impone a los ciudadanos las formas de gobierno y los gobernantes; en la democracia, somos nosotros quienes la imponemos.
Artículo publicado en el número 9 de la revista «El socialista extremeño»
