El Parlamento catalán eligió a un presidente golpista el pasado 10 de enero. Su elección es la consecuencia de lo establecido en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por mucho que la CUP pretenda justificar su voto argumentando que ellos no han votado por un presidente autonómico, sino por un presidente de la República provisional catalana, las palabras de la presidenta del Parlamento catalán al proclamar presidente al Sr. Puigdemont diciendo que “mañana se dará cuenta de esa elección al Rey Felipe VI”, revelan claramente que lo que se eligió fue un presidente autonómico y no otra cosa. En consecuencia, hay algo que el presidente y su gobierno no pueden dejar de hacer, que es cumplir y hacer cumplir las leyes, que es una de las exigencias para gobernar en un Estado de Derecho.
Las elecciones del 27S fueron convocadas de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, emanado de la voluntad del pueblo catalán y de la Constitución Española. No se eligió a un presidente de una República Independiente de Cataluña. Se eligió a un presidente de una Comunidad Autónoma. Y, como tal, está obligado consigo mismo y con los ciudadanos de Cataluña a cumplir y hacer cumplir las leyes.
Hasta ahora, con respecto a los independentistas catalanes, hemos vivido una situación inédita para la democracia constitucional de 1978, que ha dado lugar a decisiones como mínimo discutibles. Durante estos últimos meses hemos oído decir que iban a cometer un delito, poniendo fecha para esa comisión, la que va desde la toma de posesión del gobierno catalán hasta que pasen los 18 meses que se han dado de plazo para independizarse. El argumento de inhibición de quienes tienen la obligación de hacer que las conductas se ajusten a la legalidad se ha basado en el hecho de que los presuntos delincuentes habían dicho que iban a delinquir pero que todavía no habían delinquido y que, por lo tanto, no se les podía castigar, lo que no deja de ser una interpretación controvertida, que no casa con la detención de yihadistas que tenían intención de atentar contra el Estado pero que todavía no habían atentado.
Pero ahora, estamos en otro escenario. Ahora ya no advierten de la intención de delinquir. Ahora han delinquido. Setenta diputados han votado a un presidente que se declara en rebeldía contra el Estatuto, la Constitución y la autoridad del Tribunal Constitucional.
El Gobierno de España y su presidente tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución Española por todos los ciudadanos. El entonces candidato a presidente de la Generalitat anunció su incumplimiento, con publicidad y a la vista de todo el mundo. Dijo que no acataría la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba ilegal la resolución del Parlamento catalán que aprobó solemnemente “el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de República, y que el Parlamento no se supeditará a las decisiones del Tribunal Constitucional, instando al futuro Gobierno a cumplir exclusivamente las normas o mandatos emanados de esta Cámara”.
Estuvo bien la negativa del Rey a recibir a la Sra. Forcadell que pretendía entregarle en persona el nombre del presidente electo que quiere constituir una República independiente. Mejor hubiera estado que el Rey y Jefe del Estado o el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se hubieran negado a firmar el Decreto de nombramiento de semejante golpista. Ahora, el gobierno de España y su presidente no tienen excusa para no ejercer sus competencias, entre las que se encuentra la de requerir al presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña para que cumpla los compromisos que la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña le imponen.
Los catalanes ya han despejado sus dudas. Ya saben qué va a hacer su gobierno y su parlamento. Parece justo que los ciudadanos españoles sepamos también qué va a hacer nuestro gobierno y nuestro parlamento. Los españoles no podemos seguir ignorando y preguntando por lo que pase a partir de ahora. O bien el gobierno de España o bien los grupos parlamentarios tienen la obligación de desvelar sus intenciones en una sesión extraordinaria del pleno Congreso de los Diputados donde se den explicaciones y donde se anuncie la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española. ¿O vamos a seguir amagando?
El nuevo presidente ya comunicó su intención de llevar adelante una propuesta secesionista, en contra de las leyes y del interés general de España. Ya no se puede ni chalanear ni mirar para otro lado. Ya se acabaron los subterfugios. Ya está clarísima la pretensión de los independentistas. Se acabó el arte de mentir. Y se debería acabar el arte de influir que trata de mediatizar decisiones chamarileras. Ya no puede andarse nadie con medias tintas.
Mientras los independentistas sigan manteniendo la esperanza de que los españoles condescenderán con cualquier reivindicación, continuarán con su esperpéntica lucha a favor de la independencia. Ha llegado el momento en que esa esperanza desaparezca y que sean ellos, los independentistas, los que se vean en la obligación de responder a los demócratas españoles que apuestan sin fisuras por la no aceptación de la separación de cualquier parte del territorio español. La Nación española configura su voluntad a través de todos los españoles, por lo que es impensable que una parte de esos españoles pueda conseguir doblegar la libre decisión del resto que ya hemos decidido cómo queremos vivir, cuál es el modelo de Estado y cuáles son los límites territoriales de España.
Pues suerte que está claro ahora… Será porque barceloneses y catalanes no llevamos sufriendo desde hace ya más de 30 años la condescendencia de nuestras instituciones y partidos para con un nacionalismo que ha sido siempre secesionista y que ha medrado sin problema bajo el amparo de nuestro deficiente marco legal, constitución de 1978 incluida.
¿Y cómo se come que ediles socialistas hayan mentido y mantengan a 72 municipios catalanes en la Asociación de Municipios por la Independencia? Algo, desde luego, sucedido antes de las últimas elecciones autonómicas y generales, a las cuales su partido se ha presentado como PSC-PSOE.
¿Ha estado usted en Babia todo este tiempo o es sólo un cínico?
Ya no se puede chalanear ni mirar para otro lado… Osea, que cuando Maragall, que era de su partido, empezó con las multas y el acoso a cualquiera que rotulara en español en Cataluña sí que se podía mirar hacia otro lado. Y, por lo que se ve, también se podía cuando Montilla, que es de su partido, llevó casi al paroxismo las políticas nacionalistas compartiendo gobierno con ERC, que ha sido separatista desde el momento de su fundación.
Y, por lo que se ve, también se podía mirar hacia otro lado cuando los ediles socialistas de 72 municipios catalanes los afiliaron a la Asociación de Municipios por la Independencia, donde los mantienen. Y no se equivoque: eso lo ha hecho su partido mientras usted miraba para otro lado. La cabecera de las listas del 27-S era PSC-PSOE.
¿Y hacia dónde ha mirado usted todo este tiempo? ¿Y ahora que se ha enterado de la realidad va a darse de baja de su partido o va a seguir con su vacuo e insultante discurso?
A los catalanes que llevamos décadas sufriendo el nacionalismo nos debe usted como menos una disculpa. Y ser coherente. ¡Qué tranquilito vive el señor en su Extremadura!
Ahora no se puede mirar a otro lado… ¡Hay que ser falso!