Vivimos en una sociedad inmersa en un proceso de globalización creciente. Y en ese proceso han jugado un papel clave las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. España hace 30 años estaba aquejada de un profundo atraso económico y social. Ha superado estos problemas pero, al mismo tiempo, el mundo ha experimentado una revolución mayor, a la cual nuestro país se adapta perezosamente y la política y el Parlamento no se encuentran totalmente concienciados para participar en ella con éxito. Ocupamos el puesto 35 de 139 en el ranking digital mundial.
1. Introducción
Nadie pondría en duda el interés de los partidos políticos por las tecnologías digitales si se leyeran las propuestas que sobre esa materia figuran en sus respectivos programas electorales. Sin ánimo de exhaustividad, resumimos algunas de las propuestas más significativas de los cuatro partidos de ámbito estatal para las últimas elecciones de 26 de junio de 2016.
En el Partido Popular (PP) la tecnología es vista como una posibilidad para que la economía española aumente su capacidad competitiva y la creación de empleo a través de un nuevo enfoque educativo. Para ello, sitúan a la economía digital como eje del crecimiento económico, universalizando la cobertura 4G y fomentando la implementación de la 5G.
Se prometía extender la cobertura de las redes de fibra óptica de muy alta capacidad a todas las localidades de más de 5.000 habitantes. También, entre sus propuestas, figura la promesa de convertir en ciudades inteligentes todas aquellas localidades de más de 50.000 habitantes, además de elaborar un plan para que todos los trámites administrativos puedan hacerse online e impulsar la digitalización de la justicia así como la diplomacia digital y el uso del big data para fomentar el crecimiento.
Uno de sus objetivos se basa en la regularización del uso de plataformas de crowdfunding; potenciando este canal de financiación, garantizando un adecuado nivel de información y protección para los emprendedores y los inversores.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) dedica una parte importante de su programa a la tecnología y al I+D+i. Entre sus promesas, figuran la aprobación de una Ley de Derechos Digitales y un Plan que denominan con el sugerente título: «Toda España conectada ». También se comprometían a impulsar las startups, poniéndose como objetivo que a final de legislatura se creen hasta 1.000 de forma anual. Apuestan por la neutralidad de la Red, de forma que las operadoras deban garantizar el mismo servicio a todo el mundo, que no se ralentice ni corte tráfico alguno, sea del tipo que sea salvando los casos específicos de gestión adecuada de red y de legalidad.
También se compromete a la elaboración de una ley de derechos digitales que incluiría el derecho al olvido, la privacidad y protección de datos tanto en comunicaciones personales como laborales.
Garantiza el acceso a la banda ancha de alta velocidad a precios asequibles, prestando especial atención a las zonas rurales y extendiendo la obligatoriedad de cobertura a todos los centros urbanos y empresariales dentro del plan «Toda España conectada».
En el programa electoral de Podemos se mezclan todos los conceptos digitales sin que se pueda extraer una idea exacta de las pretensiones de ese partido con respecto a las tecnologías digitales. Proponen la creación de la ventanilla digital única para que el ciudadano no tenga necesidad de aportar documentación ya digitalizada y a disposición de la Administración.
Se entra en una novedosa propuesta sobre los derechos de autor, prometiendo la creación una plataforma de streaming justa, que pueda ofrecer de forma gratuita las creaciones de los artistas que así lo soliciten, pero que también tengan una compensación adecuada. Se decantan por el acceso a espacios de trabajo compartidos, a incubadoras y a startups, proponiendo financiación a través del Instituto de Crédito
Oficial y de la banca pública que crearían en caso de llegar al Gobierno.
Se muestran defensores del software libre en la Administración siempre que las herramientas disponibles lo permitan, posibilitando así la autonomía tecnológica de España.
El programa de Ciudadanos propone que la tecnología digital represente una oportunidad para mejorar la economía, el empleo y la creación de empresas de alta capacidad innovadora. Para ello, apuestan por mejorar las conexiones en todo el territorio nacional y convertir a las ciudades en ciudades conectadas.
Apuestan por la bonificación fiscal a las pymes y a los autónomos para facilitarles el uso de banda ancha. En relación con los derechos de autor, proponen la creación de una biblioteca digital pública, en colaboración Gobierno central-Gobiernos de las comunidades autónomas, gratuita para los lectores con menos recursos y compensando a los autores por sus derechos.
2. Tradición frente a cambios
Si los programas electorales de esos partidos conceden cierta importancia a la digitalización, cuando se convierten en Gobierno o en grupos parlamentarios olvidan esas propuestas y «si te he visto, no me acuerdo». El verano de 2017 se ha visto alterado por los conflictos de los taxistas y hoteleros que exigen que los negocios sigan la pauta tradicional, ignorando que la aparición de Internet está alterándolo todo. Los pronunciamientos de los responsables políticos en relación con esos conflictos ponen sobre la mesa la ignorancia de la que hacen gala quienes olvidan sus propuestas electorales para alinearse con aquellos que, teniendo una forma de trabajar, no están dispuestos a aceptar que ese mismo trabajo o negocio pueda realizarse de manera distinta a la habitual. Hoy vemos como trasnochada la reacción del dueño de las diligencias cuando tiraban piedras al tren, que alteraba la forma de trasladar viajeros de un sitio a otro. Lo que ya no resulta ni lógico ni comprensible, y ni siquiera tolerable, es que quienes gobiernan España y representan la soberanía nacional no tengan en sus agendas los retos, los desafíos, los riesgos y las oportunidades que ha supuesto la aparición de Internet en nuestras vidas y en nuestra sociedad. No es de recibo que se siga gobernando y adoptando medidas como si las tecnologías digitales solo fueran herramientas para hacer lo mismo que se hacía antes, pero con ordenadores.
Que la irrupción de las tecnologías de la información y del conocimiento no figura en las agendas del Gobierno, de los grupos parlamentarios y de los partidos políticos no exige demostración. Basta con que pongamos dos ejemplos para avalar la afirmación:
— Nadie recuerda que haya habido alguna propuesta o debate significativo relacionado con esa tecnología y las consecuencias de la misma en la nueva sociedad en las cuatro últimas legislaturas. Solo el canon digital, impuesto por los lobbies que manejan el negocio de los derechos de autor (y ahora recientemente cuestionado por muchos de ellos) ha sido materia de debate en el Congreso de los Diputados. Canon que, por cierto, provocó el fenómeno conocido como 15M, con acampada en la Puerta del Sol de Madrid, y que, actualmente, y como consecuencia de diversas sentencias judiciales, ha vuelto a reformarse dando una vuelta de tuerca a un modelo finiquitado y despreciado por los creadores e innovadores del
Siglo XXI.
— Como dice Andrés Pedreño «ningún líder político en sus mítines o en sus apariciones públicas ha destacado que su partido y él apuestan y creen en la economía digital». Por contra, los indicadores que valoran el nivel de penetración de los países en la sociedad digital acercan cada vez más a España a los países líderes en digitalización.
Las tasas de uso de teléfonos inteligentes, la penetración de Internet, las redes sociales, se sitúan en unos niveles que indican que la sociedad española puede considerarse a sí misma como una sociedad digitalizada. España ocupa la posición de liderazgo europeo en el despliegue de redes de nueva generación (tecnología FTTH). La banda ancha móvil (4G) en la misma fecha daba cobertura al 95 por 100 de la población (Telefónica,
2016). En España existen 23.000.000 de usuarios intensivos (acceden diariamente) de Internet. El 93,3 por 100 de los internautas utilizan el teléfono móvil para acceder a Internet. Entre los ciudadanos de 16 a 24 años, la cifra sube hasta el 98,8 por 100 (INE, 2016). España contaba en 2016 con 22.500.000 de accesos de fibra óptica instalados en los hogares, lo que convierte a España en el país europeo con la red de fibra hasta el hogar más extensa (Minetur, 2016).
Estamos, pues, ante una sociedad del Siglo XXI gobernada y representada por gobernantes y políticos (con honrosas excepciones) del Siglo XX.
3. Internet y los cambios
A estas alturas, en el primer cuarto del Siglo XXI, no hay nadie que ignore la trascendencia que para la sociedad significó la aparición de Internet a finales del Siglo XX. Apenas han pasado 25 años desde que Internet se puso a disposición del gran público, y en ese pequeñísimo espacio de tiempo han ido apareciendo programas y aplicaciones que han alterado casi todo y han cambiado las costumbres y las maneras de hacer las cosas que teníamos los seres humanos. Las formas de comunicación han sufrido cambios espectaculares con la aparición del correo electrónico, de los SMS, del WhatsApp, de YouTube, de las redes sociales, etc.
Tal vez, el ejemplo más acabado de los cambios tan bruscos e instantáneos lo explique lo que aconteció hace apenas unos pocos años con uno de los gigantes que imponía su ley en el planeta Tierra. Su grupo de empresas era de tales dimensiones que, más¡ que un grupo, era un verdadero emporio. Su producción era tan exclusiva y su demanda tan pujante que, de hecho, tenía el monopolio de toda la producción mundial. Imponía su ley a nivel global. Era tal su presencia y grado de dominio del mercado que sus productos se distribuían desde la Patagonia argentina hasta la Laponia noruega y desde el Caribe hasta el Mediterráneo, pasando por la Polinesia.
Su producción tenía una demanda tan dinámica y creciente, era tan próspero su negocio y tan grande su implantación y poderío, que no le faltaron competidores a lo largo y ancho de todo el planeta. Todos tenían que doblegarse ante sus dimensiones y desistir en el empeño de hacerle la más mínima sombra de competencia.
Pero de la noche a la mañana, la suerte cambió de modo radical. El mercado de sus productos se hundió totalmente y, a día de hoy, el emporio ha sido literalmente barrido de la faz de la tierra. Eliminado del mercado por la gran presión ejercida por las nuevas tecnologías emergentes. El negocio en cuestión era el omnipotente mundo de la fotografía clásica y el emporio no era otro que el grupo Kodak.
El mundo de la fotografía digital ha eliminado de un plumazo y en un plazo récord el negocio de la fotografía de generación química en soporte de acetato.
Dónde y cómo estamos
Las convulsiones financieras producidas a nivel mundial en los diez últimos años han tenido consecuencias dispares para las economías del llamado primer mundo. Por países, los efectos producidos han estado y están correlacionados con sus distintas estructuras productivas. Países con economías sustentadas exclusivamente en actividades especulativas del sector financiero han sufrido consecuencias devastadoras e irreversibles.
Por el contrario, países con economías soportadas en sectores productivos no especulativos se vieron afectados en menor medida, y solo de un modo temporal y reversible. Sus niveles de exportación decrecieron por la caída de la demanda internacional de sus productos, pero el retorno a niveles de producción «normales» se presenta como factible a corto plazo.
España, con una economía que se sustentaba en los sectores de turismo y construcción, vio cómo a partir de 2008 las sucesivas crisis financieras elevaron a más de 5.000.000 el número de desempleados, el 23 por 100 de la población activa. Ese desempleo procedía, en buena medida, del sector de la construcción, subsector vivienda, que, al socaire de una deficiente legislación sobre el suelo y las políticas de facilidad crediticia llevadas a cabo por muchas de las instituciones financieras, posibilitaron la edificación de un parque inmobiliario de dimensiones inasumibles.
El sector turístico se ha visto beneficiado con un incremento notable en el volumen de su facturación externa, hasta el punto de que su aportación al crecimiento del PIB ha contribuido decisivamente a aliviar la situación de la balanza de pagos de la economía española.
A modo de metáfora
Existen aviones cuatrimotores y trimotores; los hay con dos motores, con un solo motor e, incluso, los que vuelan sin motor. Al igual que en la aeronáutica los motores son los impulsores del avión, en la economía de un país los sectores productivos actúan como mecanismos de tracción, generadores de actividad económica.
Existen países con cuatro sectores productivos, con tres sectores productivos, países con dos sectores productivos, países con un solo sector de producción e, incluso, países que sin tener ningún sector productivo relevante, subsisten, se desarrollan y crecen hasta conseguir niveles aceptables de prosperidad. En este último caso, y a título de ejemplo, en nuestro entorno más próximo se encuentran países como Austria, Bélgica o Portugal.
Como ya hemos dicho más arriba, España era un país con dos motores, dos sectores productivos: turismo y construcción. Sectores que en las dos últimas décadas permitieron, con su pujanza, fortaleza y desarrollo, instalarnos como país en un nivel de relevancia del que se hacían eco de modo positivo todos los medios de comunicación, tanto generalistas como especializados.
Para un país con dos sectores productivos, la pérdida de uno de ellos puede resultar catastrófica o no, dependiendo del modo y manera en que se produce tal pérdida. El sector de la construcción se ha parado por falta de combustible pero nadie pone en duda que la restricción crediticia, por la situación por la que pasan las entidades financieras y por el excesivo endeudamiento de las familias, no va a posibilitar que a corto plazo el mercado de la vivienda nueva se recupere a niveles aceptables como para que el motor vuelva a estar operativo.
En el momento de redactar estas líneas asistimos a un nuevo ataque terrorista en la ciudad de Barcelona, una de las ciudades turísticas más importantes de España. El motor del turismo sigue intacto y potente, pero atentados como el de Barcelona producen ruidos en ese motor que podrían llegar a convulsionarlo y desestabilizarlo, como ha ocurrido en otros países del área mediterránea.
En esta tesitura, parece meridianamente claro que solo el sector público estaría en condiciones de explorar nuevos caminos que nos permitan ser inventores de una nueva Era.
Nuevos caminos
Nuestro modelo económico, tras el agotamiento del sector de la construcción, pivota excesivamente sobre el turismo. Esperar a que vuelva la situación anterior a 2008 es una entelequia. Se necesita que políticos y gobernantes exploren las posibilidades que ofrecen las tecnologías digitales. Esas tecnologías e Internet han adquirido un protagonismo cada vez mayor en el conjunto de nuestra sociedad y en muchas de sus empresas, aunque, igual que ocurre en la política partidaria, existen sectores empresariales que piensan que estar en la sociedad digital es tener una página web o contratar a un community manager. De igual forma que algunos de nuestros líderes políticos y parlamentarios consideran que estar en esa sociedad consiste en contar con asesores que les lleven las cuentas en Twitter y Facebook, ignorando que es necesario explorar nuevos caminos en los que encontrar nuevos empleos que serán desempeñados por los niños de hoy, o descubrir empleos que ya no se desempeñarán ni de la misma manera ni por el mismo tipo de trabajadores.
El mundo ha comenzado un proceso similar al que ocurrió con el paso de la sociedad agraria a la sociedad industrial a partir de finales del Siglo XVIII, con la diferencia de que este fue un cambio lento, paulatino y asimilable por la sociedad, mientras que el paso de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento se está produciendo de una manera brusca, rápida y sorprendente.
Frente al gigantismo y la burocracia del modelo anterior, basado casi siempre en grandes tecnologías e infraestructuras, el nuevo modelo de actuación admite la importancia de lo pequeño. Tras una economía basada en los productos, en lo tangible, la nueva se organiza alrededor de los servicios. Y en este nuevo escenario de lo intangible cobra una especial importancia la innovación como motor económico. Una innovación que se alimenta de la creatividad de individuos y colectivos interactuando en red.
La aportación de la economía digital al PIB español en 2015 fue de 231.000 millones de dólares (210.324 millones de euros), es decir, el 19,4 por 100 del PIB nacional según informe de Accenture Strategy: Digital Disruption: the Growth Multiplier, del año 2016. Según la misma fuente, si se lograra el escenario optimo, el porcentaje de contribución podría elevarse al 24 por 100 del PIB. Estamos, pues, ante una gran oportunidad: un nuevo modelo de desarrollo. Para hacer visible y eficaz ese modelo resulta necesario que quienes gobiernan y representan a los ciudadanos conozcan los efectos que la irrupción de las nuevas tecnologías está provocando en el conjunto de la sociedad.
Son muchas las opiniones que avisan y advierten de los cambios tan espectaculares que se están produciendo y se van a producir en la forma y manera de trabajar. No ha existido revolución tecnológica que no haya alterado o dislocado el mercado laboral. La revolución industrial provocó en sus inicios un paro de algo más del 50 por 100 en Inglaterra y, sin embargo, el progreso y el empleo creados han sido infinitamente mayores y mejores que los que proporcionó la revolución agrícola.
A pesar de lo que cuenten en sus programas electorales, en estos momentos hay mucho político, del Gobierno y de la oposición, con tabletas y smartphones en las manos, que piensan que así demuestran su apego a la sociedad de la información y del conocimiento. Incluso, no responde al deseo, sino a la moda, el hecho de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya añadido recientemente el apellido de Agenda Digital al Ministerio de Energía y Turismo. Basta entrar en la página web de ese ministerio para descubrir la nula importancia que tiene el apellido «Digital» para sus responsables. Si se observan las ruedas de prensa que han celebrado sus altos dirigentes, desde la creación de ese ministerio en 2016, hasta agosto de 2017, ninguna de esas comparecencias tuvo nada que ver con las tecnologías digitales. Sumemos a esta dejación el hecho de que los debates parlamentarios a iniciativa del ministerio o de la oposición en la Comisión correspondiente nada tienen que ver con la Agenda Digital, y concluiremos que no es precisamente el tema digital el que está presente en la agenda del Gobierno o de los grupos parlamentarios. No resulta fácil recordar algún debate parlamentario de cierta trascendencia (investiduras, moción de censura al Gobierno) en el que se haya hecho hincapié en la nueva realidad que han conformado las tecnologías digitales y que cada día más crean situaciones que hace 30 años nadie llegó, siquiera, a imaginar.
4. ¿Que inventen ellos?
El Gobierno español y el Parlamento tienen la responsabilidad y la obligación de resolver la dicotomía en la que en estos momentos se encuentra inmersa la sociedad española: o nos enganchamos con todas las consecuencias a la sociedad digital o, una vez más, dejamos que «inventen ellos». Advertimos que España, una vez más, necesita tomar una decisión, tratar de enfrentar lo que viene. Esta resolución no debería ser únicamente de una sola persona ni en un solo momento; esta decisión será el resultado de un proceso en el que, directa o indirectamente, deberán participar distintas personas y colectivos. Si lo queremos llevar adelante necesitamos reagruparnos y sumarnos a las tareas y apoyar a los líderes, y al mismo tiempo, ser cada uno líder en el lugar que le toque hacer su aportación. Este debería ser un gran cambio para España.
La sociedad de la información, que hoy está conectando al planeta entero, amenaza con pasarnos por encima, penetrar en nuestros hogares como una ola e inundar cada uno de sus rincones. El movimiento denominado 15M de los jóvenes indignados españoles es un ejemplo más de lo que aquí se dice, pero no es el único:
Argelia, Túnez, Libia, Reino Unido, Siria, Grecia… sonotros paradigmas de esa ola que promete arrasar la forma de hacer política, de ejercer el liderazgo.
La sociedad de la información ya se ha convertido en una red global. Lo importante, más que los cables y los repetidores, mucho más que los miles de jóvenes frente a sus ordenadores enviando mensajes, organizando protestas o ensayando nuevas fórmulas, es que estas nuevas tecnologías están afectando a nuestras capacidades, tanto de manera positiva, como negativa. Como en otros trances de la historia, al aparecer nuevas prácticas por la irrupción de nuevas herramientas, quienes les dieron la espalda, quedaron fuera y, en no pocas ocasiones, pagaron un alto precio por su insensatez.
Lo único cierto es que el Siglo XXI, como cualquier tiempo futuro, está por ser definido; podrá parecerse a nuestras peores pesadillas, si nos mantenemos al margen y paralizados por la desconfianza. Si nos mantenemos en la pasividad, en el recelo o en la desconfianza, no hay que ser vidente para atisbar un
Siglo XXI sin nosotros.
Al proponernos participar en la construcción de la sociedad de la información, parecería que existe, como opción, no participar. No es así. Si miramos el avance de Internet, a lo que nos enfrentamos no es una elección entre comprar o vender por la gran Red universal. Estamos hablando de la manera de coordinarnos, vivir e intercambiar con otros en el futuro. Si en lo político, la colaboración entre bloques avanza, si en la economía, las barreras van cayendo en favor de la competencia abierta, si en los negocios, las compañías se internacionalizan, todo esto es soportado y acelerado por una manera nueva de hacer transacciones y de relacionarse. Una vez más en la historia, las herramientas disponibles están trayendo un nuevo tipo de relaciones, una nueva manera de vivir, que no solo afecta al ámbito de los negocios o la producción. Está afectando toda la vida de la gente. Si en el pasado llegó el momento en el que una comunidad necesitó adoptar el hierro para sobrevivir y crecer, luego las máquinas a vapor y más tarde la electricidad y el petróleo, en la actualidad el centro motor de la vida de las comunidades ha pasado a ser Internet.
Derecho a competir
España se ha ganado el derecho a competir en el Siglo XXI. Ha pasado de ser un país aislado a un país que ha resuelto sus necesidades básicas, estableciendo un excelente punto de partida en su estructura económica y social. La historia de España enseña mejor que otras, que cuando el marco está definido o los objetivos están claros bajo cualquier presión, el pueblo se une para asumir el riesgo. En los últimos 30 años hemos demostrado que, en libertad, somos capaces de ponernos al día, reconstruir nuestra imagen como país, tomando lo que haga falta de fuera e integrándolo en lo nuestro. Ha sido una etapa relevante, donde se asumieron los desafíos de la democracia y de la descentralización de manera brillante. La Constitución Española de 1978 marcó los pasos y los españoles hemos cumplido. No es gratuito el papel que tenemos hoy en el debate político mundial, aunque, de nuevo, vuelve a difuminarse como consecuencia de nuestro afán por ignorar lo que está pasando en un mundo que no se parece nada al anterior.
Sin embargo, si durante un tiempo lamentamos haber perdido el tren de la modernidad como consecuencia de la etapa de la dictadura, ya no cabe el reproche. El futuro que construyamos en esta nueva época dependerá de las oportunidades que sepamos aprovechar. Las oportunidades tienen un tiempo que es finito y si no las aprovechamos en su momento, pasan. Frente al gigantismo y la burocracia del modelo anterior, basado casi siempre en grandes tecnologías e infraestructuras, el nuevo modelo de actuación admite la importancia de lo pequeño. Tras una economía basada en los productos, en lo tangible, la nueva se organiza alrededor de los servicios. Y en este nuevo escenario de lo intangible cobra una especial importancia la innovación como motor político y económico. Una innovación que se alimenta de la creatividad de individuos y colectivos interactuando en red.
Y la innovación es cambio. En el momento en el que vivimos, los cambios no son solo inevitables, sino que se producen cada vez con más rapidez. El vértigo es una sensación lógica en unos tiempos en los que cualquier idea o artefacto puede ser vanguardista hoy y caduco mañana. Cuando algunos comenzamos a gobernar hace 35 años, no existían los teléfonos móviles, ni Internet, ni Google, ni los blogs, ni sabíamos lo que era un SMS ni las redes sociales. Gobernar hoy o dirigir cualquier iniciativa sin tener en cuenta esta nueva realidad es fracasar.
Oyendo los discursos políticos actuales, parece que todo el mundo ha entendido que la innovación es la palabra clave de la nueva sociedad. Innovar es acelerar para ser el primero, para llegar antes que los demás a soluciones nuevas. La innovación solo se puede hacer acelerando, intentando hacer hoy lo que se hará dentro de unos meses. Alguien ha dicho, y tiene razón, que solo quien se pregunta cómo adelantarse a los demás, está capacitado para innovar. En eso debe consistir la tarea de los Gobiernos, en estimular, comprender y apoyar a los que quieren hoy idear la vida tal y como se vivirá dentro de cuatro o diez años. Y eso tiene poco que ver con aumentar más o menos el presupuesto de I+D+i.
Es evidente que la innovación puede tener un rechazo social en un primer momento. Siempre ha pasado lo mismo. La suerte es que ahora en España a nadie van a meter en la cárcel o quemar en la hoguera por querer adelantarse a su tiempo.
Todo será más difícil de entender y de explicar si seguimos manejando conceptos de la sociedad anterior o debatiendo sobre propuestas ya caducas. Teniendo cientos de miles de millones de páginas en Internet, que crecen exponencialmente año tras año, resulta absurdo debatir sobre la gratuidad o no de los libros de texto o sobre la emigración de los jóvenes universitarios a otros territorios diferentes de aquellos en los que nacieron y se formaron. Por el contrario, apostar por el que «inventen ellos» es anclar nuestra economía en el Siglo XX para hacerla caminar a base de productividad baja y empleo de baja calidad y preparación técnica. La economía española no puede seguir dependiendo de nuestra capacidad de venta basada en salarios bajos, en trabajadores sin cualificación, ni en la capacidad de compra de nuestros clientes exteriores.
Una propuesta
Para seguir el camino de la digitalización resulta exigible que en el Parlamento español se cree una Comisión especial, liderada por el Ministerio de la Agenda Digital e integrada por todos los grupos parlamentarios para la elaboración de un plan de digitalización de la sociedad española, y con la participación activa de todos aquellos sectores que estén ejerciendo liderazgos en el entorno digital.
Los líderes del Gobierno a cualquier nivel también tendrán que reaprender a gobernar. Cuando la tecnología permite que el control y los procedimientos no sean una tarea de las personas, gobernar no es administrar, es decir, ejecutar y controlar que otros ejecuten; esa es tarea de los especialistas, de los funcionarios que saben hacer su trabajo. Lo que necesitamos son gobernantes que sepan escuchar las demandas ciudadanas, que sepan constituir equipos de trabajo para escucharlas, atenderlas, discutirlas y transformarlas en proyectos llegado el caso, y eficaces políticos para intervenir y desbrozar las dificultades que cada proyecto encuentra en sus distintas etapas.
Estamos viviendo en un mundo nuevo por el que pulula una sociedad invisible que no es solo la que emerge en las redes sociales y que, al parecer, es la única que preocupa al gobernante y al político. Esa sociedad invisible está abarrotada de emprendedores, innovadores, gente, en definitiva, que quiere cambiar el mundo y que saben que ahora, desde el más humilde y distante rincón de España y disponiendo de tecnología suficiente, pueden aportar ideas, sugerencias o propuestas que puedan cambiar la realidad para hacerla mejor y adaptada al cambiante mundo en el que vivimos.
El papel de los líderes deberá consistir en convocar, movilizar y abrir espacios para que la gente se sume masivamente a un proceso de esta naturaleza. El Gobierno requiere cambiar su forma de operar. Por ejemplo, desarrollar mecanismos para estar conectados al instante con los ciudadanos, operar con mayor autonomía y coordinación. Ser un agente fundamental en la profundización de la democracia, por medio de la ampliación de la participación.
Es ahí donde el político y el gobernante deben buscar sus alianzas, en esa sociedad invisible formada por nuevos emprendedores que quieren cambiar el statu quo y las formas clásicas de crear y de producir. Los componentes de esa sociedad están reclamando su papel porque se consideran, y lo son, creadores e innovadores del Siglo XXI que no pueden ser ignorados o despreciados por Administraciones que se rigen únicamente por la inercia, las modas, o por los impulsos de la Unión Europea, o por sectores socioeconómicos que se resisten a perder algunas de sus ventajas tradicionales.
Al proponer la creación de una Comisión especial en el Congreso de los Diputados para elaborar una propuesta digital para España, no se está inventando nada nuevo. Países europeos de nuestro entorno ya han creado comisiones similares a la propuesta. Véase si no el caso de Reino Unido, donde existe una Comisión específica en la Cámara de los Lores, Digital Skill Committee, dedicada a la sociedad digital. En 2015, esa Comisión emitió un informe, The UK’s Digital Future, que analiza con datos la situación digital de Gran Bretaña y propone soluciones recomendables para el Gobierno, entre las que se destacan: impulsar el conocimiento digital, en paralelo al de la lengua inglesa y las matemáticas; otorgar a Internet la importancia que tiene como servicio básico, haciéndola accesible a todos los ciudadanos; situar la Agenda Digital en el centro de las prioridades de los diferentes Gobiernos.
Dos años antes, en 2013, el Parlamento danés emitió un informe, Denmark Digital Growth, en el que se propone una estrategia para que Dinamarca aproveche y se beneficie de las oportunidades que ofrece la nueva sociedad.
Alemania creó, también, una Comisión en el Bundestag, que hace un seguimiento de todas las innovaciones surgidas al amparo de la digitalización, orientando sus conclusiones hacia el sector industrial.
Fue una revista, L’Usine, la que en Francia elaboró un informe analítico y crítico con la política francesa, titulado Comment faire entrer le numerique dans les debats politiques d’ici à 2017, destacando las debilidades y el papel ridículamente activo del Parlamento francés en esta materia (Berger, 2014).
Si nos fijamos en la actividad parlamentaria de varios países de nuestro entorno, en lo referente a la digitalización, podemos observar en un informe de Google, de agosto de 2017, que en Reino Unido, en abril de 2017, el Parlamento británico, a propuesta del Gobierno, aprobó la Ley británica sobre economía digital (Digital Economy Act 2017) después de un largo debate parlamentario con enmiendas en ambas Cámaras. La Ley aprobada se centra en la provisión de infraestructuras de comunicación, la propiedad intelectual o la restricción de acceso a Internet.
En Francia, la cobertura digital del territorio (banda ancha, infraestructuras, cobertura digital rural…) son las cuestiones que más debates y preguntas parlamentarias han generado en los últimos meses en el Senado francés. Además, la Asamblea Nacional francesa cuenta con una Mission d’information sur la couverture numerique du territoire, encargada de los asuntos relacionados con el estado de la digitalización en la República francesa.
En Alemania, el Bundestag cuenta con una comisión legislativa permanente, encargada de la agenda Digital. En dicha comisión se debaten los asuntos relacionados con las políticas de Internet y la digitalización desde una perspectiva multidisciplinar. La digitalización es objeto de numerosos debates e iniciativas en el Bundestag.
En Dinamarca, que está considerada líder mundial en este campo, su Gobierno está liderando negociaciones para llegar a un acuerdo entre partidos políticos para desarrollar una política de telecomunicaciones conjunta, involucrando en ella tanto a los Gobiernos como a las empresas, como indica el Informe de Google sobre modelos de gestión de las Administraciones Públicas de nuestro entorno en el ámbito digital, de agosto de 2017.
Brecha entre tecnología y política
No pretendemos en este artículo reseñar el uso que de las tecnologías digitales se hace en el Congreso y en el Senado ni, tampoco, examinar la legislación, decretos u órdenes emitidos desde los diferentes Gobiernos en esta materia. El Parlamento español aumenta sistemáticamente las TIC con el objetivo de fortalecer la democracia, hacer más transparente el trabajo parlamentario y promover la participación política de los ciudadanos.
Defendemos que el uso de las TIC exige un debate previo que marque el objetivo y ponga las herramientas tecnológicas al servicio de ese objetivo. Tanto el Parlamento, como los grupos parlamentarios, como el Gobierno, tienen que diseñar sus objetivos y utilizar la digitalización en función de ellos. De igual manera, el Gobierno y los partidos tienen que asomarse constantemente a la evolución de las tecnologías digitales no para conducirlas, acelerarlas o retardarlas, sino para hacerse cargo del estado de ánimo y de la situación que el uso de las mismas está provocando en los ciudadanos.
Son los políticos los responsables del desarrollo tecnológico de países como Estonia, Finlandia o Dinamarca, y son los políticos los responsables del atraso de Cuba o Corea del Norte en esta materia.
Resulta una tarea complicada porque la tecnología digital avanza y se desarrolla a mayor velocidad de lo que abarca la política. La tecnología actual se sitúa en la cabeza de los cambios sociales, económicos, culturales… y a la política le cuesta ponerse a su altura para regular las nuevas e inimaginables situaciones que se han creado, y se crean, como consecuencia de ese desarrollo tecnológico. Son los políticos y los Gobiernos los que proporcionan las herramientas básicas para que la tecnología avance; sin redes que conecten a las personas, a las cosas entre sí y a las cosas con las personas no existiría la posibilidad que ofrecen las bases de datos, que permiten que los ciudadanos, las empresas y los servicios puedan utilizarlas para su beneficio personal y empresarial. Si la política ofrece nuevas herramientas, la política tiene la responsabilidad de hacerse cargo de los cambios que esas herramientas están produciendo en la sociedad y en la forma de comunicarnos, informarnos, formarnos, comprar, etc. Siguiendo a Slavoj Zizek, «la tecnología no designa una compleja red de máquinas y actividades, sino la actitud hacia la realidad que asumimos cuando nos involucramos en dichas actividades».
Acontecimiento (Zizek, 2014).
5. ¿Cuál será nuestra oferta?
Los cambios mundiales en la tecnología están provocando un proceso que los estudiosos conocen como «digitalización del planeta». El carácter de la tecnología digital o informática desarrollada en los últimos 25 años ha traído la posibilidad de inventar negocios con raíces locales, pero con la oportunidad de hacer ofertas a nivel mundial. Este fenómeno que ocurre en el ámbito de los negocios también se reproduce en lo cultural y político. ¿Y España? ¿cómo está? ¿cómo debería estar? El reto consiste en desarrollar una oferta que constituya la identidad de España. Es la identidad, que se asocia a los productos en expresión digital, lo que importa. Lo mismo ocurre con las identidades nacionales. ¿Qué es lo que vende España? ¿cuál es el valor y la diferencia que aporta España? ¿cuál es el valor y la diferencia que traen las ofertas de las compañías españolas? La clave es diseñar lo que caracterizará a las ofertas de España en la Red. La tecnología emergente y su utilización para acercarse al cliente presentan un espacio para la invención de valor a través del cultivo de las relaciones personales. Empresas como «Google», fundada por un par de estudiantes de la Universidad de Stanford en Estados
Unidos, con una inversión mínima, comenzaron a operar y a crecer en proporción exponencial y, hoy, Google es el principal buscador de Internet.
Frente a esta avalancha, a este verdadero nuevo continente de relaciones entre las personas de todo el mundo, ¿qué oferta puede distinguir a España en Europa y en el mundo? Y, como consecuencia, ¿cómo ayudará a mantener y cuidar la identidad y lo más valioso de nuestro modo de ser en comunidad? ¿qué dominios de ofertas de sectores podemos explorar? ¿agricultura, alimentación, turismo, cultura, patrimonio, tecnología, calidad de vida, seguridad, negocios? Responder a estas preguntas puede marcar la diferencia entre estar a la deriva o avanzar con un diseño de ruta que nos permita aprovechar los vientos y mareas de la mejor manera dentro de la fortaleza y fragilidad de nuestra embarcación.
El futuro que construyamos en esta nueva época dependerá de las oportunidades que sepamos aprovechar. Las oportunidades tienen un tiempo que es finito; si no las aprovechamos en su momento, pasan. Contando con la capacidad innovadora, entendida como la capacidad de desarrollar nuevas ofertas a partir de las insatisfacciones de los ciudadanos y de la apropiación de las experiencias y tradiciones, disponemos de una amplia capacidad de oferta. Pero también necesitamos desarrollar una capacidad que es complementaria a la capacidad de innovación. Estamos hablando de capacidad emprendedora.
Por capacidad emprendedora se debe entender mucho más que la capacidad de desarrollar empresas de negocios. Cuando hablamos de capacidad emprendedora nos referimos a la capacidad de desarrollar, con las innovaciones, una identidad en el mercado o comunidad en que se decida insertar. Una identidad soportada por una oferta o propuesta, y por una organización con capacidad de reproducirse en el tiempo. La capacidad emprendedora opera en cualquier ámbito humano, desde los negocios a la política, desde el arte a la ciencia, desde lo cultural a lo social.
Para inventar un futuro distinto para España no basta la capacidad de innovar en propuestas o ideas, por novedosas y factibles que éstas sean. Se requiere la capacidad de comprometer una nueva identidad, una oferta o propuesta que permita convocar a una comunidad, y una organización que opera para concretar esa oferta en promesas que se cumplen con impecabilidad.
Nuevo estilo de liderazgo
Ahora que se habla y rumorea sobre liderazgos débiles en las distintas formaciones políticas, España necesita preguntarse sobre las condiciones que se requieren para liderar una nueva sociedad como la descrita, en el supuesto de que queramos adentrarnos en ella. Un paso en el camino consiste en caracterizar sus rasgos básicos y tener una interpretación sólida sobre lo que fue efectivo y ha dejado de serlo.
Al no disponer de una visión y una forma de hacer que sitúe el liderazgo de cara al futuro, se cae en la impresión de estar ante caminos diferentes porque cada uno solo ve sus tareas inmediatas. Este fenómeno puede percibirse en el interior de los Gobiernos occidentales. Cada área gubernamental parece tener una tarea que le es propia, como si no fueran parte de un colectivo que al final será evaluado por los ciudadanos y los votantes como una entidad única. En dicho contexto, no es de extrañar que domine una cultura donde prima el interés por asegurar una posición individual en las estructuras existentes, por encima de la búsqueda de nuevas opciones. Socialmente tiene más valor contar con un puesto que cree la ilusión de seguridad, que asumir riesgos que obliguen a competir recurrentemente por el bienestar y el progreso. El modo de ejercer el poder funciona, en la vigente democracia, con un líder que ejerce y acumula legitimidad rodeado de un grupo de ejecutivos leales que realizan y permiten ampliar la capacidad de participar en los ejercicios de poder del líder. Esta noción termina dañando la relación de colaboración, pues va generando hábitos de silencio. Dejan de participar en la elaboración de estrategias donde se inventa el futuro y se articula el poder.
Ese estilo, que ya comienza a perder vigencia, valora como factores de éxito el control y la disciplina. Entrega el liderazgo a muy pocas personas, que consiguen éxito por realizar bien las directrices o instrucciones del jefe, por no aparecer discrepantes y por mantener al país cerrado a opiniones e interpretaciones de otras esferas o comunidades. Ahora nuestro reto es colectivo, porque nuestra oportunidad también es colectiva. Tenemos que dar pasos hacia la colaboración como la relación dominante entre los distintos sectores del país, abandonando nuestra inclinación a confrontarnos y descalificar toda iniciativa que no se sienta como propia. Vivimos un cambio general de estilo de liderazgo que desplaza un formato dominante, marcado por la búsqueda del control y de la anticipación del futuro como una proyección del pasado lo más ajustada posible, hacia un modo emergente cuyos rasgos característicos son la flexibilidad y la atención al ciudadano con impecabilidad.
En eso debería basarse la política en el momento actual: en ser capaces de descubrir y abrirse a esa sociedad invisible, de la que hablamos antes, formada por seres anónimos, creadores, innovadores, arriesgados, que no pierden la ilusión ni el optimismo porque saben que cada fracaso no es el fin sino el principio de una acumulación de conocimiento que, tarde o temprano, se plasmará en un gran proyecto. Frente al empresario tradicional que se siente fracasado porque no domina las reglas de juego de esta nueva sociedad, la política del Siglo XXI debería ser capaz de asumir y compartir el riesgo de los creadores de este momento.
¿Otra oportunidad?
Para responder a los retos del siglo en el que vivimos, el Gobierno necesita la complicidad de todos aquellos que deseen interactuar con ese pensamiento y que solo desde una óptica digital se pueda intentar encontrar sentido a ¿qué significa, hoy, trabajar? ¿qué significa ser empresario? ¿cómo serán nuestras ciudades dentro de diez años cuando resulten superfluos la mayoría de los centros de trabajo clásicos de la sociedad industrial? ¿cómo enfrentarse a la nueva cultura universal y al alcance de todos? ¿qué sistema educativo debemos articular para quienes, empezando ahora sus estudios infantiles, se incorporarán profesionalmente a la sociedad en los años treinta de este siglo vertiginoso y cambiante? ¿cómo será la sociedad en esa década? ¿qué significa la aparición de Internet para el mantenimiento y la sostenibilidad de un sistema sanitario universal y gratuito? ¿cómo se articula una nueva forma de representación política y social? En un momento donde la crisis arrecia con más fuerza que nunca desde que vivimos en democracia, la política del Siglo XXI no debe seguir transitando caminos que, ya se ha visto, no conducen a ninguna parte.
Ya se ha dicho que España dispone de muchísimas conexiones por fibra; solo nos situamos por detrás de Japón y Corea del Sur, pero por delante de Alemania, por ejemplo. España ha ido creciendo espectacularmente en conexión, pero si gozamos de excelentes accesos, no se puede decir lo mismo del uso que damos a esos accesos.
No sabemos la velocidad de la transformación que se está produciendo. Pero cada día comprobamos que se ensancha la brecha entre tecnología y política. La tecnología va tan rápida que la política, los legisladores, los Gobiernos, se quedan atrás. En estos momentos los 3.000 millones de personas que están conectadas a Internet han producido los cambios tan espectaculares de estos últimos 25 años. ¿Qué cambios serán los que se produzcan cuando próximamente el Internet de las cosas provoque que 55.000 millones de dispositivos se conecten a los 3.000 millones de personas? Que casi el 40 por 100 de la humanidad esté conectada a Internet, cifra que supone un 700 por 100 de aumento desde que se inició este Siglo XXI, exige a quienes somos testigos de esta profunda transformación, Gobierno, política y ciudadanos, que reflexionemos sobre si estamos o no sobre otra gran oportunidad de las que aparecen de tarde en tarde en la historia de la humanidad.
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