El violador de conciencias

El vicepresidente de CyL no está donde está para imponer su conciencia a los demás, sino para respetar la libertad de conciencia de todos

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo. Europa Press.

Se supone que el amor al prójimo debería ser el eslogan que anide en el corazón de todos aquellos que, desde el catolicismo, resulten reconocibles por ese amor. Nadie de los que se proclaman de tal creencia debería actuar al margen del amor al prójimo. Ser buenos en el sentido bueno de la palabra no puede resultar algo extraño en quienes se consideran seguidores del Mesías. Se supone que si alguien rezuma maldad por todos sus poros, deberá ser tenido por no cristiano, porque la maldad le aleja de la caridad que, como todos sabemos es una de las virtudes que adornan al buen cristiano.

Estoy seguro de que el vicepresidente del Gobierno castellano y leonés entra dentro de ese grupo que no ama al prójimo y, por lo tanto, que se aleja del cristianismo. Hay que tener muy mala sangre y muy podrido el cerebro para obligar a un ser humano a someterse a prácticas que, alejadas de la medicina preventiva o curativa, intentan socavar el libre albedrío de quien decide ser o no ser madre. Si alguien con poder institucional se considera capacitado para que una mujer embarazada sea derivada a los equipos de salud mental, como fórmula para prevenir abortos y el ofrecimiento de una cuarta ecografía en el primer trimestre del embarazo para que los progenitores puedan “escuchar el latido del bebé” y una ecografía 4D antes de interrumpirlo, puede sentirse capacitado para enviar al crematorio a cuantos consideren que se apartan del camino que él cree que deben seguir otros seres humanos.

Hay que tener muy mala sangre y muy podrido el cerebro para obligar a un ser humano a someterse a prácticas que, alejadas de la medicina preventiva o curativa, intentan socavar el libre albedrío de quien decide ser o no ser madre

Los equipos de salud mental no deben estar para averiguar el nivel de conciencia de quienes deciden, en virtud de su propio criterio y acorde con la ley en vigor, traer o no traer un ser humano al mundo. Tratar de torcer la conciencia de las mujeres o de las parejas que deciden no ser padres es una maldad impropia de quien, seguro, comulga el cuerpo de Cristo sin que se le atragante o vomite por su tremendo pecado. Mejor servicio prestarían los equipos de salud mental de Castilla y León si se legislara a favor de que pudieran y debieran medir el trastorno de quien decide entrar en política con un grado de maldad que le imposibilite ejercer un trabajo que exige un nivel de equilibrio del que carece el vicepresidente de Castilla y León.

Creencias religiosas

Seguramente, la violación de conciencia que pretende realizar viene sustentada en sus creencias religiosas, sin que nunca se haya parado a pensar que la religión no tienen el monopolio de la conciencia. Que él no está donde está para imponer su conciencia a los demás sino para respetar la libertad de conciencia de todos los ciudadanos, tal y como obliga el artículo 14 de la Constitución española. Violar sexualmente a una mujer es una acción refutable, perseguida y castigada por el Código Penal. Pero violación no debe ser entendida solo como un acto referido al delito que consiste en tener relaciones sexuales con una persona sin su consentimiento o con un consentimiento obtenido mediante la violencia o la amenaza.

La sociedad tiene la obligación de que evitar que se abuse de alguien vulnerable como pretende hacerlo el vicepresidente de la Junta de Castilla y León

La violación de conciencia de una mujer debería estar igual de perseguida y penada. Ese tipo de violación no tiene socialmente la gravedad que la violación sexual, pero la manipulación de conciencia con el ardid del latido y de la ecografía 4D pretende conseguir que la víctima piense que es ella, y no el violador, quien ha tomado una decisión que ha eliminado su libertad.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, so pretexto de proteger a la mujer, lo que trata es de reducirla a un simple objeto, a una persona domesticada. En todo caso, la sociedad tiene la obligación de que evitar que se abuse de alguien vulnerable como pretende hacerlo el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Y si llega a suceder debe escucharse y proteger a la víctima, de la misma manera que se protege a quienes pueden ser violados sexualmente.

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