La Ley Orgánica del Régimen Electoral General es clara cuando dispone, en sus artículos 157, 158 y 159, que diputados y senadores ejercerán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva. Esta previsión legal se traduce, principalmente, en que no podrán desempeñar ninguna actividad pública o privada ni percibir retribución alguna con cargo a los presupuestos públicos. No obstante, junto a este criterio general, la Ley establece una serie de excepciones que afectan, principalmente al ámbito universitario, en el que se les permite realizar actividades docentes y de investigación. La gestión del propio patrimonio o del patrimonio familiar. La producción literaria, artística o científica. Aquellas actividades o ejercicio de cargos en órganos de administración de entidades con participación pública cuando su elección corresponda hacerla a las Cámaras.
Ya dice la Ley que no se puede cobrar más de un sueldo si se es diputado o senador. No se ignore que los partidos reciben una fuerte subvención de los Presupuestos Generales del Estado.
Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP de Cataluña, senadora y diputada del Parlamento catalán cobró del partido popular en 2011 un total de 113.633 euros brutos, a lo que hay que sumar sus retribuciones como senadora y dietas parlamentarias. En total, unos 180.000 euros brutos. Puesto que la señora Sánchez-Camacho no se encuentra dentro de las cuatro salvedades anteriores, no se llega a comprender que el PP catalán descartara, en nota de prensa, cualquier irregularidad en estos cobros y lo justificaron con el argumento de que Sánchez-Camacho tiene dos sueldos, uno como senadora y otro como presidenta del PP catalán.
Preguntada Alicia Sánchez-Camacho por esta irregularidad, la presidenta del PP argumentó que no recibe nada que no merezca. “Cobro lo que me corresponde, como todo el mundo, hago un trabajo y me pagan por él”. Sánchez-Camacho afirmó que ni de lejos es la única que ha cobrado sobresueldos o retribuciones extra de partido en el PP catalán: “Hago lo mismo que han hecho otros presidentes del partido”. No digo que la señora Sánchez-Camacho no se merezca lo que cobra; lo que es evidente es que, con la ley en la mano, no puede cobrar eso que, al parecer, se merece.
El PP trató de justificar la ilegalidad con la publicación de una nota oficial en la que afirmaba: “Todos los dirigentes y empleados del PP reciben retribuciones en una nómina mensual a través de transferencia bancaria, perfectamente legal, y con sus correspondientes retenciones”. “Dichas cantidades”, añade el PP, “están homologadas en función de la responsabilidad que desempeñan”.
Antes se sabía que alguien era de derechas cuando decía aquello de “yo no quiero saber nada de política”. Ahora se sabe cómo piensan cuando dicen “todos los políticos son iguales”.
Ahora, cuando Bárcenas hace unas declaraciones al director de un periódico de tirada nacional, en las que por lo visto afirma que algunos ministros del Gobierno cobraron sobresueldos del PP, se encienden las alarmas y se echa mano de la ley de incompatibilidades. Esa ley no sólo rige para los ministros y presidente del Gobierno, sino también para diputados y senadores. Por eso no se entiende el desparpajo del ínclito Carlos Floriano, al que parece que han arrinconado últimamente, cuando afirmaba el pasado 29 de abril: “Los que son cargos públicos reciben una parte por cargo público y la otra parte por el partido”. “En Génova no se cobran ni sobresueldos ni sobrenada. Se cobran sueldos”. “Sueldos”. “Esto es lo que hay. Sueldos”. “Los que son cargos públicos reciben una parte por cargo público y la otra parte por el partido. Los que no son cargos públicos, todo por el partido. Los que son cargos públicos del Congreso y del Senado, reciben por el Congreso y por el Senado y otra parte por el partido. Por tanto, no hay sobresueldos. Hay sueldos”.
Pues eso es lo que no puede haber. No se entiende muy bien esa altanería cuando hay una ley de incompatibilidades; y asombra que los medios de comunicación se distraigan en saber si se declaran esos sueldos o no a la Hacienda Pública. El problema no es ese. La cuestión es saber por qué se saltan la ley.
La consecuencia de todo esto es que cuando se informa de estas irregularidades, la conclusión que sacan muchos periodistas es que casos así desprestigian a los políticos. En mi opinión se debería decir que desprestigia a los políticos que incumplen la norma y prestigia a los que decentemente la cumplen al dedillo.
Son decentes los sacerdotes que siguen la norma que juraron, los periodistas que informan con la mayor objetividad posible, los jueces que dictan sentencia tratando de acercarse al máximo a la verdad de los hechos, los policías que no se venden, los ciudadanos que no defraudan a Hacienda. Ya sabemos que no todos son así, pero es gratificante saber que no juzgamos a todos por unos pocos. En política, no. En política todos son iguales. Antes se sabía que alguien era de derechas cuando decía aquello de “yo no quiero saber nada de política”. Ahora se sabe cómo piensan cuando dicen “todos los políticos son iguales”.
