Destruir la Constitución que nos protege nos hace menos libres. Podríamos vivir sin Cataluña, pero no podemos ni queremos vivir sin libertad
La nacionalidad, en este caso la española, es algo que se adquiere con el nacimiento y la inscripción en el Registro. Puesto que no se trata de un sacramento, debemos concluir que la nacionalidad española no imprime carácter, de donde se infiere que aquellos que no la quieran deberían pedir su renuncia a ella de manera individualizada, sin pretender arrastrar a todo un pueblo a esa renuncia. En caso contrario se entenderá que se quiere ser español. ¡Como se quiera!; ¡Con las diferencias que se quieran!, incluido el ser español no practicante. Y los españoles, por muy diferentes que seamos, somos todos iguales ante las leyes. O español o no español, ésta es la cuestión.
De igual forma que resulta incomprensible renegar de Dios toda la vida y ponerse bajo su amparo en el último adiós, resulta igualmente injustificable sentirse no español y aprovechar las ventajas de serlo para pretender dejar de serlo y, mientras tanto, el presidente Aragonès urge al presidente Sánchez el pago de euros para que su región no se siente discriminada. Desde que empezó la fiesta de la independencia, el Estado ha tenido que rescatar financieramente a Cataluña, de tal forma que los que quieren marcharse han recibido desde 2012 hasta hoy una financiación extraordinaria por valor de más de 100.000 millones euros.
Solo en 2018, año en que algunos huyeron y otros fueron a prisión provisional, el Estado auxilió al gobierno catalán con 9.434,6 millones de euros. Los que se quieren ir no tienen el menor pudor en seguir agarrados al salvavidas económico que supone la Hacienda pública española, esquivando así la quiebra de sus cuentas autonómicas, que como consecuencia de la preparación para el Estado catalán, no aguantaron la presión de un gasto excesivo e inútil para el desarrollo de una región tan próspera como la catalana.
«El Estado ha tenido que rescatar financieramente a Cataluña, de tal forma que los que quieren marcharse han recibido desde 2012 hasta hoy una financiación extraordinaria por valor de más de 100.000 millones euros»
Hablar de español a español, podemos hacerlo de todo y sin limitaciones de propuestas. Nadie está obligado a aceptar la España de hoy tal y como es; y cualquier español está legitimado para plantear cualquier debate o reivindicación que tenga por objeto modificar, ampliar, reformar determinadas estructuras. Lo que no podemos aceptar, y no aceptamos, es que, desde una posición antiespañola, se pretenda reducir, dividir o erosionar el territorio español. Estamos dispuestos a discutir de igual a igual cualquier idea brillante o descabellada que pretenda mejorar la empresa que tenemos entre manos.
No estamos dispuestos a discutir con nadie la división o el empequeñecimiento de esa empresa. No se trata de una cuestión cuantitativa; España, desde 1650 hasta hoy, no ha hecho más que perder territorio de un imperio donde no se ponía el sol. Se perdieron los Países Bajos, el Milanesado, Nápoles, las grandes colonias americanas, las pequeñas colonias del sudeste asiático, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, territorios del norte de África. Hoy somos una nación mucho más pequeña que la que se dibujó en el reinado de Carlos V y Felipe II y la vida nos ha ido mejor ahora que cuando no había sombra capaz de oscurecer la grandeza española.
«Las grandes colonias americanas, las pequeñas colonias del sudeste asiático, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, territorios del norte de África»
España tiene 505.000 Kilómetros cuadrados y Cataluña, 32.000. Haciendo literatura de ficción, si Cataluña se independizara por la fuerza, España sería algo más pequeña y, tal vez, menos rica. Se podría vivir así, porque existen muchos países con dimensiones menores y rentas per cápita inferiores. Como no podríamos vivir en libertad sería destrozando la Constitución que la declara y protege. Podríamos vivir sin Cataluña, pero no podríamos ni queremos vivir sin libertad.
Ese es el desafío al que quieren llevarnos y en ese desafío ganamos, sin duda, los constitucionalistas, y, por eso, resulta tan ridículo y peligroso el espectáculo de quienes, gobernando autonomías que, por el momento, no reniegan de su condición de españolas, están dispuestos a hacer el juego a los que juegan con fuego, manifestando, cada vez que tienen ocasión, que ellos están dispuestos a llevar a su Comunidad tan lejos como el que más. El último ejemplo de ese mimetismo nos lo ha ofrecido la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, cuyo Tribunal Superior de Justicia le ha negado a un padre de Mallorca a recibir este curso clases en castellano al menos un 25% de las asignaturas.
Leer «Si se pierde territorio, se pierde libertad» en Voz Pópuli
