Creíamos que tras las torpezas de antes del verano, el Gobierno había recapacitado y que el señor Gallardón se había vuelto humano. Con frases como estas nos fuimos de vacaciones: “El aborto tiene poco que ver con ETA. Bueno, tiene algo que ver, pero, en fin, no demasiado” (martes 7/05/2013. Jorge Fernández, ministro del Interior). No sé si de verdad lo piensa el ministro o se trataba de una estrategia tendente a producir un miedo infinito entre las mujeres que se sientan en la necesidad de interrumpir su embarazo deseado o no. En cualquier caso no deja de ser una brutalidad que debería saldarse con algo más que el olvido.
Desgraciadamente, el ministro Fernández no ha descubierto América; su expresión no fue más que la reiteración de lo que se ha dicho y repetido hasta la saciedad en otros foros y en otras latitudes; sirvan estos dos ejemplos para saber que el ministro no va sólo en sus opiniones: El arzobispo de Lima compara el aborto con el terrorismo (14/10/2009); Joaquín López-Doriga, titular del noticiero nocturno principal de Televisa, afirma que aborto es igual a terrorismo. (22/01/2013). Tanto el periodista como el arzobispo son libres de manifestar lo que quieran sobre ese asunto o sobre otro cualquiera; al final ellos son los responsables de sus opiniones y tienen la influencia y el eco que cada cual quiera darle. No me escandaliza ni es noticia que una representante de la jerarquía católica diga esas cosas en relación con la interrupción del embarazo; lo noticioso sería exactamente lo contrario; si su doctrina o su dogmas van por esos derroteros, están en su derecho a defenderlo y proclamarlo.
Lo que verdaderamente afrenta a la inteligencia es que un gobierno democrático, de un país aconfesional, intente imponer mediante leyes la forma de vivir y de pensar que reflejan esos dogmas o esas doctrinas que entran dentro del campo de lo personal y de la más estricta intimidad. No es alarmante que un señor, llamado Fernández Díaz, defienda que interrumpir un embarazo sea un homicidio o un asesinato; cada cual tiene el derecho a pensar lo que le dé la gana. Lo que ya resulta más hiriente es que ese señor forme parte de un gobierno que trata de imponer por ley lo que quienes le representan desde una confesión religiosa sólo defienden desde el púlpito de una iglesia determinada. Es una paradoja que el ministro del Interior llame terrorista a una mujer católica que, como no ha seguido la doctrina, ha decidido abortar, la esperen para castigarla, no con el fuego del infierno que sería lo coherente, sino con las penas de una legislación que viene a suplir la falta de credibilidad de quienes no son seguidos en sus predicaciones. ¿O es que acaso cree el ministro que sólo interrumpen su embarazo las mujeres que no profesan la misma religión que el señor ministro?
Un gobierno puede acertar o equivocarse en sus previsiones o decisiones pero, lo que es seguro, es que se equivoca siempre que pretenda trasladar sus creencias personales al Boletín Oficial del Estado
Ya produce hastío que el ministro Gallardón trate de volver a la hipocresía del vuelo a Londres o a la humillación del cuartucho de cualquier aprendiz de ginecólogo como para que otro ministro, el de Interior, acuse de terroristas, aunque no demasiado (¿qué significa ser terrorista pero no demasiado, señor ministro?) a las mujeres que por las razones que establecían la ley en vigor se niegan a traer a un hijo al mundo. A la banda terrorista ETA se le exige que se disuelva y que declare públicamente que ya no forman parte de esa organización para saber que ha terminado su periplo asesino. ¿Qué tendrán que hacer las mujeres que abortaron con arreglo a la ley o con arreglo a sus posibilidades para no ser consideradas terroristas por este ministro? Si de verdad se considera que abortar es igual que cometer un acto terrorista, aunque no demasiado, ¿a qué espera el ministro del Interior para aplicar la legislación terrorista sobre las que abortaron y no se han arrepentido? ¿Y cómo califica el ministro a las parejas de esas mujeres que las acompañaron y protegieron? ¿Y a los facultativos que las intervinieron? ¿Pedirá el ministro la extradición de esos facultativos que residen en el extranjero y que interrumpieron el embarazo de mujeres españolas por haber asesinado a embriones españoles? ¿O serían ingleses? ¿Cuál es señor ministro la nacionalidad de un embrión fecundado de una mujer española que aborta en Londres?
Hay veces que resulta fácil entender las motivaciones que animan a un gobierno a tomar determinadas decisiones. En otras ocasiones, es más difícil comprender el porqué de las mismas. Lo que ya no se comprende de ninguna manera es que el señor Gallardón, ministro de Justicia del Gobierno de España, llegue una noche a su casa y decida que él está capacitado para intervenir en la intimidad de las mujeres españolas y para decidir el uso y el fin de sus úteros. ¿En nombre de qué o de quién se ha tomado esas prerrogativas? ¿Cómo se puede ser tan insolente? Un gobierno puede acertar o equivocarse en sus previsiones o decisiones pero, lo que es seguro, es que se equivoca siempre que pretenda trasladar sus creencias personales al Boletín Oficial del Estado.
