Derechos y mercancías

El día 15 de la semana pasada se cumplieron cinco años desde que se decretó el confinamiento de los españoles por la pandemia. Supuestamente, después de esa experiencia traumática y desconocida para la inmensa mayoría de ciudadanos, saldríamos mejor de lo que éramos cuando abríamos los balcones a aplaudir a los sanitarios.

No acierto a saber si somos mejores que antes del confinamiento. Sí parece que andamos más despistados. Una buena parte de la ciudadanía duda entre las opciones derecha e izquierda, entre socialdemocracia y liberalismo. Se hace cuesta arriba adivinar el pensamiento de cada una de esas opciones cuando la vaguedad de los discursos se queda en nada. No sé quién dijo que al que le guste la literatura, que se dedique a escribir novelas, pero que no se emplee en la política.

Libertad y democracia han sido dos banderas que el socialismo democrático comparte con el liberalismo. El acento sobre la igualdad ha sido la nota diferenciadora entre una y otra forma de entender la sociedad. Para la derecha, el Estado del Bienestar es un mero instrumento para prestar determinados servicios al ciudadano. La derecha siempre pregona la minimización del Estado, de lo que se deduce que si el Estado queda reducido a su mínima expresión, a esa nimiedad llegará el Bienestar. A menor Estado, menor Bienestar. Para la izquierda, por el contrario, el Estado del Bienestar es o debe ser un instrumento de redistribución de la riqueza.

Si el Estado de Bienestar se concibe, como hace la derecha y algunos de izquierdas, como una prestación de servicios, todos los servicios son susceptibles de ponerlos en el mercado para que sea la iniciativa privada la que los gestione. Por el contrario, si el Estado de Bienestar es un instrumento de redistribución y de igualdad, ese instrumento debe permanecer siempre bajo el control del poder público, ya que no es concebible dejar al mercado la redistribución o la lucha por la igualdad.

El asesinato de una educadora social, presuntamente a manos de unos adolescentes, en un piso tutelado de Badajoz, pone de manifiesto que hay determinadas prestaciones sociales que no se pueden convertir en mercancías. El mercado no tiene como función velar por la integración social de adolescentes condenados por la Justicia ni por la seguridad de sus cuidadores. El mercado, cuando trata de ocupar parcelas que no son suyas, actúa con criterios de eficacia económica. En el caso de Badajoz, la empresa privada subcontratada por la Junta de Extremadura para hacerse caso de algunos pisos tutelados no tiene como misión dar respuesta a un desajuste social, sino obtener el máximo beneficio para la empresa por el trabajo que realiza. Si poner seguridad en un piso tutelado significa perder rentabilidad, se sacrifica la seguridad en beneficio de los réditos económicos. No es igual cuidar el interior de una discoteca, donde los jóvenes van a divertirse, que el de un piso tutelado, donde los adolescentes van a reeducarse. Para una empresa privada, los fines son distintos, pero el objetivo es el mismo: obtener los más y mejores rendimientos económicos.

Esa es la razón de que la izquierda no considere mercancía a jóvenes sancionados por delitos cometidos en edades no responsables penalmente. El mercado tiene su espacio y la izquierda el suyo. Cuando los derechos ciudadanos se convierten en mercancía, algunos pagan muy caro esa conversión (con la vida en Badajoz) y la neutralización se apodera de quienes no distinguen entre esas dos opciones políticas e ideológicas.