El presidente de Cataluña, Salvador Illa, está desplegando una campaña en medios de comunicación próximos o controlados sobre el supuesto derecho que asiste a los catalanes para obtener una financiación propia. No se sabe si en este caso propia es un sinónimo de singular o es una nueva adjetivación a la financiación para Cataluña. Si es esto último, lo mínimo que debería hacer Illa era expresar con claridad el significado de propia. Pero como en la campaña se habla del derecho a retener en Cataluña el 100% de los ingresos tributarios, en realidad propia es la forma vergonzosa de ocultar un interés nacionalista que se aleja del ideario socialista.
La campaña intenta seducir al ciudadano catalán con el señuelo de que si el gobierno catalán pudiera decidir sobre el 100% de los ingresos tributarios, Cataluña contaría con casi 5.000 millones adicionales y así, mejorar la educación, la sanidad y algunos otros servicios públicos esenciales.
Compadezco a Salvador Illa. Sentarse en el sillón de presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, a cambio de traicionar la garantía financiera de un mínimo de igualdad en el acceso a los servicios públicos esenciales de educación, sanidad y servicios sociales en toda España, debe ser el trago más amargo que jamás haya tenido que ingerir alguien con las credenciales socialistas. El acuerdo por el que ascendió a presidente de la Generalitat hace saltar por los aires la solidaridad interterritorial; el Estado dejaría de ingresar en la caja común un mínimo de 26.000 millones de euros. Nunca imaginé que la ruptura de igualdad entre españoles fuera el precio a pagar por el socialismo español a cambio de un sillón.
Espero que al disparate de financiación autonómica catalana no se apunten los presidentes del resto de las autonomías españolas. La anterior ministra de Hacienda invitó a que el resto de las Comunidades Autónomas se sumen al esperpento. ¿Quién se cree que se va a apuntar a ese procedimiento tan singular? Las regiones menos ricas no pueden hacerlo; y si lo hacen las más ricas, el Estado desaparece. El final de España se aceleraría si todas o buena parte de las autonomías reclamaran un modelo similar al que se pretende aprobar para Cataluña.
El acuerdo de financiación singular para Cataluña ha sido el resultado de una negociación entre socialistas y republicanos. Toda negociación requiere un proceso de exigencias y renuncias por las partes negociadoras. Se sabe a qué renuncian los socialistas. ¿A qué renuncian los independentistas? ¿Alguien podría ilustrarnos? Salvador Illa dijo recientemente que él estaba dispuesto a defender ese modelo de financiación propia-singular desde Gerona hasta Algeciras. Será bien recibido si viene a Extremadura a defenderlo. A este paso, España se va difuminando y disolviendo. No sé qué va a quedar de ella tras el intento de apuñalamiento a la Constitución y al equilibrio territorial.
Algunas crónicas periodísticas se hacen eco de un supuesto mejor ambiente para esa singularidad-propia como consecuencia del cambio de titular en la Vicepresidencia Primera del Gobierno de España. Nadie sabe exactamente el color político del nuevo vicepresidente primero y ministro de Economía. El extremeño Cuerpo no creo que sea proclive a ese tipo de financiación. Aunque lleva años fuera de Extremadura, debe saber la forma de pensar de los extremeños en asuntos relacionados con la financiación autonómica. Es seguro que en sus años de estudiante en la facultad de Económicas de la Universidad de Extremadura aprendió de las lecciones de sus profesores que, sin duda, se posicionaron científica y constitucionalmente contra cualquier fórmula que supusiera privilegios para las más desarrolladas y perjuicios para las más dependientes de la solidaridad. Resultaría un amargo sarcasmo que, gracias al apoyo de un ministro extremeño, Cataluña consiguiera quedarse con el cien por cien de los ingresos tributarios de sus contribuyentes.
Leer «Un enorme sarcasmo» en El Diario de Sevilla
