Puigdemont ya puede volver. “Hoy no se soluciona nada”. “Volveremos a hacerlo”. Nueva derrota para el constitucionalismo español. El pasado viernes, 2 de octubre, enseñaron la patita. De progresistas nada. Pura derecha reaccionaria. Alguna izquierda pretende igualarse a ella en la identidad. Cuanto más a la izquierda se sitúan, más nacionalistas se definen. ¿Y el internacionalismo de Lenin?
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Se compraron millones de mascarillas, en 2020, para intentar hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. El Gobierno utilizó procedimientos de contratación de emergencia, que permitían comprar material con mucha más rapidez y, en determinados casos, mediante adjudicación directa y sin publicidad previa.
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El sistema democrático occidental está entrando en barrena como consecuencia del cambio tan impresionante que la aparición de internet ha supuesto para las generaciones digitales que ya no confían en un sistema de representación basado en el esquema piramidal clásico, con un sistema de votación cada cuatro años, donde la opinión del ciudadano no cuenta más que cuando se aproximan los procesos electorales. Periodos de tiempo donde unos gobiernan y el resto permanece al margen son eternos para una generación acostumbrada a la respuesta inmediata y, además, acostumbrada a poder dialogar a través de las redes sociales con quienes, al margen de la política, son sus ídolos o sus héroes; no aciertan a entender que ese diálogo permanente y continuo no puedan establecerlo con sus representantes institucionales ya sea a nivel local, regional o nacional.
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En las regiones, en las que los gobiernos autonómicos han adoptado la famosa “prioridad nacional”, se deberá articular una ley que regule la actuación de todos los servicios públicos dependientes de esos gobiernos. Será la única manera de que los funcionarios al cargo de esos servicios y negociados puedan discriminar en cada momento sin cometer ninguna irregularidad a la hora de hacer efectivo el famoso y manoseado principio.
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En los años que fueron del final de la guerra civil española al inicio de la democracia de 1978, el modelo de familia tuvo mucho que ver con la economía. El cabeza de familia (el padre) mantenía a su mujer y a sus hijos; en muchas ocasiones, familias numerosas: había un premio a la natalidad; se lo daban a familias con 14 o 15 hijos.
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