Se compraron millones de mascarillas, en 2020, para intentar hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. El Gobierno utilizó procedimientos de contratación de emergencia, que permitían comprar material con mucha más rapidez y, en determinados casos, mediante adjudicación directa y sin publicidad previa.
En Ceuta no ha entrado ningún virus; ha habido una invasión. Han entrado miles de inmigrantes que han puesto patas arriba a Ceuta, a los ceutíes, su seguridad, su higiene, sus negocios, su sistema educativo y sanitario. Cada día se incrementa más el enfrentamiento y la violencia. Los que entraron procedentes de Marruecos no se dirigían a Ceuta. Su destino era España, pasando por Ceuta, que es una frontera de la Unión Europea. No son los ceutíes ni sus instituciones democráticas los que se tienen que hacer cargo de esa invasión. Han llegado a España y debe ser el Gobierno español el que se haga cargo de los inmigrantes que asaltaron nuestro territorio.
Lo lógico es que el Gobierno despeje la ciudad a la que llegaron. Varios aviones deberían aterrizar en Ceuta y evacuar uno a uno a todos los que saltaron la frontera. Ya sé que la ley impide que sean devueltos a Marruecos hasta que no se cumplan los trámites legales. Pero la ley no impide que el destino de esos aviones sea Madrid, capital de España y sede del gobierno estatal. El problema dejaría de ser un asunto de Ceuta para serlo del Gobierno y, en consecuencia, de todos los españoles. En ese caso, el Gobierno debería encargarse de buscar un lugar en esa Comunidad Autónoma o en otras de las dieciséis restantes en las que se puedan instalar campamentos con un par de miles de tiendas de campaña con capacidad para alojar con una cierta dignidad a todos los que entraron ilegalmente en nuestro país.
Entonces será el momento de que dos centenares de funcionarios y de voluntarios de las ONG realicen urgente y legalmente los trámites para la devolución de quienes ni sean menores ni puedan acreditar la condición de solicitantes de asilo para obtener el estatus de refugiados.
Todos los ciudadanos sabemos que el gobierno no ha acertado con las medidas que ha impulsado desde que hace algo más de un mes se produjo la invasión. No parece que sea lo más sensato seguir discutiendo acaloradamente entre Gobierno y oposición mientras los ceutíes se desesperan viendo que su vida diaria se ha visto gravemente comprometida y alterada por el asalto de miles de inmigrantes. Ya habrá tiempo, cuando Ceuta recupere su ritmo y seguridad, para buscar responsabilidades y para articular una política exterior pactada y consensuada que nos defienda de Marruecos y que nos haga merecer el respeto del reino alauita. Y quienes no estén en condiciones de llevar adelante esa política que nos aleje del chantaje o de la extorsión, que se retire de la primera línea de defensa y de intimidación. No habría medicina mejor para calmar los ánimos de los ceutíes que una estancia de varios días en Ceuta del presidente del Gobierno y el líder de la oposición compartiendo despacho y sala de reuniones, organizando la salida de los miles de inmigrantes camino del resto de España.
Si en 2011, presidente del Gobierno de entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, y líder de la oposición en ese momento, Mariano Rajoy, acordaron la reforma del artículo 135 de la Constitución española que buscaba transmitir que España mantendría bajo control su déficit y su deuda, es difícil entender que el presidente del Gobierno de hoy, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición actual, Alberto Núñez Feijóo, no sean capaces ni siquiera de hablar para controlar, no el déficit de la deuda, sino el déficit de seguridad y de libertad de una población española, invadida por órdenes de quienes todos sabemos.
O se actúa con prontitud o saldrá de nuevo “el pueblo salva al pueblo” y, así, la democracia volverá a sentir el deterioro por la ineptitud, la incompetencia y la negligencia de quienes nos representan.
Leer «El déficit de la deuda y la invasión de Ceuta» en el Diario de Sevilla
