En las regiones, en las que los gobiernos autonómicos han adoptado la famosa “prioridad nacional”, se deberá articular una ley que regule la actuación de todos los servicios públicos dependientes de esos gobiernos. Será la única manera de que los funcionarios al cargo de esos servicios y negociados puedan discriminar en cada momento sin cometer ninguna irregularidad a la hora de hacer efectivo el famoso y manoseado principio.
Así, en el servicio de admisión de los hospitales, acogidos a la gestión pública, se sabrá qué hacer y cómo actuar cuando en ese servicio se presente un infartado, de nacionalidad argelina, conocido porque, gracias a su valor, consiguió tender una mano a una persona que se descolgaba de un balcón huyendo del incendio que asolaba el edificio en el que vivía ella y, junto a su piso, el mencionado argelino. En el mismo momento, y lo que son las casualidades, hizo aparición un furgón de la Policía Nacional que depositaba en el servicio de admisión al autor del asesinato de su pareja por múltiples heridas infringidas con un gran cuchillo de cocina. Este elemento es español, y por las voces que daba, exigiendo trato preferente porque tenía un ictus, muy español. La ley dictada por las consejerías pertinentes de los gobiernos extremeño, aragonés, castellano y manchego y andaluz dará prioridad al asesino de su pareja y dejará para mejor ocasión al ciudadano argelino que, sin tener arraigo ni permiso de residencia, se jugó la vida para salvar la de una española. Si se muere, dirá el consejero, autor de la ley, “que no hubiera venido”.
Y puestos a imaginar situaciones que, con toda seguridad, se van a plantear, ¿qué tendrán que hacer los bomberos dependientes de los gobiernos regionales que han firmado la prioridad nacional cuando reciban el aviso de un incendio en un bloque de diez alturas? Pondrán la escalera correspondiente, enchufarán la manguera, mientras que el jefe del servicio les irá gritando a los indefensos vecinos que vayan enseñando, antes de que se les quemen, sus documentos de identidad y su permiso de residencia. No importará que algunos, con nacionalidad española, estén algo más lejos de las llamas. Ellos serán los primeros en ser alojados en las plataformas de las escaleras de los bomberos para ser alejados de las llamas que ya están casi quemando a algunos vecinos que pedían auxilio en un idioma que indicaba claramente que los gritos y las llamadas de socorro procedían de elementos no afectados por la prioridad nacional. Algunos consejeros dirán que “si se queman, que no hubieran venido”.
En un restaurante de los de varias estrellas Michelin intentó entrar un operario que no había tenido tiempo de despojarse de su mono de trabajo, pero al que le habían tocado unos pocos miles de euros en el cupón de la ONCE. Trabajaba en una obra de acondicionamiento de un enorme piso que los actuales propietarios, un fondo de inversión, habían decidido reformarlo para sacar de uno, varios apartamentos de una y dos habitaciones para uso turístico. Uno de los dueños de ese fondo de inversión era el emir de uno de los países del Golfo Pérsico. No tenía arraigo en España, aunque sí una suculenta cuenta corriente en uno de los bancos de la ciudad del centro de nuestro país. El trabajador del mono tenía dificultades en encontrar sitio en el restaurante de marras. El metre se las veía y se las deseaba para convencer al operario de que todas las mesas estaban ocupadas. El trabajador insistía tanto que cuando hizo su entrada el jeque árabe, uno de los acompañantes lo apartó con cierta violencia poniéndolo de patitas en la calle. El trabajador del mono reconoció la cara del agresor. Lo había visto por televisión predicando lo de la “prioridad nacional”.
Ya en la calle, sacó de su bolsillo su carnet de identidad y leyó su nombre, su lugar de nacimiento y su domicilio actual: sevillano y español.
El jeque acababa de llegar a España. Era su primera visita a nuestro país.
Leer «¡Que no hubieran venido!» en el Diario de Sevilla
