En las regiones, en las que los gobiernos autonómicos han adoptado la famosa “prioridad nacional”, se deberá articular una ley que regule la actuación de todos los servicios públicos dependientes de esos gobiernos. Será la única manera de que los funcionarios al cargo de esos servicios y negociados puedan discriminar en cada momento sin cometer ninguna irregularidad a la hora de hacer efectivo el famoso y manoseado principio.
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Se comienza a dar por buena una nueva lectura de la Constitución de 1978. No se sabe con qué fin ni si esa lectura obedece al deseo de la inmensa mayoría de los españoles. Ahora se pretende dar un paso adelante, muy enérgico, que transforme radicalmente el sistema que tiene cuarenta y ocho años desde que aprobamos la Constitución.
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Y, de nuevo, Extremadura se puso de moda. Ahora no es el tren. Tocó vivir dos experiencias que nunca se habían experimentado por estas latitudes: se disolvió la Asamblea de Extremadura por la presidenta de la Junta e iniciamos una cohabitación entre Partido Popular y Vox.
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