No sé qué pasará el próximo 29 de noviembre cuando, de nuevo, los españoles podamos volver a depositar nuestro voto a favor de cualquiera de las candidaturas que se presenten para conformar el nuevo parlamento español. Un mal gobierno es la consecuencia de la abstención del no voto de los buenos ciudadanos. Solo sé que pasada esa fecha, el problema de la falta de vivienda para quienes necesitan un techo para organizar su proyecto vital seguirá vivo y, tal vez, peor que cuando se convocaron las elecciones o cuando se acampó en la Puerta del Sol y en otras plazas de España.
La vivienda no es un derecho de los que están superprotegidos en la Constitución Española. En España, la vivienda cuenta con una protección constitucional de naturaleza principalmente programática, articulada a través del artículo 47 de la Constitución Española (CE). Ese artículo proclama el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. A diferencia de los derechos fundamentales (como la vida o la libertad de expresión), la vivienda no goza del máximo nivel de blindaje jurídico. Resulta extraño que el derecho a la vivienda no esté a la altura de la educación. Se puede vivir sin educación, pero resulta casi imposible vivir sin un techo en el que cobijarte.
En nuestro ordenamiento constitucional, la política de vivienda está transferida a las comunidades autónomas. El gobierno central puede dictar leyes al respecto, pero la ejecución de la política resultante compete en exclusiva a los gobiernos autonómicos y municipales. En estos momentos, la mayoría de las Comunidades Autonómicas se encuentran gobernadas por el Partido Popular, mientras que el Gobierno central está en manos del PSOE y del colectivo Sumar. Cualquiera pensaría que, si de verdad preocupa más dar un techo que recibir un voto, tanto socialistas como populares se pondrían de acuerdo para tratar de solucionar el problema que, en estos momentos, constituye la mayor preocupación de los ciudadanos, de todos los ciudadanos cualquiera que sea su ideología, su pensamiento, su religión o su voto. Cuando un ciudadano acude a una entidad bancaria para solicitar una hipoteca, nadie le pide el color de su papeleta de voto ni su carnet de partido, son otros muchos los requerimientos que nada tienen que ver con la política. El arrendador preferirá alquilar su vivienda a un socialista que gana 3000 euros al mes que a uno del PP que gana 1200. Y viceversa.
Así que en la cola del banco y en la puerta de la inmobiliaria los que están son ciudadanos equiparados por su nivel de renta y por sus posibilidades de gasto. Si el problema es transversal, solo quienes estén dispuestos a llegar a un acuerdo merecen que se deposite en ellos la confianza que se otorga a través de un voto.
