Cuando surja un nuevo gobierno después de las elecciones generales de noviembre se volverá discutir sobre las competencias que constitucionalmente corresponden en exclusiva al Gobierno central y aquellas otras que se atribuyen a las comunidades autónomas. Resulte lo que resulte, gane quien gane o gobierne quien gobierne, el Gobierno central no puede desprenderse de tres competencias que definen a un Estado: la representación, la coordinación y la cohesión nacional.
La representación de España es competencia exclusiva del Gobierno central. La coordinación entre administraciones debería corresponder al Senado, si alguna vez se deciden a darle esa competencia para que sea el lugar donde se hace más eficaz un Estado complejo, compuesto y descentralizado como el nuestro. Resulta necesario arbitrar medidas que permitan el intercambio de información sanitaria y farmacológica entre comunidades autónomas.
Sí me interesa detenerme algo más en la competencia en la cohesión nacional. En la cohesión nacional estoy incluyendo la defensa nacional, la política exterior, la garantía en materia de Justicia y Seguridad, es decir, que haya una igualdad total ante la ley de los españoles, vivan donde vivan, y una Hacienda pública común que nos trate como a ciudadanos, no como a miembros de un territorio. Yo quiero pagar por ser ciudadano español, no por vivir en tal o cual sitio. Si un ciudadano paga menos impuestos básicos, es decir aquellos por los que nos convertimos en sujetos de derechos y en españoles, viviendo en una comunidad autónoma y paga más en los mismos impuestos básicos viviendo en otra, ese ciudadano deja de sentirse ciudadano español para convertirse en parte de un territorio. Yo quiero ser ciudadano, que en eso consistía la operación que hicimos de la Transición política, en dejar de ser súbditos para convertirnos en ciudadanos.
El IRPF es un impuesto personal y no territorial. Si se cede capacidad normativa en los impuestos esenciales, es decir en renta y patrimonio, las comunidades que más tienen podrán dar mejores servicios que la media, produciendo desigualdad entre los ciudadanos, o bien deciden quedarse en la media y bajar los impuestos, caso de la comunidad madrileña. Por el contrario, las regiones menos desarrolladas, si quieren tener una política fiscal igual a las más desarrolladas, tendrán que rebajar los servicios que prestan o, para mantener los mismos, tendrán que subir los impuestos. Conclusión: los más pudientes bajando impuestos y los menos pudientes subiendo impuestos; añádase que el Estado, cuando sube impuestos indirectos, perjudica doblemente a los ciudadanos con menos recursos.
Por tanto, estoy en contra de la capacidad normativa en impuestos básicos y esenciales del Estado. No es comprensible que estemos demandando a Bruselas armonización de impuestos para que funcione mejor el mercado europeo y aquí, en España, nos dediquemos a romper esa armonización.
Entiendo que el Gobierno central quiera descargarse toda la responsabilidad fiscal derivando parte de ella en las comunidades autónomas para que no solo gasten, sino que, también, se responsabilicen de parte de sus ingresos. Para eso existen otras figuras impositivas que no rompen la cohesión tales como los impuestos especiales y los impuestos propios, como hizo Extremadura con el impuesto a la banca, a las eléctricas, a los cotos de caza o los solares sin edificar.
¿Capacidad normativa? En impuestos esenciales estoy en contra; es aceptable si es un pequeño impuesto y dentro de ciertos límites; ahora, en impuestos básicos del Estado no estoy de acuerdo ni con la capacidad normativa ni con las diferencias que genera. Si el interés es que los ciudadanos perciban a los presidentes autonómicos como recaudadores, existe una cesta de tributos que al no ser básicos (Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, Tributos sobre el Juego), no rompen la cohesión nacional ni, por cierto, mi idea de lo que es España.
Leer «Subir y bajar impuestos» en el Diario de Sevilla
