La consejera socialista de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco ha pedido perdón por las “cuatro décadas de ausencia institucional y silencio social” a las familias de los cuatro miembros de ETA asesinados hace cuarenta años por los GAL en el hotel Mombar de Bayona.
En su discurso, la consejera socialista ha dado por hecho que la guerra sucia contra el terrorismo de ETA fue organizada por el PSOE, cuando dijo que esa guerra solo sirvió para “erosionar la credibilidad de nuestra democracia y ensuciar las siglas de un partido político que hunde sus raíces en la defensa de Derechos Humanos”. En el vídeo que se proyectó en ese acto, las familias de los asesinados insisten en los “cuarenta años de silencio” y denuncian la “asquerosidad de aquel PSOE de Felipe González”.
La edad de la consejera socialista tal vez no le permita saber que la declaración más contundente sobre cómo combatir al terrorismo etarra la proporcionó en 1980 un empresario vasco y senador de la entonces Alianza Popular, Luis Olarra, ya fallecido, que en un programa de La Clave, declaró a preguntas de José Luis Balbín, y ante un grupo de tertulianos de altas responsabilidades políticas, lo siguiente: “En el País Vasco nos conocemos todos, donde nos reunimos con nuestra tertulia, donde tomamos el aperitivo o la comida, donde jugamos la partida. Por eso he enviado al presidente de Batasuna-ETA, Jon Idígoras, una lista de posibles víctimas de su partido si ETA atenta contra alguno de mis trabajadores y familiares. También le he enviado copia del depósito bancario de 300 millones de pesetas que garantizan las acciones por profesionales residentes en Marsella”. La advertencia surtió efecto.
En esos años de 1980, el PSOE estaba en la oposición. La CIA elaboró un documento en el que se decía que “en esos años seguían atentando los grupos que, durante el franquismo y en la etapa de los gobiernos de UCD, actuaban bajo las siglas ATE (Anti Terrorismo Etarra), Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista) o el Batallón Vasco-Español.
No parece que preocupe mucho a la consejera socialista de Derechos Humanos las 31 personas que mataron esos grupos o los 34 heridos en atentados de esos mismos grupos contra el entorno etarra.
Cuando el PSOE llegó al Gobierno, esos grupos se fueron disolviendo sin llegar a desaparecer. Según el policía Amedo, condenado por su participación en el GAL, “las actividades del Batallón Vasco-Español eran, en la década de los setenta, algo similar a lo que posteriormente realizaron los GAL. De hecho, existe una conexión clara entre ambas organizaciones”.
Resultan ofensivas para quienes lucharon en los años de plomo las sospechas de quienes, desde las filas socialistas, intentan demonizar a quienes tanto hicieron y tanto arriesgaron para que la libertad y la democracia no saltaran por la ventana que habíamos abierto para que ni la dictadura ni el terrorismo volvieran a enrarecer el aire de la libertad.
Si se quiere investigar la guerra sucia contra ETA, quizás ha llegado la hora de poner todas las cartas encima de la mesa para que ni el PSOE ni quienes estuvieron al frente de la lucha antiterrorista sigan siendo objeto de la sospecha. La consejera socialista haría bien en pedir una comisión de investigación. Lo que no debe hacer es quedarse solo en los GAL. Investíguese todo el periodo de lucha contra ETA y llamen a esa comisión a cuantos sigan vivos y hayan tenido algo que ver en la lucha contra las bandas terroristas que mataban, secuestraban y extorsionaban en aquellos tiempos, para que cuenten todo lo que hayan sabido sobre la lucha antiterrorista y sobre el papel que cada cual jugó en esa lucha. La consejera socialista, además, tiene la posibilidad de conocer cosas que los demás no conozcan, porque puede y debe preguntar a quienes, todavía vivos y con responsabilidades políticas, acompañaban a un tal García Damborenea, que, entonces, cuando el secuestro de Segundo Marey, ejercía de secretario general de los socialistas vascos.
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