De nuevo, la vivienda ha vuelto a calentar el ánimo de tantos ciudadanos que no pueden acceder a una de ellas para poder iniciar un modelo de vida autónomo. Desgraciadamente la vivienda no se contempla en la Constitución española como un derecho fundamental y, en consecuencia, poder ser requerido su cumplimiento por parte de las Administraciones competentes en la materia. La educación sí es un derecho fundamental protegido en esa Constitución. Se puede vivir sin educación, pero no se puede vivir sin un techo que te proteja.
Mientras que ese derecho fundamental no se incorpore un día al texto constitucional, las distintas Administraciones tienen por delante un desafío al que se le puede hacer frente desde distintos escenarios:
– Hay que empezar por la descentralización institucional. Hay que desalojar Madrid sacando fuera de la capital de España a cientos de organismos oficiales que, por su ubicación, siguen respondiendo a un modelo de Estado centralista, ignorando la descentralización política que propugna y posibilita nuestra Constitución y nuestro modelo autonómico. No se sabe muy bien las razones que animan, por ejemplo, a que sigan en Madrid el Senado, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Instituto de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Estatal de Meteorología, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), el Instituto Nacional de Consumo, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Hasta el Instituto Social de la Marina (ISM) tiene su sede en la ciudad que tiene un río tan poderoso como el Manzanares. El traslado de tantas agencias y organismos autónomos estatales daría más vida a ciudades medias y dotaría de mejores comunicaciones a esos entornos rurales o semirurales, evitando la despoblación y el alza de los precios de las viviendas en las grandes ciudades. Si los pueblos se vacían, las ciudades se llenan, la demanda de vivienda aumenta y el precio de esas viviendas se vuelve imposible para millones de ciudadanos.
– No resulta de gran ayuda para la bajada de los precios de viviendas de alquiler el hecho de que el gobierno de España marque el precio de los alojamientos hoteleros. Prueben a reservar en el mes de octubre una habitación para dos personas con desayuno incluido en el Parador Nacional de Málaga: 450 euros la noche. Un poco más arriba, son 350 euros en el Parador Nacional de Mazagón. Precios prohibitivos para el común de los mortales que no tiene más remedio que acudir al apartamento turístico que, vista la demanda, sube la tarifa que inmediatamente se traslada al resto de viviendas en alquiler.
Las competencias en vivienda están repartidas, siendo las Administraciones Autonómicas las que tienen atribuidas una parte importante de esas competencias. Si las tres administraciones, locales, regionales y central se pusieran manos a la obra, las viviendas necesarias para que la población española pueda vivir aparecerían inmediatamente. No hace falta esperar a que una gran ola o un tsunami se lleven por delante a poblaciones enteras; cuando eso ocurre, inmediatamente se ponen todas a disposición del interés general. Afortunadamente ese tsunami físico no ha llegado. Sí existe un tsunami, una ola gigante de ciudadanos que o no tienen vivienda o están a punto de ser desalojados de las que habitan. A esa ola hay que darle respuesta. Si las tres Administraciones lo deciden, las viviendas aparecen, ya sean rehabilitadas, autoconstruidas con ayudas públicas, viviendas sociales para alquiler y viviendas a precio tasado. La Administración local ofrece terrenos calificados o recalifica los necesarios para edificar viviendas; la Comunidad Autónoma saca a concurso la construcción, y la Administración central cofinancia la expropiación de terrenos y la construcción. Eso es hacer política de manera más gratificante que el insulto y el engaño. Para eso, sí merece la pena pedir la confianza al ciudadano. Así se combate al populismo de los extremos y así se construye un país.
P. S.: Poquito a poco se solucionan los problemas. Ya se dispone de un piso para alojamiento social. La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno de España se va a manifestar contra ese gobierno. Se deduce que ha presentado su dimisión del cargo que ocupa en ese gobierno. Si no es así, se infiere que en las movilizaciones futuras ella estará cinco minutos detrás de la pancarta y en los cinco minutos siguientes en su despacho ministerial, y así, de pancarta a despacho durante el tiempo que dure la movilización.
