Siempre confié en la inocencia del Fiscal General del Estado. Siempre entendí que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso tendría que haber callado o haber pedido disculpas por su intromisión en un asunto que ni le afectaba ni le interesaba. Siempre creí que el Fiscal General del Estado no tenía que haber intervenido en un asunto que afectaba directamente a un fiscal de Madrid. Y supuse, ingenuamente, que ambos pedirían disculpas por sus errores y Hacienda haría lo que tuviera que hacer con un contribuyente. Pero, como no podemos vivir en paz, de nuevo la bronca y la judicialización de la política.
Sentencia del Tribunal Supremo sobre el Fiscal General del Estado y se intensificó la pelea entre los partidos políticos. No discuten para ejercer sus responsabilidades; lo hacen para ver quién gana votos y quién los pierde.
Para eso no fueron elegidos. Para eso no está el gobierno. Para eso no está la oposición. Quienes desde fuera de las instituciones observan el comportamiento de nuestros representantes no salen de su asombro. Llevan horas, días y semanas discutiendo entre ellos y sobre ellos. No debaten sobre la vivienda y sus espantosas subidas de precios en alquiler y en compra. No discuten sobre la violencia de género que sigue sumando víctimas año tras año. No se unen para elaborar un nuevo sistema educativo que dé respuesta a los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial. No existe un plan para dar respuesta a una inmigración que irá en aumento años tras año, consecuencia directa de un cambio climático que, si en Europa ya hace estragos, imaginemos como estará afectando al África subsahariana. Setenta millones de ciudadanos del África negra calcula la ONU que saldrán de esos territorios inhóspitos para alcanzar la vieja Europa que cada vez se parece más a un geriátrico en oposición a las guardería africana. No le dicen a los xenófobos que si expulsan a un inmigrante que recoge aceitunas, el graduado en Física, sin trabajo, no va a encontrar un empleo.
No. Todos esos asuntos y otros muchos, cesta de la compra, mantenimiento del Estado de Bienestar, etc., son bagatelas comparado con la disputa por los votos. Lucha encarnizada para ver quién gana el relato, para ver quien aplaude más a los de su orilla. No van a perder su tiempo intentando dar respuesta a quienes depositaron su confianza en ellos para que intenten facilitarles una vida digna. No acuerdan nada sobre el futuro de nuestros jóvenes. Ellos no están ahí para eso. Eso, que intenten arreglarlo por su cuenta.
El gobierno, quienes le apoyan y los de la oposición aburren al más pintado. Su crispación ya ha llegado a los ciudadanos.
Ha bastado una sentencia de un Tribunal para que se hayan enfrascado en lo que más les gusta a ellos y a quienes les secundan en tertulias y en titulares. Sin conocer el contenido de la sentencia sobre el Fiscal General del Estado dan lecciones de Derecho quienes ni siquiera llegaron a aprobar primero de facultad. Se acude a la voz sabia de algunos magistrados jubilados que no tienen el más mínimo reparo en calificar de golpe de Estado esa sentencia. Cuando habiendo ejercido esa altísima responsabilidad en el Supremo, no se sabe cómo se atreven a elucubrar sobre el seguidismo de los magistrados a las directrices políticas; tal vez sea porque ellos, cuando ejercieron esa profesión, no dudaron en seguir, cual perritos falderos, lo que le indicaban desde el poder político. Si no fuera así, y ellos hubieran actuado conforme a ley, dejando en casa sus creencias políticas y las directrices partidistas, ¿qué les impulsa a pensar que ellos eran jueces decentes y honrados, mientras que los que juzgan ahora son indecentes y deshonrados? Un juez jubilado declaraba el sábado pasado en un programa de televisión que el Tribunal Supremo tenía ganas de condenar y ha condenado al Fiscal. Al oírlo pensé que él debe saber de eso un montón cuando intentó condenar a la Infanta Cristina. Siguiendo su estela, él tenía ganas de condenar.
Lo peor de lo visto y oído en el juicio sobre el Fiscal General del Estado ha sido el hecho de que en vivo y en directo hemos podido observar la capacidad de los fiscales para mentir. Mientras unos fiscales decían una cosa sobre las conversaciones mantenidas el día en que el Fiscal General sacó una nota de prensa por la que ha sido condenado, otros decían lo contrario y desmentían a los anteriores. Quedaba meridianamente claro que algunos de ellos no decían la verdad. La mentira de fiscales en un juicio es una de las mayores desgracias que le pueden ocurrir a esta desmejorada democracia española.
No quedó claro el hecho de que varios periodistas acudieran a manifestar su testimonio para aclarar que antes de que el Fiscal General publicara su nota de prensa ellos tenían con antelación esa información que la Fiscalía envió a los medios. No ha habido ningún director de esos medios que haya dado de baja en su nómina a periodistas que tenían una información privilegiada, pero que no quisieron publicar. O bien ocultaron esa exclusiva a sus directores (y a saber por qué) o fueron los directores los que dieron la orden de no publicar esa exclusiva (y a saber por qué). Sería la primera vez que una información que no afecta para nada a la seguridad del Estado permanece guardada en un cajón. Si hubiera habido quien filtró a esos periodistas esa información ¿qué interés tenía el que la filtró para impedir que se hiciera pública? ¿Acaso utilizaron a esos obedientes periodistas para que más tarde pudieran acudir al Tribunal Supremo para decir lo que dijeron? Si todo lo que dijeron esos periodista fuera verdad, y no recibieron esa información de fuente de la Fiscalía General, ¿podrán dormir tranquilos sabiendo que se ha declarado culpado a un inocente?
Creo que era inocente. Veremos que dice la sentencia.
