El 22 de noviembre de 1975, tras la muerte del dictador Francisco Franco, Juan Carlos De Borbón y Borbón, nieto de Alfonso XIII e hijo de Juan de Borbón y Battenberg, Conde de Barcelona, y de María de las Mercedes de Borbón y Orleans, nacido en Roma, nombrado Príncipe de España y sucesor a título de Rey en 1969 en virtud de la Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado de 1947, fue proclamado rey de España por las Cortes franquistas.
Los demócratas podríamos habernos negado a aceptar la legitimidad franquista en lo referente a la monarquía y a la figura de quien había sido proclamado Rey desde la ilegalidad de un régimen que tenía su origen en un golpe de Estado contra la II República. Por el contrario, se consideró más conveniente para los intereses de los españoles y para evitar de nuevo las dos Españas que la figura del rey Juan Carlos I se legalizara a través del texto constitucional votado mayoritariamente por los ciudadanos españoles.
El rey Felipe VI renunció a la herencia de su padre “que personalmente le pudiera corresponder, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona”. Gracias a la Constitución, Don Felipe no ha tenido necesidad de renunciar a la Corona y a la jefatura del Estado que heredó de su padre “cuyo origen no estaba en consonancia con la legalidad”. Frente a los que aconsejan el repudio filial que no haría más que ahondar en el dolor del hijo y en el debilitamiento de la forma de gobierno que esa Constitución establece, es decir, la Monarquía parlamentaria. Si acaso se llegara a demostrar que el rey Juan Carlos I fuera dueño de “cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad pudieran no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que deben informar la actividad de la Corona”, lo más sensato y lo menos doloroso para un hijo sería invitarle u obligarle en el supuesto de que no lo hiciera motu proprio-a que legalizara esa situación. Sería la mejor forma de tratar a un ciudadano español al que le debemos su importantísimo papel en la recuperación de la democracia, su posición en defensa de la misma cuando se puso en peligro el 23 F de 1981 y su talante al pedir disculpas al pueblo español (¿cuántos cargos público han pedido disculpas por sus errores, empezando por el presidente Aznar?)- y renunciar a la Corona y a la Jefatura del Estado haciendo un traspaso modélico a favor de su heredero legítimo, su hijo, el rey Felipe VI.
Quienes tratan de terminar con Juan Carlos I como paso previo a la eliminación de la Monarquía parlamentaria, saben que si pueden intentarlo es gracias a que D. Juan Carlos I se plantó una fatídica noche de febrero cuando unos golpistas intentaron acabar con el régimen de la transición. Treinta y nueve años después, otros quieren seguir sus pasos.
Exquisito artículo. No puedo estar más de acuerdo . Es un lujo contar en Esoala con mentes tan brillantes como las de Rodríguez Ibarra.
Estoy mut de, acuerdo
Totalmente de acuerdo!
Me alegra encontrar una opinión basada en el análisis crítico y la perspectiva.
La tendencia a la crispación es lo peor que nos está pasando.
Juan Carlos ha sido muy certero al invertir su tiempo, tras la salida de la presidencia de Extremadura, en reflexiona, un ejercicio poco prodigado en una sociedad más pródiga al comentario superficial. Él con hace con templanza de juicios y ecuanimidad.Y eso nos reconforta a muchos.