No hace muchos días que tres presidentes autonómicos (Madrid, Castilla y León y Castilla La Mancha) se reunieron, sin necesidad de secretismo alguno, para conjuntar políticas o medidas sobre el coronavirus. Esa acción puso en evidencia la ausencia de reuniones que a lo largo de estos últimos seis meses podrían haberse celebrado para que los españoles abandonáramos la sensación de que unos por otros y la casa sin barrer.
A ver, si no está prohibido ni por la Constitución ni por ninguna legislación autonómica o estatal que se puedan reunir tres presidentes autonómicos, tampoco está prohibido que se junten diecisiete sin necesidad de esperar a ser convocados por el presidente del Gobierno de España. Ya sabemos que el gobierno es el máximo responsable de la función representativa, de la coordinación institucional y de la cohesión nacional, pero no existe ningún impedimento para que presidentes autonómicos, cuyos Estatutos de Autonomía recogen amplias competencias, entre ellas Educación y Sanidad, se autoconvoquen para tratar de convenir medidas que ayuden a facilitar la labor de los ciudadanos y la tarea de los funcionarios que tienen encomendadas la ejecución de esas competencias. Y una vez acordadas, transmitirlas, vía Senado, al Gobierno para que sea el presidente -o cualquiera de sus ministros- el que las transforme en proyectos de ley o en Reales Decretos que obliguen a todos los españoles. Eso se llama responsabilizarse de la gobernación de España ofreciendo la mirada común resultante de la diversidad, y eso evitaría el vicio nacional consistente en echarle la culpa de todo al maestro armero.
