Pasar de un Estado centralista a uno descentralizado no respondía solo al interés de aquellas regiones que exigían el reconocimiento de sus hechos diferenciales. Había también un deseo de acercar los instrumentos de gobierno a territorios que se situaban en la periferia de la periferia y que habían sufrido el abandono de los poderes centrales durante siglos.

Así lo recogía el Conde de Campomanes, Fiscal del Consejo Supremo de Castilla, en su Memorial Ajustado de 1771: La provincia de Extremadura ha llegado con justa causa al Trono a implorar la Real clemencia y protección para impedir su inminente exterminio y despoblación. Años más tardes, en 1791, el extremeño de Ribera del Fresno, Juan Meléndez Valdés, pronunció un discurso con motivo de la apertura de la Real Audiencia de Extremadura, en Cáceres, que decía: Todo está por crear en Extremadura, y se confía hoy a nosotros, sin población, sin agricultura, sin caminos, sin industria ni comercio. Todo pide, todo solicita, todo demanda la más sabia atención, y una mano reparadora y atinada para nacer a su impulso, y nacer de una vez sobre principios sólidos y ciertos que perpetúen para siempre la felicidad de sus hijos. Hoy se fía a nosotros el empeño difícil cuanto honroso de proveer a tan graves necesidades de regenerarla, de darle nueva vida.
Facilitar la vida de los ciudadanos era una de las razones de la descentralización. Que cada Administración se ocupe de aquello que puede resolver por cercanía y conocimiento. Y creo que el Estado de las Autonomías ha dado respuesta a esas demandas recogidas en la Constitución de 1978.
Pasado los años, los Estatutos de Autonomía han experimentado reformas tendentes a mejorarlos y a adaptarlos a la realidad de cada momento. Una de las modificaciones de más contenido ha sido conceder a los presidentes de Comunidades Autónomas la capacidad para disolver sus respectivas Asambleas parlamentarias y, en consecuencia, convocar nuevas elecciones autonómicas. La mayoría de los Estatutos aprobados en los años ochenta no contenían esa disposición. Salvo en País Vasco, Cataluña y Galicia, las elecciones autonómicas del resto de Comunidades tenían marcada la fecha de celebración de sus elecciones cada cuatro años que, además, coincidían con las elecciones municipales.
Con esa disposición, en ninguna de esas regiones se mantuvo tanto tiempo la interinidad de sus respectivos gobiernos. El hecho de no poder convocar elecciones o bien animaba a los votantes a conceder mayorías parlamentarias suficientes para gobernar inmediatamente después de la fecha de elecciones, o bien obligaba a los candidatos autonómicos a pactar con fuerzas distintas a las suyas para formar gobiernos.
Pues bien, desde que se atribuyó a los presidentes autonómicos la facultad para disolver sus parlamentos, el año 2026 será recordado por la sucesión de elecciones autonómicas, unas después de otras, y la interinidad de gobiernos incapaces de conformar mayorías para gobernar. Lo que se ideó como una redistribución de poder político para facilitar la vida de los ciudadanos se está convirtiendo en una lucha de intereses particulares que desacredita la autonomía y desmerece la labor de los representantes de los ciudadanos. En mi opinión debería volverse atrás en esa competencia y obligar a las Comunidades Autónomas que no la tenían a volver a la situación anterior.
Existen dos Comunidades Autónomas que han intentado resolver esta anomalía: Asturias y País Vasco elaboraron leyes electorales que posibilitan el gobierno del partido más votado si no se consigue articular una mayoría parlamentaria en un tiempo estipulado. Eso facilita el gobierno e impide la dependencia del partido mayoritario de los caprichos de los partidos minoritarios. Y esa situación es la que rige en todos y cada uno de los Ayuntamientos españoles. Ese modelo debería ser copiado por el resto de Comunidades Autónomas si de verdad se piensa que el interés de los ciudadanos prima por encima de los intereses de los partidos. Aunque en el caso extremeño, los socialistas nunca olvidarán el enorme favor que se les ha hecho con la tardanza en la formación de gobierno. Que iba a haber gobierno se sabía desde la noche del 21 de diciembre pasado. Lo que no se sabía era que desde las opciones de derechas se iba a dar el tiempo suficiente para que el PSOE de Extremadura se recompusiera tras el fracaso electoral último. Gracias a esa demora, el PSOE liderado por Álvaro Sánchez Cotrina y secundado por Soraya Vega encara esta nueva investidura con otra moral y otra unidad. El PSOE de Extremadura se ha recompuesto y volverá a ser lo que fue y será. ¡Al tiempo!
Leer «Volver sobre sus pasos» en el Diario HOY



