Pasaron las elecciones andaluzas. El resultado obtenido por las diferentes fuerzas políticas obliga a un ejercicio de responsabilidad. Y a responder a las siguientes preguntas: ¿Qué le interesa a Andalucía? ¿Qué le interesa a la democracia y a la autonomía? ¿Qué puede hacer el PSOE? ¿Qué puede hacer el PP?
A Andalucía no le interesa una repetición de las elecciones. Se puede dar esa situación si, al final, el PP no fuera capaz de obtener la investidura de su candidato y, en consecuencia, de formar gobierno. Estaríamos ante varios meses perdidos.
A Andalucía no le puede interesar un gobierno del PP condicionado hasta la saciedad por un partido como Vox que, como ha hecho en Extremadura y en Aragón, introduciría políticas de extrema derecha y contrarias a la igualdad en ese posible gobierno. Durante años llevamos oyendo que hay que hacer lo que sea para evitar caer en manos de la extrema derecha. Se puede evitar. Solo el PSOE puede arrumbar la prepotencia de Vox y la hipoteca del PP a alguien que no busca lo mejor para una Andalucía libre y democrática.
El PSOE puede evitarlo. Bastaría con poder negociar con el PP un acuerdo de investidura para que su candidato obtenga la presidencia de la Junta de Andalucía mediante la abstención negociada del PSOE. Negociada significa que los socialistas acepten que el PP cumpla su programa de gobierno para lo que han decidido la mayoría de andaluces, y que el PSOE introduzca en ese programa factores esenciales del suyo. Entiendo que los ciudadanos han querido que gobierne el PP y que el PSOE sea la alternativa (no la oposición). Negociar un programa de infraestructuras, de vivienda, de retención del talento y de estudiar los campos en los que los andaluces son competitivos y competentes sería una conquista de la región en materias que necesitan dos o tres legislaturas para llevarlas a buen puerto.
En el resto de los asuntos que se diferencian claramente de la opción popular, los socialistas deberían seguir defendiendo sus alternativas. La sanidad, la educación y la asistencia social a los más desprotegidos no son servicios, que los puede prestar la iniciativa pública o la privada, sino derechos que deben estar garantizados por el gobierno regional y estatal. La iniciativa privada no tiene por objetivo la igualdad de los ciudadanos y el ejercicio de los derechos ciudadanos. Los derechos los garantiza el Estado y la Comunidad Autónoma.
¿Qué puede hacer el PP? Puede cerrarse en banda y no negociar. Puede convocar nuevas elecciones pasado el plazo correspondiente. Puede aceptar la propuesta socialista. En este último supuesto, estaría obligado a firmar que en las próximas elecciones municipales mantendría la misma responsabilidad que la que demostrarían los socialistas en la investidura de la presidencia de la Junta de Andalucía, facilitando con su abstención el gobierno de la lista más votada.
Entenderán que todo lo escrito más arriba es una mera especulación de quien no tiene competencias para poder llevar adelante lo planteado. Ya lo propuse sin éxito en Extremadura. La dirección de los socialistas andaluces rendiría un gran servicio a la región, a España y al PSOE si defendiera ese plan.
Desde el observatorio madrileño se dijo que las elecciones del 17 de mayo serían el laboratorio para el resto de España. Con la propuesta que defiendo, Andalucía sería el ejemplo de lo que hay que hacer en la política nacional: huir de los extremos y defender la fortaleza del Estado como único instrumento que poseen los socialistas para llevar adelante una política de igualdad.
De nuevo, Andalucía, detrás de Extremadura, Aragón y Castilla y León, vuelve a poner de manifiesto la cordura que preside la constitución de los Ayuntamientos en España. Gobierna el que consiga más apoyo electoral. Los grupos solo pueden votarse a sí mismos o a cualquier otro o abstenerse. El que ganó tiene mayor libertad y a los que perdieron se les bajan los humos en sus pretensiones en los posibles pactos o acuerdos.
Leer «Responsabilidad» en el Diario de Sevilla
