En números redondos, la tierra cuenta con ocho mil millones de habitantes. Como señala acertadamente Dídac Fábregas, si se quiere retener esa cifra por áreas geográficas, bastaría que a cada mil millones le atribuyamos un 1 para que resulte un PIN que nos permita manejarnos. El PIN actual sería 1-1-1-5. Las Américas serían el 1; Europa, el otro 1; África, 1 y Asia, 5. Según la ONU, en 50 años, ese PIN cambiará de la siguiente manera: Las Américas, 1; Europa, 1; África, 4 y Asia, 6. El PIN resultante sería 1-1-4-6. Se observa que casi el 90% de la población del planeta vivirá en África y en Asia.
¿Y en qué régimen político vivirá ese 90% de la población mundial? Vive y vivirá en regímenes políticos dictatoriales (China, Vietnam, Corea del Norte), en regímenes políticos autoritarios (Rusia, Turquía, Indonesia), en regímenes absolutistas y fundamentalistas religiosos (Arabia Saudí, Irak, Irán, Egipto, Emiratos Árabes), en democracias populistas y autoritarias controladas por el crimen organizado de la narco-droga (México, Venezuela, Bolivia…)
Si esa es la realidad mundial, resulta imprescindible replantarse cuál es nuestra situación política, económica, social y cultural para evitar que España y su Constitución de 1978 puedan caer en una decadencia democrática a manos de políticos irresponsables y con ambiciones puramente personales alejadas de un auténtico Estado democrático y de Derecho.
En el libro “Cómo mueren las democracias”, sus autores, Levitsky y Daniel Ziblatt dicen que “Las democracias pueden fracasar a manos, no ya de generales, sino de líderes electos, de presidentes o primeros ministros que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder” (…) En la actualidad el retroceso democrático empieza en las urnas”.
Resulta necesario revisar nuestro sistema democrático español para fortalecerlo y eliminar aquellos elementos que perturben su integridad y su futuro como nación.
La Constitución apostó por el pluralismo político y por la descentralización. Descentralizar no puede consistir en un proceso de suma cero. Si lo que gana un territorio como Comunidad Autónoma es lo que pierde el Estado, el resultado es el fracaso del proceso. El Gobierno de España no puede ni debe ceder competencias que pongan en cuestión la cohesión nacional, la coordinación interadministrativa y la representación del Estado.
Por cohesión nacional entiendo la Defensa, la Política Exterior, las garantías de Justicia y Seguridad para todos, es decir, la igualdad ante la Ley de todos los ciudadanos españoles; una Hacienda Pública que nos trate como a ciudadanos y no como miembros de una parte de España. Eso significa pagar los impuestos por ser ciudadano español y no por vivir en tal o cual Comunidad Autónoma.
Creo que ha llegado la hora de modificar la vigente Ley Electoral. Contiene desventajas para los partidos de ámbito estatal frente a los nacionalistas e independentistas. Esos partidos nacionalistas aceptaron la estructura autonómica actual y renunciaron a demandar la independencia de sus territorios. La reforma de la ley debería incluir la exigencia de obtener un 5% de representación estatal para ocupar escaños en el Congreso de los Diputados.
El Sistema Judicial español debería adaptarse a la estructura autonómica de nuestro país. Los Tribunales Superiores de Justicia de cada territorio deberían asumir parte de las competencias atribuidas al Tribunal Supremo. Muchos de los procesos judiciales deberían terminar en los Tribunales Superiores descargando de trabajo a un Tribunal Supremo al que concurren la inmensa mayoría de las sentencias para ser casadas.
Por último, resulta necesario aclarar la siguiente incógnita: ¿Existen las Diputaciones provinciales porque España está llena de pequeños municipios que necesitan la asistencia de las instituciones provinciales o existen municipios pequeños porque hay Diputaciones que los mantienen? Esa duda nos permitirá apostar o no por el mantenimiento de las Diputaciones o por la fusión de los pequeños municipios.
Este ajuste de la democracia española podría ayudar a mantener una democracia mejor que ahuyente el peligro que acecha a los países emergentes. No en vano han dejado de mirar para EEUU o para Europa. Cuando se les pregunta a sus ciudadanos si “prefieren vivir en un régimen en el que a los gobiernos y a sus líderes los elijan los ciudadanos mediante un régimen de votación universal y libre, o prefieren vivir en un régimen en el que los líderes y los gobiernos se elijan bajo un planteamiento meritocrático, en el que se selecciona a los mejores”. Por sus respuestas se puede concluir que a los países emergentes les importa más gobernantes que les ayuden a solucionar sus vidas que la forma en que han sido elegidos esos gobernantes. Prefieren disponer de un techo antes que de un voto.
Por eso resulta tan necesario perfeccionar las democracias occidentales, incluida la española, para que sea la democracia el modelo que quiera seguir el mundo emergente.
