Don Manuel García-Pelayo Alonso, fue un prestigioso jurista que llegó a presidir el Tribunal Constitucional entre 1980 y 1986. Su presidencia se inició dos años después de aprobada la Constitución española de 1978. En los meses en que se elaboraba el texto constitucional, el maestro García-Pelayo advirtió a los constituyentes sobre el enorme error que suponía consagrar un principio de legitimidad histórica en una Constitución normativa.

Refiriéndose a la Disposición adicional primera (La Constitución ampara y respeta los derechos históricos «de los territorios forales), advertía de que en el Proyecto Constitucional “se emplea la denominación, extravagante en nuestra época, de los derechos históricos”. “Se trata,- continuaba García-Pelayo- de una expresión anticuada, aparentemente en el espíritu de la escuela histórica del Derecho, cuyas tesis constituyeron una de las bases ideológicas de los movimientos tradicionales y reaccionarios del siglo pasado, frente a las tendencias racionalistas y progresistas”. “Esta idea de los derechos históricos representa la pretensión de sustituir la legitimidad racional por la legitimidad tradicional”.
En 2005 declaré, siguiendo la enseñanza del maestro García- Pelayo, que la disposición primera de la CE es una antigualla que hace posible que Navarra y País Vasco sean Comunidades privilegiadamente tratadas desde el punto de vista fiscal. El 9 de mayo de ese año, el parlamento foral navarro me reprobó y rechazó mis declaraciones, por unanimidad.
Reprobar mi afirmación sobre la antigualla que les permite disfrutar de un sistema fiscal anacrónico no es rebatir con argumentos lo declarado. Y no lo pueden rebatir porque es irrebatible.
Ahora nos encontramos con otras formaciones políticas catalanas que aspiran a tener un sistema fiscal similar al vasco y al navarro. Que esa antigualla la deseen fuerzas políticas tradicionalistas, como JxC, o reaccionarias, como ERC, no me extraña. El feudalismo va en sus genes y será difícil reconducirles por el camino constitucionalista. Pero que partidos de izquierdas se sumen a esa reivindicación me resulta absolutamente incomprensible. No hay quien desde el progresismo pueda compartir esa tesis. Salvador Illa, Secretario general del PSC-PSOE y candidato a la presidencia de la Generalitat declaró recientemente que no puede ser que Cataluña ocupe la tercera posición en contribución fiscal y la décimo catorce en retorno fiscal. En su defensa acude al llamado principio de ordinalidad. Seguramente Illa no se ha dado cuenta de que en un Estado tan socialista como el de EEUU, donde se supone que lo de solidaridad coge demasiado lejos, no se practica semejante despropósito. California, por ejemplo, contribuye con 8.028 dólares por persona y recibe 6.709. Connecticut entrega 11.522 dólares y recibe 8.795. Si en EE UU hicieran lo que quieren los nacionalistas catalanes California, que con su aportación per cápita se coloca en el puesto 9º, y se sitúa en el 38º en el ranking federal de ingresos per cápita, o Connecticut, que resulta ser el mayor contribuyente per cápita de EE UU, y pasa a ocupar el puesto número 13º en ingresos federales, estarían reclamando la independencia por no sentirse cómodos en un sistema tan solidario y tan alejado del principio de ordinalidad.
Con gran desparpajo, algunos socialistas defienden que esos derechos históricos se apliquen en Cataluña para que la locomotora siga tirando de los vagones de cola. Condenando a los vagones a seguir siendo vagones y al socialismo al baúl de los recuerdos.
Esos polvos traen estos lodos
Que error