La democracia y la libertad forman parte del acervo común de la democracia liberal y de la socialdemocracia desde finales de la segunda guerra mundial. Las élites económicas de ese momento dejaron de jugar a partidos autoritarios y fascistas como ocurrió en el periodo de entre guerras, asustados como estaban por el auge del comunismo tras la Revolución rusa. Sería lamentable que, de nuevo, esas élites volvieran a apostar por opciones autócratas y enemigas de la democracia occidental.
La igualdad ha sido y debería seguir siendo lo que diferencie claramente a la opción conservadora de la socialdemócrata. Para los conservadores, la educación la salud o las pensiones no dejan de estar consideradas como mercancías y por lo tanto susceptibles de ser gestionadas empresarialmente. El mercado está habilitado para crear riqueza. Lejos de su misión tratar de conseguir la igualdad entre los ciudadanos. Por el contrario, para la socialdemocracia, la educación, la sanidad y las pensiones son derechos constitucionales y humanos que solo el Estado está en condiciones de garantizar.
El mercado nos provee de mercancías. El estado garantiza nuestros derechos.
Por eso, la socialdemocracia manifiesta su preocupación por el auge que el mercado está adquiriendo en el ámbito educativo, incluido el universitario.
Los españoles no manifestamos en la mayor parte de los territorios la más mínima inquietud por la sanidad privada. La sanidad pública es infinitamente mejor que la privada, cualesquiera que sean los parámetros sanitarios que se utilicen. Me refiero a los sanitarios y no a la hostelería. En mi tierra extremeña jamás he visto a una ambulancia dirigirse desde un hospital público a una clínica privada debido a la gravedad del enfermo. Lo contrario, se produce todos los días. Ambulancias de la privada a los hospitales de la Seguridad Social que es donde está la calidad y la suficiencia de recursos humanos y sanitarios.
En el ámbito universitario, la socialdemocracia, que no le teme a la sanidad privada, debería aspirar a mejorar sustancialmente la universidad pública sin manifestar el menor temor por el auge de la privada. La calidad y la dotación de medios deben asemejarse a lo que ocurre en el ámbito sanitario. Si una matrícula en la universidad privada supera con creces los 10.000 euros y ronda los 1000 en la universidad pública, algo está fallando en una institución que permite que se pague diez o veinte veces más en la competencia antes que en la pública. Tal vez algo se esté haciendo mal. La universidad privada solo será enemiga de la universidad pública si esta última se deja.
