El vuelo de las navajas

Existen dos maneras de concebir la actividad política: una, entrenarse para la colaboración en los grandes asuntos que afectan al Estado y a la democracia; otra, entrenarse para el enfrentamiento, para la hostilidad sin tregua, para la tirantez.

Tengo la impresión de que, en España, las diferentes fuerzas políticas se han entrenado para lo segundo, para el combate, para el choque, para el desacuerdo. La impresión es consecuencia de lo que hemos visto en la tragedia vivida en la última semana. No se puede esperar colaboración entre quienes se han preparado y entrenado para lo contrario.

Con los fallecidos en la calle, en los coches, en los parkings, en los sótanos, en el lodo, se han percibido tres actitudes, ninguna de ella en benefició de los afectados dramáticamente por la DANA del Mediterráneo: los que han querido dañar al gobierno de España, los que ese daño han pretendido infringírselo al gobierno de la Comunidad Autónoma valenciana y la de los que han aprovechado la catástrofe para poner en cuestión la democracia y la estructura territorial de España. Otra vez han vuelto a volar las navajas.

Los primeros han utilizado las diferentes normativas que obligan al gobierno de España a tomar decisiones cuando el país se encuentra en un estado de alarma; en este último caso, el artículo 116.2 de la Constitución española establece que “El estado de alarma será declarado por el gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días (…)”. El artículo 149 recoge lo siguiente: Son competencias exclusivas del Estado: 1.29ª: “Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica”. En el caso de la DANA de la semana pasada, las comunidades afectadas, salvo Cataluña, carecen de policías autonómicas. Las carreteras cortadas, los ferrocarriles inutilizados, los recursos hídricos, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ejercito, son competencia exclusiva del Estado. Salvo que el Gobierno de España no considere lo ocurrido como una emergencia nacional, entrarían en liza los que también quieren aprovechar el viaje para apuñalar al presidente de la Comunidad Autónoma valenciana.

Los argumentos que se utilizan para tal fin se basan en que el Gobierno valenciano no activó el nivel 3 para hacer frente a la tragedia. No pidió ayuda y por lo tanto, el gobierno de España no se daría por enterado. “No se ayuda salvo que se pida ayuda” parece ser el slogan de quienes defienden esta posición. Les asisten razones. Sobre todo cuando se conoce la tardanza en emitir un comunicado a la ciudadanía cuando esa ciudadanía huía despavorida de los millones de litros de agua que arrasaban algunos pueblos de Valencia y de Castilla-La Mancha. Tal vez, en su descargo, les diría a quienes ya han juzgado en un caso y en otro, que solo quienes han experimentado una experiencia similar pueden entender el estado de shock en que se puede entrar cuando la tragedia desborda los nervios más templados. Si ese hubiera sido el caso, y el presidente autonómico no hubiera pedido ayuda, alguien se la tenía que haber prestado. No es entendible que un médico pase por una carretera y no pare su coche para atender a un conductor tirado en el arcén. “No ayudo hasta que no me lo pida” sería el razonamiento absurdo.

Por último, los enemigos de la democracia y de la estructura del Estado han aprovechado la calamidad para arremeter contra la política, contra los políticos y contra el Estado Autonómico. Al grito de “Solo el pueblo salva al pueblo” han querido borrar a la democracia representativa erigiéndose en representantes de ese pueblo al que, sin duda, desprecian, olvidando que políticos son también y en primer lugar los alcaldes y concejales que llevan días y noche trabajando sin desmayo en beneficio de ese pueblo, con el apoyo de miles de jóvenes que han llenado de orgullo nuestros corazones.

No de forma tan desproporcionada, algunas Comunidades Autónomas han tenido que gestionar situaciones de emergencia bien tristes y dramáticas cuando no se contaba con los medios humanos y técnicos que existen actualmente. En esas situaciones, el modelo autonómico era el mismo. Solo se diferenciaba el grado de colaboración entre los actores encargados de dar respuesta, sin que nadie se sintiera acusado por nadie sino acompañado en situaciones tan complejas, tan dramáticas y tan desgarradoras.

Visto lo visto el domingo pasado, se debería pensar en lo que hubiera ocurrido en Paiporta si en lugar de un Rey constitucional hubiera sido un presidente de la República perteneciente a cualquier partido de ámbito estatal.