Cualquiera sabe que si los independentistas piden financiación singular es para ganar más. Cuanto más grande sea la parte del pastel que se lleva uno, menos queda para repartir entre el resto. Pero eso, con ser un disparate que ningún socialista debería apoyar y mucho menos votar, no es el mayor destrozo que se le puede hacer a un Estado como el español, regido por una Constitución que prohíbe ese dislate.

Pedro Sánchez tal vez no sea del todo consciente del roto que pretenden hacer. Si todo se redujera a ceder competencias y dinero para seguir manteniendo el gobierno, estaríamos ante una venta a cambio de un voto.
Todo lo que se está fraguando va mucho más allá de ese intercambio.
Lo que se está dirimiendo en estos momentos no tiene nada que ver ni con la financiación autonómica ni con los dineros regionales. No puede ser que debajo de esta preocupación que muchos españoles manifestamos por la marcha de los acontecimientos sólo se esconda dinero.
Escribo desde Extremadura. Mi preocupación por lo que se está fraguando nada tiene que ver con los euros que correspondan a la Comunidad extremeña. Si saliera muy beneficiada en este reparto, seguiría oponiéndome a la financiación singular o al dislate del principio de ordinalidad. Nos estamos jugando el único instrumento del que dispone la izquierda para llevar adelante un proyecto socialdemócrata. Sin un Estado fuerte, siempre sufren los más débiles.
Ya sabemos, porque así se encargan de pregonarlo los reformadores, que “las reformas no son para beneficiar a Cataluña frente al resto de comunidades autónomas”. Excusatio non petita, accusatio manifesta es el aforismo jurídico que se viene a la mente de quienes oímos esa reiterada justificación.
Los nacionalistas permanecen políticamente anclados en la frustración de la ambición estatal, por lo que seguirán alimentando la ilusión de la desaparición del Estado español. ¿Y cómo se pueden cumplir ese objetivo? Separándose drásticamente como ocurrió con la antigua URSS y con la antigua Yugoslavia o debilitando el Estado del que forman parte en función de la coyuntura política y midiendo la fortaleza en sus convicciones de quien tiene la responsabilidad del Gobierno de España.
En estos momentos, en España, estamos en la segunda de las opciones. Los independentistas catalanes ya vieron que la independencia de Cataluña por las bravas, porque ellos así lo decidieron, no va a ninguna parte. La Constitución sigue contando con recursos que lo impiden. La cárcel o la huida es el destino de quienes lo intenten.
Si no se pueden independizar bruscamente, han elegido el segundo método. Ir debilitando cada vez más al Estado del que forman parte hasta que esa debilidad se muestre incapaz de parar la separación. Estamos ante una estrategia de redimensionamiento a la baja del Estado español, cuyo horizonte penúltimo sería convertir a España en una especie de confederación o pacto entre regiones o naciones autónomas. Y de ahí, a la independencia.
Y en esas estamos. Cataluña y País Vasco atacan de nuevo. Cuanto menos competencias tenga el gobierno central, menos posibilidades de poder cumplir con su obligación de velar por la suerte de cada ciudadano español. A veces pienso que cediendo competencias, la suerte y los derechos de los españoles dejarán de ser responsabilidad del gobierno central. Si es eso lo que buscan ¿para qué se quiere seguir gobernando un país sin apenas competencias?
¿Quién nos engañaba cuando, en los años 60 y 70 del siglo pasado, gritábamos en los conciertos de Lluís Llach, de Raimon, de María del Mar Bonet o de Serrat, aquello de “Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía”? Los etarras que salieron de las cárceles españolas no querían libertad sino sangre. Nos equivocamos cuando se les amnistió. Los nacionalistas parece que tampoco era autonomía lo que pedían. También nos equivocamos, porque querían independencia. Unos y otro nos engañaron. Claro que entonces la izquierda catalana era para nosotros, el resto de demócratas progresistas españoles, el espejo en el que nos mirábamos. La izquierda catalana, entonces, era de izquierdas.




FINANCIACIÓN AUTONÓMICA ACTUAL (LIQUIDACIÓN AÑO 2023)
CANTABRIA: 4.077 EUROS/HABITANTE
LA RIOJA: 3.842 EUROS/HAB.
BALEARES: 3.842 EUROS/HAB.
EXTREMADURA. 3.808 EUROS/HAB.
CANARIAS: 3.718 EUROS/HAB.
CAST. LEÓN: 3.602 EUROS/HAB.
ASTURIAS: 3.515 EUROS/HAB.
GALICIA : 3.490 EUROS/HAB.
CATALUÑA: 3.456 EUROS/HAB.
ARAGÓN :3.396 EUROS/HAB.
MEDIA: 3390 EUROS/HAB.
MADRID. 3.363 EUROS/HAB.
CAST. LA MANCHA. 3.212 EUROS/HAB.
ANDALUCÍA 3.208 EUROS/HAB.
C.VALENCIANA: 3.141 EUROS/HAB.
MURCIA : 3120 EUROS/HAB.