Oficio de alto riesgo

Oficio de alto riesgo / Rosell

El pasado día 25 de junio el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó un decreto anticrisis que o me parece raro que cada día sean menos las personas que con un cierto nivel de preparación profesional y un coeficiente de inteligencia normal decidan dar la espalda a la política. El ejercicio institucional se ha convertido en un oficio de alto riesgo como lo ponen de manifiesto las condenas, ratificadas por el Tribunal Supremo, a los ex presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Uno, Chaves, condenado a la inhabilitación por nueve años para cargo público y otro, Griñán, condenado a pena de prisión de seis años y un día. No voy a ir por la línea ya marcada por quienes se sorprenden de que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no tuviera el más mínimo conocimiento de la corrupción en la que estaban incurriendo sus más allegados colaboradores, mientras que Chaves y Griñán deberían haber estado al tanto de las triquiñuelas que se cometieron con el subsidio por despido de algunos trabajadores de empresas en crisis. Los magistrados sabrán por qué la Justicia es a veces tan injusta, tan diferente y tan de colores.

Prefiero derivar mis reflexiones por otros derroteros que van deteriorando la vida democrática en nuestro país. A nadie le gusta que le etiqueten negativamente cuando ha decidido entregar un tiempo de su vida a poner su experiencia al servicio de su país. Antes de entrar en política serás una persona respetable, aunque formes parte de un consejo de administración de una de las seis grandes constructoras acusadas de alterar la competencia en licitaciones de obra civil, y un ciudadano sospechoso en cuanto decidas aceptar una responsabilidad institucional. No solo tendrás que enseñar los bolsillos cuantas veces sea requerido para demostrar tu inocencia, sino que tu familia tendrá que retratarse aunque no exista ningún grado de relación con tu actividad política. Y esa sospecha te acompañará toda la vida. Una absurda ley del Gobierno Zapatero, (Ley 10/2010 de 28 de abril) exige a los bancos que demuestren de dónde procede el dinero que tiene en su banco el político en activo y el que lo estuvo, y los familiares del que está activo o del retirado, que identifiquen a sus clientes y clasificarlos en función de su nivel de riesgo de blanqueo en bajo, medio o alto. La documentación que debe estar actualizada es la siguiente: IRPF, vida laboral, nómina o contrato de trabajo (en caso de asalariados), recibo de autónomos, IVA en caso de realizarse, estudiantes deberán aportar certificado del centro de estudios dónde cursen su enseñanza o en su caso la matrícula, personas sin actividad y que no hagan declaración de la Renta o no puedan presentar otros documentos, acreditación de la procedencia de los ingresos (concesión de ayudas, ingreso mínimo vital, herencias…).

A nadie le gusta que le etiqueten negativamente cuando ha decidido entregar un tiempo de su vida a poner su experiencia al servicio de su país

Y para más inri, cualquiera que quiera arruinarte la vida podrá hacerlo, como le ha ocurrido a Chaves, a Griñán y a una serie de altos cargos de los gobiernos de la Comunidad Autónoma andaluza. Es inconcebible que alguien piense que un presidente de un gobierno tiene que estar al tanto de los engaños que en una mesa de negociación se produzcan por parte de quienes negocian en nombre de trabajadores, de empresarios y de la Administración. Hay que ser un suicida para ocupar esa responsabilidad después de las sentencias sobre los presidentes Chaves y Griñán. Si un director general comete algún tipo de tropelía, no debe ser el presidente del Gobierno el que pague penalmente el desvío que ese director general ha hecho. Es posible, y así ha ocurrido con Chaves y con Griñán, que asuman su responsabilidad política por el fraude cometido por alguno de sus subalternos. Ambos dimitieron de sus cargos institucionales cuando se conoció el desvarío cometido. Pero de ahí, a que ellos hayan sido culpados penalmente por un delito que no cometieron y que era imposible que llegaran a conocer va un trecho que si se piensa seriamente conduce a un callejón por el que solo podrán circular o los muy arriesgados o los muy necesitados. No creo que ningún magistrado del Tribunal Supremo fuera a la cárcel si un secretario de su sección cometiera un fraude en connivencia con una mafia que condujera a la libertad de un miembro de esa mafia procesado por delitos de sangre o por estafas continuadas. Como es lógico, alegarían desconocimiento e imposibilidad de conocer la desviación de su subordinado.

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