¡Que no hubieran venido!
En las regiones, en las que los gobiernos autonómicos han adoptado la famosa “prioridad nacional”, se deberá articular una ley que regule la actuación de todos los servicios públicos dependientes de esos gobiernos. Será la única manera de que los funcionarios al cargo de esos servicios y negociados puedan discriminar en cada momento sin cometer ninguna irregularidad a la hora de hacer efectivo el famoso y manoseado principio.
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