Se van a cincuenta años de la muerte de Franco. Me gustaría que los demócratas fuéramos capaces de transmitir nuestros sentimientos sin revancha, cuando nos referimos a la dictadura sobrevenida del golpe de Estado del año 1936.
Han pasado seis meses desde que el Congreso de los Diputados aprobó una ley orgánica por la que se limitaba a los actos propios de la Jefatura del Estado la inviolabilidad del Rey de España. Cualquier delito cometido por el titular de la Corona española fuera de su responsabilidad institucional será juzgado de acuerdo con las leyes comunes que rigen para el conjunto de los ciudadanos.
Está claro que los independentistas desean el resquebrajamiento del régimen del 78, que basa su fortaleza en la Monarquía parlamentaria.
Estamos ante un nuevo intento de volar la Monarquía como consecuencia del discurso del Rey Felipe VI a propósito del frustrado referéndum de autodeterminación en Cataluña. Vuelven a la carga, en esta ocasión, aprovechando el testimonio de figuras poco presentables contra el anterior Rey, D. Juan Carlos I.
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Se habla con frecuencia de la necesidad de acordar un nuevo pacto constitucional para renovar acuerdos y para modificar decisiones. Se olvida o se ignora que, previo al pacto constitucional, existió otro pacto que hizo posible el anterior. Me refiero al pacto institucional, es decir, aquel acuerdo que posibilitó que la derecha aceptara un régimen democrático olvidando el autoritario; que la izquierda apostará por ese mismo sistema, olvidando la revolución y la ruptura, y que los nacionalistas vascos y catalanes aceptaran la realidad unitaria de una España democrática, descentralizada y reconocedora de los hechos identitarios, olvidando la independencia de sus respectivos territorios.
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SE HA MOSTRADO PARTIDARIO DEL DEBATE SOBRE LA REPÚBLICA
Rodríguez Ibarra ha dicho que él recomendó a Susana Díaz «estabilizar Andalucía». Sobre Madina, ha afirmado que lo conoce y que «sabe que en el árbol del PSOE hay ramas que podar».