Año 1976. El PSOE celebró su 27 Congreso en el Hotel Meliá de Madrid. Todavía no era un partido legalizado. Nadie se hubiera atrevido a enviar a la policía a interrumpir una cita a la que asistieron Willy Brant, Olof Palme, François Mitterrand y otros cuantos líderes de la socialdemocracia mundial.
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Los partidos no podrían politizar la Justicia si no contaran con cómplices dispuestos a hacer el trabajo sucio y a traicionar a sus compañeros de profesión. Ningún partido podría decir el nombre del presidente del CGPJ y del TS si no hubiera magistrados que estuvieran dispuestos a seguir las instrucciones de quienes han propuesto o van a proponer sus nombres. Cualquiera puede suponer -y supondrá acertando- que al magistrado al que se dirija el PP o el PSOE proponiéndole una vocalía del Consejo, le estará también exigiendo que vote para presidente, no a quien considere el mejor, sino al que hayan pactado los dos partidos. Si ya se sabe quién presidirá es porque se conoce que los vocales aceptarán que, a cambio de su nombramiento, perderán su independencia y acudirán como borregos a votar lo que les digan.
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