El pasado 24 de junio, el presidente y los expresidentes del gobierno de España coincidieron en un acto de celebración del trigésimo aniversario de la firma del Tratado de Adhesión a la entonces llamada Comunidad Europea. Celebración que contó con la presencia de quien, por aquel tiempo, ocupaba la jefatura del Estado, Don Juan Carlos I, y con el actual Rey, Don Felipe VI. Esa fecha se ha convertido en uno de los símbolos del imaginario español que, junto con la bandera, el himno, la divisa y la moneda única, identifican a la Unión Europea.
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La reforma que entró en vigor el pasado día 1 de julio y que fue aprobada en el Congreso de los Diputados con el voto mayoritario del PP es de gran calado y profundidad. Según los expertos, una reforma que afecta a casi el 40% del actual Código Penal, no es una reforma, es un nuevo Código.
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La revolución que supuso la aparición de Internet y su puesta a disposición para el gran público ha provocado, entre otras muchas alteraciones, el hecho de que cada día son más los trabajos que no requieren la presencia del trabajador en la oficina o en el centro de producción. Si esa tendencia sigue, y no parece que vaya a retroceder, parece un dislate el seguir planteando el sistema de relaciones laborales como si la sociedad industrial y la agraria fueran a seguir con el protagonismo que tuvieron a lo largo de los siglos pasados.
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Cualquier día en cualquier ciudad española, la sección de esquelas de cualquier medio de comunicación informa del fallecimiento de cinco o más vecinos de esos pueblos o ciudades. Habrá día en que el recuento en los tanatorios locales hablen de más de diez o de veinte fallecidos según el tamaño de la población. Como son muertos que han dejado está vida individualmente, el común de los mortales no se siente conmocionado, porque en un día cualquiera desfilen por la ciudad quince o veinte féretros camino del cementerio para recibir sepultura o de la incineradora para quemar los restos del finado.
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Son muchos los teóricos que ven en la limitación de mandatos de los presidentes autonómicos y del Gobierno de España uno de los remedios a los males que aquejan al sistema democrático español. Algún partido de la nueva hornada ha decidido que quien busque su apoyo tiene que jurar que el mandato al que aspira sólo durará un máximo de ocho años. Un importante medio de comunicación nacional editorializaba, hace unas pocas semanas, sobre la dedicación exclusiva o no de los políticos, advirtiendo de que la exclusividad debería serlo por un tiempo determinado.
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