Supongamos que no llevamos razón los que solo vemos en la ley de amnistía un pago por los votos que se necesitan para seguir en el gobierno. Supongamos que el gobierno y los partidos que lo sustentan están diciendo la verdad respecto a los fines que se persiguen con la ley.
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Recientemente, Manuel Cancio Meliá, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid y vocal permanente de la Comisión General de Codificación, escribió un artículo en un diario de tirada nacional referente al balance jurídico y político de la ley de amnistía. Su artículo concluía con la siguiente pregunta: “Pero ¿había que tirar de todo de lo que se tiró? Sin culpabilizar a nadie concretamente: la reacción del Estado, usando la fuerza y recurriendo a los instrumentos más pesados del Código Penal, fue un error. Reconozcámoslo y sigamos con nuestra vida”.
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Todos los tesoreros vivos de Convergencia Democrática de Cataluña están imputados por corrupción estructural, es decir, por exigir y aceptar pagos al partido para dar concesiones públicas a empresas privadas. La sede central del partido está embargada por dichos hechos en procesos judiciales en curso, y el número de dirigentes de dicho partido imputados en el Sumario “del 3%” y otros casos judiciales en curso es amplísimo. Todo el mundo lo sabía; en Cataluña resultaba corriente la expresión: “el 3%”, cuando se trataba de hablar con la Generalitat. Todo el mundo lo sabía y, al igual que ha pasado con otras situaciones, todo el que lo sabía lo contaba sotto voce pero lo callaba públicamente.
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El miércoles tendremos noticias fidedignas sobre la decisión que adopte Mariano Rajoy en relación con su investidura a la presidencia del Gobierno. Por lo que nos contaron él y la presidenta del Congreso de los Diputados, el Rey Felipe VI encargó a Rajoy que intentara la investidura. En esta ocasión, Rajoy parece que aceptó el encargo, aunque seguimos sin saber si, tras las entrevistas, primero con Albert Rivera, y luego con Pedro Sánchez, seguirá conversando con el resto de los grupos de la Cámara o dará por concluido el intento y pactará con la presidenta del Congreso la fecha del debate de investidura o su renuncia a continuar con el empeño.
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