Desplantar por desplantar a un Gobierno central por el capricho de sobresalir, elevándote encima de sus hombros, ni es responsable ni es rentable a la larga para los intereses del colectivo
A punto de comenzar una nueva campaña electoral. Lo menos avisados deben saber, si somos capaces de explicarlo, que en esta ocasión elegiremos a los representantes que gobernarán en los municipios y a los parlamentarios regionales que votarán presidente autonómico en casi todas las autonomías españolas.
Estoy en contra de ese código que trajo la “nueva política” y por eso estoy con los que defienden la no dimisión de alguien que solo está siendo investigado
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta y consejera de Políticas Inclusivas de la Generalitat, Mónica Oltra
Supongamos que sea cierto. Supongamos que damos por buena la defensa de su conducta que hace Mónica Oltra, vicepresidenta del gobierno de la Comunidad Autónoma de Valencia. Aceptemos que su imputación es consecuencia de un complot urdido por la extrema derecha, por la fiscalía valenciana, por el Tribunal Superior de Valencia, por determinada prensa que le tienen ganas, por una menor que nunca fue víctima por agresión sexual de quien fue marido de la imputada. Supongamos que todas esas cosas y algunas otras que se nos escapen han puesto en el disparadero a una política decente. Supuesto todo eso, se demostraría lo sencillo que resulta truncar la carrera de cualquier político. Bastaría una denuncia de alguien contra un cargo público, un fiscal que acuse y un juez que abra una investigación y ¡se acabó!
Si Colau quiere dinero, que lo pida a la banca / Rosell
El diputado canario, Alberto Rodríguez, procedente de las filas de Podemos, resultó condenado por pegar una patada a un policía. Independientemente de lo justo o injusto de la sentencia judicial por la que ha sido condenado a cinco meses de cárcel eludible con el pago de una multa, el diputado ha sido obligado a abandonar su escaño por inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. El alboroto producido no ha sido por la condena de cárcel que, tras pagar la multa, el diputado parece haber aceptado, sino por la interpretación que la presidenta del Congreso ha dado a la sentencia, obligando al diputado a dejar su escaño.
No resultaría extraño que quienes se autocalifican de izquierdas no tengan inconveniente en unir a la barrera económica la barrera lingüística
El coordinador nacional de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Pere Aragonés, y el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián.
La semana pasada los gobiernos autonómicos del PP anunciaron que no aplicarán la ley que permite pasar de curso sin importar los suspensos.
Por esas mismas fechas, la vicesecretaria nacional de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán, aseguró que su partido no va a aplicar «las medidas más lesivas» de la ley Celaá en las comunidades autónomas en las que gobierne. Beltrán calificó la nueva Ley de Educación de «sectaria e ideológica» porque «está escrita con la mano de Iglesias y Rufián«. Y alguien tan aparentemente moderado como Alberto Núñez Feijóo anunció, que, en contra de lo que establece la Lomloe, no otorgará el título de Bachillerato con asignaturas suspensas ni el de ESO con más de dos sin aprobar.
